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Parana » El Once Digital
Fecha: 26/11/2025 23:31
El Gobierno decidió avanzar a fondo con su reforma laboral y fijó una fecha concreta: el 9 de diciembre enviará al Congreso el proyecto que forma parte del paquete legislativo elaborado en el marco del llamado Consejo de Mayo. Ese cronograma fue ratificado tras una nueva reunión que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con los integrantes del cuerpo consultivo. El encuentro se realizó en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada y se extendió desde media mañana. Allí se repasaron los principales puntos del borrador y se dejó en claro que, pese a las diferencias, la Casa Rosada no modificará sus tiempos. Según trascendió, el equipo del presidente Javier Milei ya tiene un texto muy avanzado que, en los próximos días, será puesto a circular entre los actores del diálogo político, sindical y empresario. La idea oficial es incorporar algunos aportes surgidos en las discusiones, pero mantener la estructura general que diseña el Ejecutivo. En paralelo, el Gobierno resolvió que otros temas sensibles, como la reforma previsional y una eventual actualización de la Ley de Coparticipación, no formen parte de los diez puntos del Pacto de Mayo. Esos debates se postergarían para una etapa posterior, cuando el Presidente considere que hay condiciones políticas para abrirlos. Quiénes se sentaron a la mesa y qué se discutió En la reunión participaron: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, en nombre del Poder Ejecutivo; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, como representante de las provincias; Carolina Losada, senadora, en representación de la Cámara alta; Cristian Ritondo, diputado, por la Cámara baja; Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, como voz de la CGT; y, Martín Rappallini, presidente de la UIA, en representación del sector empresario. El clima fue de discusión intensa pero sin ruptura. La CGT, a través de Martínez, reiteró sus objeciones a varios puntos del borrador. Los empresarios, por su parte, insistieron en la necesidad de flexibilizar reglas para promover el empleo privado y reducir costos laborales. El Gobierno se mostró decidido a avanzar, pero repitió que está dispuesto a escuchar sugerencias. Sin texto consensuado, pero con un rumbo definido Al término del encuentro, el diputado Cristian Ritondo fue claro: todavía no existe un documento final acordado entre todos los sectores. “No está el proyecto definitivo. Hay diferencias: desde la UIA lo quieren de una manera y desde la CGT de otra. Nosotros tratamos de mediar para que haya una modernización laboral que signifique una oportunidad para un montón de trabajadores que hoy no encuentran un trabajo formal”, sostuvo. El legislador describió el rol del Consejo de Mayo como un espacio consultivo: “Somos un organismo consultor. Hemos traído propuestas y el 9 de diciembre sacaremos pulido casi todo lo que hemos presentado. Seguramente no todos vamos a estar de acuerdo al 100%, pero tendremos un producto de lo que hemos trabajado durante el año”, señaló. En paralelo, fuentes oficiales ratificaron la decisión política de seguir adelante: “Nos gustaría tener un diálogo más aceitado con todos los sectores. De igual forma, se reciben los comentarios, pero el Ejecutivo tiene su propio proyecto”, remarcaron. Es decir, el Gobierno escucha, pero no ata el futuro de la reforma a un consenso pleno entre sindicatos y empresarios. Cómo está estructurado el proyecto de reforma laboral El capítulo laboral del paquete de leyes está dividido en varios ejes temáticos, que abarcan tanto la organización del trabajo como el financiamiento del sistema sindical y empresario. Entre los puntos relevados se destacan: -Ultraactividad de los convenios colectivos. -Relación entre convenios generales de actividad y convenios por empresa. -Cargas fiscales y costos asociados al empleo. -Peajes y mecanismos de financiamiento de sindicatos y cámaras empresarias. -Derechos colectivos y regulación de la conflictividad laboral. Normas sobre trabajo individual. -Régimen para trabajadores autónomos. -Democracia sindical. -Disposiciones complementarias. Dentro de ese marco general, aparecieron algunas definiciones sobre jornada laboral, salarios, pago en moneda extranjera, cargas sociales y derecho a huelga. Son los elementos que, según admiten desde el propio Gobierno, ya tendrían un formato bastante definido, más allá de cambios de redacción que puedan surgir en el Congreso. Jornada laboral y banco de horas: qué se propone Uno de los cambios más relevantes que trae la reforma laboral es la idea de formalizar, de manera extendida, el llamado banco de horas. Se trata de un esquema de flexibilidad que permite a las empresas y a los trabajadores administrar de otra forma las horas extra. En términos sencillos, el banco de horas funciona como una “cuenta” en la que el trabajador acumula las horas trabajadas de más respecto de la jornada pactada. En lugar de cobrarlas con el recargo habitual del 50% o 100%, esas horas pueden compensarse con: -días libres completos, o -jornadas reducidas, en momentos en los que la actividad baja, sin que eso implique una rebaja salarial. Para usar este esquema, el proyecto prevé que: -esté habilitado por el convenio colectivo, -o por un acuerdo individual, -o directamente por la Ley de Contrato de Trabajo, y que se fijen topes mensuales o anuales claros. Como referencia, se menciona el principio de no exceder las 48 horas semanales y de respetar un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas. El empleador debería documentar de manera precisa las horas acumuladas y su compensación, a través de sistemas de control de asistencia o registros similares. Si el trabajador no llega a usar el saldo dentro del plazo acordado, la normativa tendrá que definir si ese tiempo se paga como hora extra o se pierde. Los especialistas señalan que lo deseable sería mantener siempre el carácter de “hora extraordinaria” y, por lo tanto, abonarla si no se compensa. El modelo no es una novedad absoluta: ya funciona, con distintas variantes, en países como España, Brasil, Chile, Grecia, Francia, Canadá y Australia. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha marcado, en distintos informes sobre América Latina, que los mecanismos de flexibilidad pueden ser positivos si se aplican con límites estrictos, controles claros y acuerdos voluntarios. Sin embargo, advierte que, sin controles, pueden derivar en abusos, jornadas muy largas, pérdida de descanso y problemas para conciliar trabajo y vida familiar. Por eso, la recomendación general de la OIT es que cualquier banco de horas respete los topes legales (48 horas semanales, 12 horas de descanso entre turnos) y que el tiempo libre compensatorio se otorgue en un plazo razonable, sin acumulaciones indefinidas. Convenios por empresa y salarios “dinámicos” Otro capítulo central de la reforma laboral apunta a redefinir cómo se negocian los salarios y las condiciones de trabajo. El Gobierno busca darle prioridad a los convenios colectivos por empresa y, al mismo tiempo, impulsar un esquema de salarios dinámicos, atados a la productividad y al mérito. Hoy, la lógica predominante se basa en grandes paritarias nacionales por actividad. El oficialismo sostiene que ese esquema no refleja la realidad de todas las regiones ni de todas las empresas, sobre todo de las pymes. Por eso, propone que cada firma pueda negociar su propio convenio con el sindicato que la represente, con validez prioritaria frente al acuerdo general de la rama. Esos convenios por empresa seguirían siendo colectivos, es decir, no se trataría de acuerdos individuales entre empleador y trabajador, sino de negociaciones formales con presencia sindical. El rol del Estado pasaría a ser menos intervencionista y más arbitral, con el objetivo declarado de equilibrar la viabilidad empresarial con la mejora de los salarios. Al mismo tiempo, el proyecto incorpora la idea de un plan de incremento salarial dinámico. En lugar de que los aumentos se definan sólo para compensar la inflación, se los vincularía al desempeño del trabajador y a la rentabilidad de la empresa. Según este enfoque, cuando la inflación se modera, las paritarias deberían enfocarse en otras variables, como productividad y resultados. Cómo sería la nueva lógica salarial En el esquema tradicional, los convenios fijan “mínimos convencionales” para cada categoría. A partir de esos montos, las empresas pueden pagar por encima, pero siempre respetando escalas comunes. La reforma laboral plantea dos variantes posibles: -Que el mínimo se convierta, en los hechos, en un “tope de referencia”, y que los aumentos se otorguen dentro de una banda en función de la productividad. -Que exista una banda salarial con mínimos y máximos, y que el salario de cada trabajador se ubique dentro de esos valores, según su rendimiento y responsabilidades. En ambos casos, habría más margen para que cada empresa reconozca salarios diferenciados en función del desempeño. Desde el punto de vista de muchos gremios y laboralistas, esto podría implicar un cambio estructural en la forma de remunerar el trabajo. Críticas sindicales: fragmentación y pérdida de solidaridad Los sindicatos advierten que este modelo fragmenta la negociación colectiva y debilita su capacidad de defender escalas comunes de salarios y condiciones de trabajo. Entre los principales temores que señalan se encuentran: -debilitamiento de los convenios de actividad, -pérdida del principio de solidaridad entre trabajadores de una misma rama, -mayor presión sobre los empleados para aceptar condiciones atadas a productividad, -posibilidad de arbitrariedad en la evaluación del mérito individual. Para la CGT, detrás del concepto de “mérito” puede esconderse una herramienta para flexibilizar derechos históricos y trasladar más riesgos al trabajador. Pago de salarios en dólares y otras monedas La reforma laboral también abre la puerta de manera más explícita al pago de salarios en moneda extranjera, especialmente en dólares. El argumento central se basa en el principio de autonomía de la voluntad: si trabajador y empleador acuerdan remunerar en dólares, y eso resulta más favorable para el trabajador, no habría restricciones para hacerlo. De hecho, en la práctica ya existen sectores donde parte del salario se pacta de esa forma. La experiencia reciente de la economía argentina mostró que el dólar funcionó como resguardo frente a la inflación. Por eso, en el proyecto se presenta la moneda extranjera como una vía para proteger mejor el carácter alimentario del salario y preservar su poder de compra. Quedará para la reglamentación y la práctica definir cómo se traducirán esos salarios en pesos a la hora de cumplir con aportes, contribuciones y demás obligaciones legales. Incentivos al empleo registrado y blanqueo laboral Dentro de las medidas de fomento al empleo, el borrador retoma ideas ya presentes en un primer proyecto difundido a fines de 2024. Allí se proponía la creación de un bono de crédito fiscal para nuevas contrataciones registradas. Las características generales serían las siguientes: -El beneficio se activaría por cada nueva relación laboral durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley. -El porcentaje del crédito dependería del tamaño de la empresa, aplicado a las contribuciones patronales al SIPA: -microempresas: 100% de las contribuciones durante los primeros 12 meses; -pequeñas: 75%; -medianas: 50%; -grandes: 25% durante los primeros 12 meses. -Los bonos serían intransferibles y podrían usarse durante 24 meses para cancelar tributos nacionales. -No podrían aplicarse a deudas anteriores a su emisión. -Los saldos a favor no generarían reintegros ni devoluciones. Según explicó Daniel Pérez, integrante de la Mesa de Impuestos de la UIA, luego de conocerse estos lineamientos el tema ingresó en una etapa de mayor discreción. El motivo: se están ajustando detalles y buscando apoyos para que el texto final llegue al Congreso con el mayor respaldo posible. Derecho a huelga y servicios esenciales: nuevo esquema de cobertura La regulación del derecho a huelga es otro de los puntos sensibles del proyecto. Según trascendió, la iniciativa establecería un nivel mínimo de cobertura de servicios durante las jornadas de paro. En el caso de los servicios esenciales, la propuesta habla de garantizar una cobertura del 75%. En esa categoría se incluirían, entre otros: -salud, -educación, -telecomunicaciones, -aeronáutica comercial y control del tráfico aéreo, -transporte marítimo y fluvial, -transporte de combustibles. A su vez, se crearía una categoría nueva de “actividades o servicios de importancia trascendental”, con una cobertura mínima del 50% durante las medidas de fuerza. Allí entrarían, según lo que se conoció hasta ahora: -distintos servicios de transporte, -varias ramas industriales, -actividad bancaria, -actividad gastronómica, -producción de alimentos, -servicios de radio y televisión. Los sindicatos consideran que este esquema podría vaciar de contenido las huelgas, al obligar a mantener gran parte del servicio operativo. El Gobierno, en cambio, argumenta que se busca proteger a la población y evitar que los conflictos laborales paralicen funciones básicas del país. Qué pasa con vacaciones, licencias y otros derechos En los trascendidos oficiales, se mencionan también posibles ajustes en materia de vacaciones y licencias, aunque esos puntos aún no fueron detallados públicamente. Distintas versiones señalan que podrían revisarse los plazos y modalidades de otorgamiento, con la intención de ordenarlos en función de la productividad y de las necesidades de cada sector. Por ahora, no hay un texto disponible que permita conocer con precisión el alcance de esos cambios. Se espera que el borrador que circule antes del 9 de diciembre incluya un capítulo específico sobre licencias ordinarias, extraordinarias y vacaciones, lo que será seguido de cerca por abogados laboralistas y organizaciones sindicales. Un proyecto en el centro del debate político y social La reforma laboral se ubica en el corazón del programa de Javier Milei para rediseñar el marco regulatorio del trabajo en la Argentina. Forma parte de un paquete más amplio de reformas económicas, tributarias y penales que el Gobierno viene anunciando ante empresarios, gobernadores y organismos internacionales. El oficialismo sostiene que estas medidas son necesarias para: -reducir la litigiosidad laboral, -bajar costos para las empresas, -incentivar la contratación formal, -acercar el marco legal argentino a experiencias de otros países. Del otro lado, la CGT y numerosos especialistas en derecho laboral alertan sobre un posible retroceso en materia de derechos, la fragmentación de la negociación colectiva y el riesgo de consolidar empleos más inestables y con menores garantías. Lo que viene: del Consejo de Mayo al Congreso Con el envío del proyecto el 9 de diciembre, la discusión se trasladará al Congreso. Allí comenzará una nueva etapa, en la que los distintos bloques deberán definir si acompañan, modifican o rechazan la iniciativa. El Gobierno apuesta a sumar el apoyo de gobernadores y de una parte de la oposición dialoguista para aprobar el núcleo central de la reforma laboral. Los sindicatos, en cambio, ya anticipan que se movilizarán para frenar los artículos que consideren lesivos para los trabajadores. Entre el reclamo por más empleo formal y el temor a la pérdida de derechos, la discusión promete ser uno de los grandes ejes del cierre del año político y del arranque del próximo período legislativo. (Con información de IProfesional-La Nación)
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