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Concordia » Hora Digital
Fecha: 24/11/2025 08:47
El sindicato docente advierte sobre una iniciativa nacional que busca modificar la Ley de Educación y critica las políticas provinciales que afectan la estabilidad laboral y el financiamiento educativ El Gobierno nacional está trabajando en un proyecto de ley denominado “libertad educativa”, que establece como principio “el derecho de toda persona a enseñar y a aprender conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos, con sujeción al orden jurídico y al respeto de los derechos fundamentales”, según informó el diario La Nación. De aprobarse en el Congreso, esta iniciativa derogaría la actual Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. Si bien el proyecto se centra en la educación básica, que abarca los niveles inicial, primario y secundario, también incluye modificaciones en normativas universitarias. Entre sus propuestas, habilita la educación en el hogar (homeschooling), la publicación de evaluaciones institucionales y cambios en el financiamiento educativo. El texto otorga a las familias un mayor poder de decisión para elegir la oferta educativa para sus hijos, definiéndolas en el primer artículo como “el agente natural y primario de la educación de los hijos”. Asimismo, redefine al sistema educativo nacional como “el conjunto organizado de iniciativas y acciones educativas promovidas por la sociedad y el Estado”. Ante esta iniciativa, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) expresó su preocupación por “el contexto provincial que rodea la avanzada política privatizadora contra la educación pública”. El gremio señaló que “en las últimas semanas hemos tomado conocimiento del borrador filtrado intencionadamente a la prensa para comenzar a instalar un nuevo proyecto de reforma educativa en el orden nacional, que entre otras cosas busca fragmentar aún más el sistema educativo en nombre de una tergiversada ‘libertad’, liquidar la estabilidad laboral y la huelga docente como derecho, eliminar todo financiamiento educativo para privatizar la educación como bien social y derecho humano, y hasta relativizar la laicidad como principio de la educación pública”. Además, recordó que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) ya se ha pronunciado al respecto. Agmer agregó que esta avanzada “proviene de las élites del poder económico empresarial y sus funcionarios en el gobierno, y no es nueva, pero se viene gestando a través de discursos que reposicionan ideas que desvalorizan el trabajo docente, atacan los contenidos transversales en la educación pública y procuran denostar todo lo que provenga de lo público, que contenga una noción de saber social y suponga una práctica colectiva de defensa de lo comunitario”. El sindicato recordó que “no es nuevo para nosotros este afán de reforma de estos sectores de poder contra la educación pública. Estuvo presente en las dictaduras y en todos los gobiernos neoliberales en democracias más o menos sesgadas”. En relación con la situación provincial, Agmer advirtió que “es urgente poder observar el contexto actual de las políticas públicas que en el orden provincial van en sintonía con la motosierra sobre lo público y sobre todas las herramientas de construcción colectiva que nos hemos dado históricamente las y los trabajadores de la educación organizados sindicalmente y en el conjunto de la docencia”. El gremio destacó que las medidas del gobierno de Gustavo Bordet, con la gestión del ministro de Educación, José Eduardo Lauritto, incluyen el cierre de cargos, la recategorización de escuelas, el desfinanciamiento de diversas áreas de la educación pública como las políticas socioeducativas y la ausencia de estrategias estatales para fortalecer las trayectorias educativas. También señalaron que “llevar el mantenimiento de los edificios escolares y las obras de infraestructura escolar a su mínima expresión, el ajuste sobre las licencias por razones de salud y el cercenamiento sobre los espacios institucionales y de las asambleas escolares responden a la misma lógica: ajuste, ataque de los derechos laborales y educativos y avanzar en una dinámica de exclusión con achicamiento voraz de los espacios democráticos en la escuela pública”. Desde Agmer llaman a la comunidad educativa y a la sociedad en general a estar atentos y movilizados frente a estas políticas que, según su visión, ponen en riesgo la educación pública como derecho social y colectivo.
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