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» Diario Cordoba
Fecha: 26/11/2025 03:42
La condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado trae de nuevo una polémica que debería ser estéril en un Estado democrático de derecho. La crítica a una resolución judicial sin ser jurista parece ahora una afrenta mayor que manifestarse acompañado de símbolos anticonstitucionales. El asunto puede parecer menor frente a lo sustancial del procesamiento y condena a Álvaro García Ortiz, pero viene a atacar uno de nuestros principios fundamentales, la libertad de expresión como mecanismo de control ciudadano sobre los poderes públicos. Estaría bien recordar que, en democracia, el poder reside en el pueblo. Es el pueblo quien, mediante elecciones, otorga legitimidad a los poderes del Estado, de forma directa como con el legislativo o indirecta como sucede con el Poder Judicial, que se integra en una estructura institucional surgida del voto. Así que alguien me podría explicar por qué quienes sostenemos la legitimidad del sistema debemos abstenernos de opinar sobre sus decisiones más controvertidas. Algunos quieren expulsarnos de ese derecho, pero a la vez nos vemos obligado a juzgar en determinados contextos. En los jurados populares estamos llamados a valorar pruebas, interpretar hechos y dictar veredictos que afectan a la vida de otras personas. ¿Somos suficientemente responsables para decidir sobre la libertad o culpabilidad de un acusado, pero no para debatir un fallo ya emitido por un órgano judicial? Existe cierta confusión entre proteger la independencia judicial y blindarla frente a la crítica democrática. Cuestionar razonadamente una sentencia, en este caso sólo el fallo porque aquí opera en dos tiempos, para generar más seguridad jurídica debe ser, o expresar desacuerdo forma parte indispensable del hecho democrático. La democracia no exige silencio; exige responsabilidad. La crítica argumentada fortalece la justicia, porque obliga a las instituciones a ser más transparentes, y más responsables de sus decisiones. Lo peligroso sería que dejáramos de hacerlo porque entonces, más que un Estado de derecho, tendríamos un sistema en el que al pueblo dueño de la soberanía, se le vetará una parte del poder, el judicial. El Consejo General del Poder Judicial en España estuvo más de cinco años sin renovarse, con un poder caducado, los jueces y magistrados se manifestaron este verano ante proyectos legislativos de reforma de la carrera judicial todavía no aprobados como ley, y ¿nosotros no vamos a poder expresarnos sobre sus acciones? Opinamos, sí, y a veces también juzgamos porque nos obliga la ley. Lo del Estado de Derecho sin democracia se quedó más bien en el siglo XIX. *Politóloga
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