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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 28/11/2025 03:15
En Argentina quedan cerca de 250 yaguaretés distribuidos entre la Selva Paranaense, los Esteros de Iberá, las Yungas y el Gran Chaco La desaparición de Acaí, la yaguareté reintroducida en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco) —de la que se perdió rastro el 25 de octubre de 2025— volvió a poner en evidencia la fragilidad extrema de la especie en la Argentina. Mientras sigue su búsqueda (aunque, presumen, fue muerta por cazadores), la Administración de Parques Nacionales (APN) valuó el daño ambiental causado por este solo espécimen en casi $ 2.700 millones y la Justicia analiza una recompensa para avanzar con la investigación. El caso, en tanto, reabrió una pregunta urgente: si matar un yaguareté es un delito, ¿por qué el sistema penal rara vez logra una condena? Para tratar de contestar esta pregunta, la siguiente investigación periodística —elaborada en el Data Journalism Visualization Bootcamp del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), con apoyo de la Embajada de Suiza en la Argentina— reconstruyó, por primera vez, los expedientes del yaguareté a partir de un pedido de acceso a la información pública y de múltiples fuentes relacionadas con el tema. Entre todos los casos relevados, la única excepción a la impunidad —y el único antecedente conocido en nuestro país— ocurrió en agosto de 2025, cuando cuatro hombres fueron condenados a dos años de prisión por cazar y carnear a un felino en un campo de Ibarreta (Formosa). Se trata de Máximo Cisneros, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León. Según relataron, actuaron en represalia después de que el animal matara una vaca lechera y se acercara de forma amenazante a ellos. En el juicio admitieron el hecho y negaron ser cazadores furtivos. “Nunca supimos que el yaguareté era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir: era la vida del bicho o la nuestra”, dijo Claudio Cisneros, días antes, en un reportaje con Infobae. La condena a dos años de prisión a los cuatro cazadores de yaguareté de Ibarreta (Formosa) marcó un antecedente en la justicia argentina Si bien se trató de una sanción histórica, también fue un episodio aislado. Antes de este caso hubo decenas de causas similares que se perdieron en el camino: entre 2010 y 2023 la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), la fiscalía federal creada en 2006 para perseguir delitos que afectan el medio ambiente en todo el país, abrió 46 investigaciones preliminares vinculadas al yaguareté. Desde la Red Yaguareté, ONG fundada en 2001 dedicada a la conservación del felino, sin embargo, aseguran que el número real es mayor: la organización sigue más de 75 casos y sospecha que muchos otros nunca llegaron a judicializarse. Un análisis del recorrido judicial de esos expedientes muestra que la caza se concentra en el norte del país —con Salta (6 casos), Formosa (4) y Misiones (2) a la cabeza—, mientras que la comercialización de pieles aparece con fuerza en Buenos Aires (8) y CABA (3), es decir, donde está el mercado. Otro dato relevante: tres de cada diez causas corresponden al delito de caza y, de ellas, casi la mitad terminó archivada. ¿Los motivos? Falta de pruebas; dificultad para identificar a los responsables; versiones contradictorias sobre el hecho o prescripción por el paso del tiempo. Los pocos casos donde hubo sanción —al menos dos por tenencia de cueros de yaguareté— fueron de carácter administrativo y no penal, impuestas por organismos ambientales y no por la Justicia Federal, lo que probablemente reforzó la percepción de que el delito podía “arreglarse” con dinero. “Nunca supimos que el yaguareté era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir: era la vida del bicho o la nuestra”, dijo uno de los condenados ¿Qué camino hacen las denuncias? Todo empieza con una investigación preliminar. Se trata de la etapa inicial que realiza la UFIMA para comprobar si un hecho vinculado a la desprotección del yaguareté podría constituir un delito ambiental. En esta fase se recolectan pruebas y, si hay evidencia suficiente, se da intervención al Poder Judicial —según la jurisdicción que corresponda— para su trámite como causa penal. Sin embargo, se desconoce el estado actual de muchos expedientes, porque no hay información sobre su avance o resolución. Un ejemplo es la causa iniciada en 2020 por presunta caza de yaguareté en el río Bermejo, que —según se pudo constatar— aún continúa “en trámite”. La trastienda judicial de los delitos ambientales La protección de la fauna silvestre es una actividad de importancia crítica en la Argentina. Según el fiscal Ramiro González, titular de la UFIMA, desde la creación del organismo, hace casi dos décadas, el 42% de las investigaciones preliminares que llevan adelante están vinculadas a delitos que afectan a especies autóctonas y protegidas. “Nuestro trabajo no solo busca sancionar, sino también proteger bienes colectivos”, resume. De acuerdo con González, la mayoría de las investigaciones por presuntas caza de yaguareté o tenencia de cuero del animal se inician a partir de denuncias de ciudadanos o de organizaciones ambientalistas, como Red Yaguareté, que aportan información clave. Si bien el auge de las redes sociales facilitó la detección de casos (muchas personas comercializan especies o suben fotos de caza a Facebook a modo de “trofeo”) no siempre es sencillo dar con los responsables. “Los usuarios suelen operar con nombres de fantasía y solo se puede requerir información mediante un oficio judicial firmado por un juez”, dice el fiscal. Una vez que la UFIMA logra reunir pruebas suficientes, la investigación preliminar puede derivar en una causa judicial. “No hay un tiempo estimado: intentamos judicializar los casos lo antes posible, pero para ello es necesario contar con una denuncia sólida que contenga suficientes elementos probatorios”, dice González. Las principales limitaciones antes de llegar a esa instancia están vinculadas a la dificultad de obtener evidencias contundentes. “Durante la investigación preliminar solo podemos realizar medidas informativas o de fiscalización. Para avanzar con allanamientos o imputaciones formales es necesario que la causa esté judicializada”, dice el fiscal. Cuando el expediente pasa al ámbito judicial, la UFIMA deja de intervenir. “Solo realizamos el seguimiento con fines estadísticos y de análisis”, dice González. En este contexto, el fallo de Ibarreta en Formosa constituyó un avance histórico en la judicialización de delitos contra la fauna silvestre en la Argentina, pero ¿es suficiente? ¿En qué medida la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna (sancionada en 1981) responde a los estándares actuales de protección de biodiversidad y derechos ambientales? “Sería necesario incrementar las sanciones y agravar la figura de la caza cuando se trata de un yaguareté”, sostiene el titular de la UFIMA. Según González, una persecución más efectiva del delito ambiental requiere de una reforma integral: incorporar tipos ambientales al Código Penal; crear juzgados especializados, y fortalecer la coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos ambientales, entre otras cuestiones. “La pérdida de especies no es un daño menor: afecta directamente a los ecosistemas y a la calidad de vida de todos”, concluye. El yaguareté está protegido por dos leyes nacionales: la 22.421 establece penas de prisión por su caza; la 25.463, que lo declara Monumento Natural Nacional, no fija sanciones Leyes que lo protegen Matar yaguaretés es ilegal en todo el país y se castiga con penas privativas de la libertad. La Ley N° 22.421 de Conservación de la Fauna establece, en el artículo 25, entre cuatro meses y tres años de prisión para quien cace animales protegidos, además de la inhabilitación para el uso de armas de cinco a diez años. En los hechos eso se traduce en penas leves que, en la mayoría de los casos, terminan en suspenso. Si bien hubo varios intentos por actualizar esta normativa, ninguno prosperó. Tras la mediatización del caso de Ibarreta y el fallo de Formosa, que marcó un precedente en la Justicia argentina, el diputado nacional del PRO, Damián Arabia, presentó un proyecto que —aunque no reforma la normativa en su conjunto— busca endurecer las penas por caza de yaguareté: las eleva a un rango de cuatro a ocho años de prisión, lo que implicaría el cumplimiento efectivo en todos los casos. En el plano judicial hay, también, una causa clave que sigue abierta: la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en trámite un amparo judicial presentado por Greenpeace en nombre y representación del yaguareté, para exigir la protección de su territorio y hábitat en el Gran Chaco. La demanda alcanza a las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero y, aunque fue admitida, su avance permanece prácticamente detenido desde 2019. Según explicó el abogado ambientalista Enrique Viale, el planteo busca mayores garantías para la supervivencia de la especie en una región donde quedarían apenas alrededor de veinte ejemplares. En paralelo, hay avances concretos en la conservación de la especie: Rewilding Argentina trabaja en la reintroducción del Panthera onca en áreas donde había desaparecido, como los Esteros del Iberá (Corrientes) y el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco) mediante la cría de cachorros, la restauración del hábitat y corredores biológicos, con seguimiento por collares satelitales y cámaras trampa. En Misiones, además, el Ministerio de Ecología y el Instituto Misionero de Biodiversidad impulsan un programa para reducir atropellamientos de fauna silvestre en rutas mediante señalización y controles de velocidad, una medida clave en una provincia que registró varios yaguaretés muertos por colisión vehicular. En 2023, la urgencia llevó a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la ONG Red Yaguareté a presentar en forma conjunta una acción de amparo ambiental para exigir medidas efectivas de prevención, entre ellas sistemas de identificación vehicular, portales con paneles luminosos que informen velocidades máximas, radares, fotografías para exceso de velocidad y cobro de las multas. En todos los casos, el objetivo de fondo es que la especie vuelva a ocupar su rol de rey de los depredadores y contribuya al equilibrio del ecosistema. Pero sobre todas las cosas, evitar que el yaguareté se extinga en la Argentina. *Para leer la investigación completa y acceder a su visualización, clic acá. Créditos. Investigación periodística: Florencia Illbele. Diseño: Guadalupe Pesqueira y Jésica Oldani. Ilustración: Trabajadas con inteligencia artificial en base a fotografías de Greenpeace, Fundación Vida Silvestre, Facebook, La Voz de Misiones y una captura de videollamada. Análisis de datos: Ignacio Suárez. Programación: Cristhian Rodrigo Sosa Zurita. Mentoría: Mariana Trigo Viera. Liderazgo de DJV Bootcamp: Irene Benito. Supervisión de FOPEA: Amelia Corazza (directora ejecutiva) y Paula Moreno Román (presidenta). Coordinación de Comunicación: Sol Clemente.
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