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Concordia » Hora Digital
Fecha: 24/11/2025 08:40
Miguel Ángel Calvete, condenado por proxenetismo en 2019, reaparece vinculado a operadores y contratistas relacionados con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Su caso revela una red que combi En torno a Miguel Ángel Calvete se consolidó la percepción de que no es un operador más, sino un nexo entre la corrupción administrativa, la opacidad del poder y un sistema sostenido de impunidad. Sin embargo, el núcleo del caso no reside únicamente en los contratos direccionados de la Agencia Nacional de Discapacidad ni en las financieras utilizadas para canalizar fondos públicos. El centro es otro, más crudo y brutal: la explotación sistemática de mujeres en departamentos gestionados por su organización. Este aspecto, fundamental en términos judiciales, fue deliberadamente ocultado, como si incluso para la sociedad argentina resultara demasiado incómodo reconocerlo. La casona ubicada en Defensa 1364, en San Telmo, funcionaba como una sede paralela para negocios y ocio, y fue descrita en algunos medios como un lugar de fiestas con mujeres, rutinas de pole dance, empresarios y políticos. Sin embargo, detrás de esa imagen superficial se encontraba una realidad que pocos querían nombrar. Un funcionario que declaró en sede judicial resumió la situación sin eufemismos: “Había un caño. Había mujeres. Y había tipos que se creían dueños de todo”. Esta frase coincide con lo que la Justicia terminó comprobando. Miguel Ángel Calvete fue detenido en 2016 tras una investigación iniciada dos años antes por denuncias de explotación sexual y administración de prostíbulos encubiertos. En 2019, el Tribunal Oral N.º 5 lo condenó, junto a su hermano Alejandro y a Ramiro Martín Rius, a cuatro años de prisión por “facilitación de la prostitución”. La sentencia fue clara: “La organización asignaba a las víctimas departamentos donde vivían y ejercían la prostitución, bajo condiciones económicas abusivas”. No se trataba de acuerdos privados, sino de un sistema con reglas, control y recaudación. Los jueces detallaron un mecanismo de alquileres que aumentaban hasta un 180% anualizado, además de un 10% mensual de comisión. La resolución también ordenó el decomiso de dos inmuebles utilizados como prostíbulos. Un dato poco difundido es que en esos departamentos convivían varias mujeres obligadas a sostener alquileres imposibles, generando endeudamiento, dependencia y encierro. No existía autonomía, solo explotación organizada. En cuanto a las llamadas “bailarinas de caño”, la Justicia conoce sus identidades pero las mantiene bajo resguardo. Los medios suelen mencionarlas como un detalle pintoresco, pero la proximidad con los inmuebles decomisados sugiere que no eran animadoras ocasionales, sino mujeres insertas en un ecosistema con reglas definidas por otros. No está probado que todas formaran parte del circuito prostibulario, pero sí que no controlaban ese límite. La Cámara de Casación rechazó el recurso de Calvete y confirmó la condena, señalando que “hubo estructura, hubo lucro y hubo sometimiento”. Por eso, su reaparición en la trama estatal resulta incómoda. En 2023 y 2024, su nombre volvió a circular, no por la causa de proxenetismo, sino por su cercanía con operadores que gestionaban contratos para la asistencia a personas con discapacidad. Auditores y funcionarios, bajo reserva, señalan un patrón: proveedores de servicios, financieras vinculadas a su red y lobistas que cobraban peajes para acelerar pagos de la Andis. En ese ámbito gris, donde se mezclan negociados con droguerías que proveen insumos a prestaciones y contratos direccionados, Calvete reaparece sin figurar formalmente: nunca firma ni aparece en documentos, pero siempre alguien lo menciona. “Es un hombre que opera desde atrás y que siempre vuelve”, afirmó un exfuncionario del organismo. Sin embargo, su retorno se vuelve políticamente tóxico al superponerse con una condena por explotación sexual. La política se enfoca en el aspecto administrativo del escándalo —las financieras, las criptomonedas, los pagos facilitados— porque es más fácil indignarse por corrupción que por trata de personas. Pero cuando el expediente aborda el cuerpo de las víctimas, la reacción predominante es el silencio. “Lo otro no se puede explicar sin quedar pegado a algo peor”, admitió en voz baja un legislador oficialista. El caso Calvete obliga a enfrentar una realidad incómoda: no se trata de un desvío aislado, ni de una fiesta con caño, ni de un operador excéntrico. Es una matriz que combina abuso económico, poder político y mujeres explotadas, un mecanismo que la política, por conveniencia o miedo, prefiere no nombrar. Calvete fue condenado en junio de 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 por el delito de “explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena”, con una pena de cuatro años de prisión. Sin embargo, la prisión efectiva comenzó en octubre de 2025, tras un allanamiento en su domicilio vinculado a la causa Andis, ya que el fallo no estaba firme hasta que la Cámara de Casación rechazó sus recursos. Mientras cumplía esa condena, fue trasladado para ser indagado en Comodoro Py por la causa relacionada con la Agencia Nacional de Discapacidad. En la causa Andis, el fiscal Franco Picardi lo imputa como una de las cabezas de una asociación ilícita que defraudó al Estado mediante direccionamientos, sobreprecios y sobornos en la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad. Según la acusación, Calvete actuaba como nexo entre Andis y varias droguerías, manteniendo “vinculaciones e influencia directa” con firmas proveedoras de insumos de alto costo, como Indecom SRL, Profusión SA y Profarma SA. El fiscal lo describe además como un “director paraestatal” de Andis: aunque no era funcionario formal, impartía órdenes a personas del organismo, como Daniel María Garbellini y Lorena Di Giorno. Su relación con el exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, también es clave; chats y anotaciones demuestran cómo Calvete gestionaba pagos y contratos para droguerías desde su “posición informal” dentro del entramado de Andis. En el allanamiento a la casa de su hija, Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía y directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, se incautaron cerca de 700 mil dólares, según el dictamen fiscal. Ornella no tenía un cargo en Andis, pero su vinculación familiar y política suma otra dimensión al entramado investigado.
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