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Parana » Informe Digital
Fecha: 28/11/2025 05:16
Paraná La Cámara de Casación Penal deresolvió declarar mal concedidos los recursos presentados por los abogados defensores de los imputados en la causa de los contratos truchos legislativos; por ello el expediente vuelve al Juzgado de Garantías para proseguir la audiencia de remisión a juicio del que se considera el mayor desfalco a la administración pública registrado en la provincia. Los recursos de Casación —que habían sido concedidos previamente por la vocal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castagno— se dirigían contra una resolución de esa misma jueza, en la que los defensores de los numerosos imputados buscaban la revisión de decisiones tomadas por la jueza Marina Bargabelatta: pidieron “exclusiones probatorias, nulidad del requerimiento de remisión a juicio, nulidad de acusación, pedidos de subsanación de defectos de la acusación; amén de pedidos de sobreseimiento instados en consecuencia”, dice la resolución a la que accedió ANÁLISIS. Las defensas sostuvieron que esos rechazos lesionaban o restringían derechos fundamentales, por vicios que configuraban “vulneración de garantías constitucionales y convencionales de los imputados, tales como la defensa en juicio y debido proceso”. La Cámara de Casación, integrada por Marcela Davite, Marcela Badano y Gustavo Pimentel, concluyó que no existía un gravamen irreparable que justificara la revisión de esos planteos en esta instancia judicial. El Tribunal consideró que las cuestiones planteadas son “incidencias propias de la etapa intermedia”, cuya finalidad es el control del mérito de la acusación y la depuración de los elementos de convicción antes del juicio. Señaló que cualquier perjuicio alegado aún puede ser reparado en la instancia del debate. Además, los camaristas remarcaron que el sistema recursivo permite el cumplimiento del doble conforme, una garantía destinada a reducir las posibilidades de error, y recordaron que la decisión ya había sido confirmada en dos instancias previas: la jueza de Garantías y la vocal de Apelación. El Tribunal subrayó que los procesos acusatorios modernos exigen que la discusión sobre la admisibilidad de la prueba se plantee, a más tardar, en la audiencia de remisión a juicio, con el fin de garantizar “la preparación de un juicio limpio y ágil”. Finalmente, la Cámara resolvió que “no advirtiéndose la existencia de elementos con tal entidad que ameriten el adelantamiento de la jurisdicción casatoria a una resolución no definitiva”, corresponde “declarar mal concedidos los recursos de casación”. Ahora, tras numerosas dilaciones provocadas por recursos presentados por las defensas durante esta etapa de remisión a juicio —iniciada en abril y cuya conclusión se esperaba en septiembre—, el expediente retornará al Juzgado de Garantías para continuar con las audiencias y definir si el caso llegará finalmente a juicio oral. Detalles de la investigación y una instancia truncada En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, cometida entre 2008 y 2018. Según la investigación fiscal, las maniobras para el desfalco se concretaron mediante “contratos truchos” legislativos, en las que intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables y ciudadanos ajenos a las estructuras del Estado encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otras acciones. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas terminó en inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias. La instancia de elevación a juicio comenzó en abril pasado y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la elevación a juicio en 2021, tras una investigación de tres años. Los fiscales a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo, en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, quienes representan a Jorge De Breuil. Cullen, además, defiende a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani. De los 32 imputados inicialmente incluidos en el legajo quedaron 18: 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. Así, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también figuran como imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider. A mediados de abril, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
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