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» Diario Cordoba
Fecha: 26/11/2025 22:56
El Gobierno ha logrado acordar con los sindicatos un calendario de subidas de los salarios para los funcionarios hasta 2028. El Ejecutivo se compromete a incrementar las nóminas públicas un 4,5% hasta 2026 y alcanzar una subida acumulada del 11% hasta 2028, según explican distintas fuentes sindicales. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha mejorado su oferta para los dos primeros ejercicios, garantizando que los sueldos subirán a un nivel muy similar a la inflación esperada y logrando así convencer a los sindicatos Csif y UGT, mientras CCOO se abstiene y meditará si se suma a un acuerdo que se firmará en un acto público este próximo jueves al mediodía. "Supone un gran avance para los servidores públicos y también garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos hasta 2028", han valorado desde el Ministerio. Tras casi cuatro horas de conversaciones, Función Pública ha podido cerrar un nuevo acuedo para revalorizar los salarios de más de tres millones de empleados públicos de toda España. El pacto cierra el calendario de subidas a cuatro años y se exitende hasta la próxima legislatura, ya que en 2027 está previsto que hayan elecciones generales. El principal escollo durante estas semanas de negociaciones ha sido la distribución de ese 11% que acabarán cobrando de más los funcionarios. Las diferencias internas dentro de CCOO han alargado esta última reunión y han forzado a la central a no significarse tras la misma. La distribución, si se cumplen las nuevas variables dispuestas, sería la siguiente: 2025: +2,5% 2026: +2% 2027: +4,5% 2028: +2% Las limitaciones presupuestarias que se ha autoimpuesto Hacienda para cumplir con el techo de gasto coartaban la posibilidad de revalorizar sueldos a corto plazo, ello condenaba a los funcionarios a perder poder adquisitivo y dificultaba que los sindicatos accedieran. Según las estimaciones de Csif, el incremento acumulado dejaría una revalorización neta del 11,4%. Variables de fácil cumplimiento Finalmente, desde el Ejecutivo se ha optado por una fórmula imaginativa, ligada a variables. El incremento para este año, con efectos retroactivos a 1 de enero, será del 2,5% y se abonará en una 'súper paga' de Navidad, a percibir en diciembre junto a la 'extra'; al menos para los empleados de la Administración General del Estado. Y para el año 2026 habrá una subida fija del 1,5%, al que se podrá añadir otro medio punto, hasta el 2%, si se cumple una variable de asequible logro. Si el IPC del año que viene es del 1,5% o superior, Función Pública deberá abonar ese medio punto extra y deberá hacerlo durante el primer trimestre de 2027. Actualmente, la inflación media ronda el 3% y las estimaciones para el año que viene oscilan entre el 1,8% y el 2,3%, según la casa de estudios. El ministro Óscar López logra casar así las exigencias de contricción de Hacienda y las demandas sindicales, que no querían ver como los salarios públicos perdían poder adquisitivo a corto plazo, aunque luego tuvieran garantía de que recuperarían ese déficit en los dos ejercicios sucesivos. Según la última propuesta aceptada por las centrales y si se cumple esa variable, el calendario de subidas sería: 2,5% para 2025, 2% para 2026, 4,5% para 2027 y 2% para 2028. Si no se cumpliera la variable incluida en la última oferta y la inflación de 2026 fuera inferior al 1,5%, ese medio punto adicional se movería a 2027, es decir, el esquema quedaría de la siguiente manera: 2,5% para 2025, 1,5% para 2026, 5% para 2027 y 2% para 2028. Actualización inmediata El Gobierno se ha comprometido a dar cumplimiento al acuerdo de manera inmediata. Para ello, deberá aprobar un real decreto ley en los próximos días que le de margen para tramitar la actualización de nóminas y abonar ya en la paga de diciembre, como ha trasladado a los sindicatos, de los atrasos relativos al ejercicio 2025. Y es que desde principios de año que las nóminas en la Función Pública están congeladas. Ese real decreto lo deberá convalidar al mes siguiente una mayoría de partidos en el Congreso o decaerá. Ya para el resto de compromisos la coalición deberá ser capaz de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) o reeditar la fórmula del real decreto ley y cuadrar posteriormente las partidas de gasto. "Para Csif ha sido clave que el acuerdo recoja, a nuestra propuesta, mejoras en permisos, acción social, prestación sanitaria del mutualismo administrativo, jubilaciones de clases pasivas y que las revisiones de los complementos por residencia así como las indemnizaciones por razones de servicio se revisen al alza el próximo año", han declarado desde el sindicato. "Es un gran acuerdo, garantiza el poder adquisitivo, se termina con la tasa de reposición y las ofertas públicas de empleo se ejecutarán en un año", ha valorado la portavoz de UGT, Isabel Araque.
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