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» Facundoquirogafm
Fecha: 23/11/2025 15:03
El reciente caso del policía que trabajaba como chofer en DIDI y fue detenido por intentar secuestrar y sedar a una joven de 21 años vuelve a poner en evidencia que la seguridad de las mujeres que usan aplicaciones de transporte está completamente librada a la suerte. No importa cuántas veces se revise la patente, se comparta el viaje o se mande la ubicación en tiempo real: mientras las plataformas funcionen sin controles efectivos, cualquier pasajera queda desprotegida frente a quienes circulan con poder, acceso a vehículos y total impunidad. No se trata de un hecho aislado ni de una “manzana podrida”, sino de un patrón alarmante: cualquiera puede encender una aplicación, levantar pasajeros y actuar sin pasar un control estatal, penal, psicológico o profesional. Mientras esto ocurre, la vida y la libertad de las usuarias están en manos de desconocidos, muchas veces sin que nadie lo detecte a tiempo. Plataformas multimillonarias operan sin validación real de identidad, antecedentes, salud mental ni trazabilidad del conductor, mientras quienes viajan deben asumir el riesgo por su propia cuenta. La gravedad de esta situación se refleja también en crímenes que marcaron al Chaco, como el asesinato de Tatiana Kolodziey, golpeada, violada y estrangulada por un remisero que tenía prohibido manejar y antecedentes por abusos sexuales, pero que aun así circulaba con documentos falsos. Su historia demuestra que no basta con advertencias ni protocolos vacíos: cualquier mujer puede ser víctima si se permite que personas con historial de violencia tengan acceso a pasajeros. El dolor de su familia sigue resonando como un grito que exige justicia y cambios estructurales, porque el riesgo no se limita a un grupo específico, sino que afecta a todas. A estos casos se suma la denuncia contra un moto-Uber de 55 años acusado de violación de una joven de 19 años, cuya detención se concretó tras el secuestro de la moto y el celular donde operaba la aplicación. Estos episodios muestran que las adolescentes de secundaria, las universitarias, las trabajadoras que vuelven, las que regresan del boliche y cualquier mujer que viaje sola siguen expuestas a un peligro real y sistemático. La diferencia entre sobrevivir o no muchas veces depende de la suerte, la intuición o la intervención fortuita de terceros. La conclusión es clara y urgente: las aplicaciones de transporte deben ser reguladas ya. Es imprescindible implementar controles estrictos, registros públicos de conductores, verificación obligatoria de antecedentes penales y psicológicos, auditorías permanentes y sanciones reales para quienes incumplan la normativa. No alcanza con botones de seguridad que no frenan a un agresor ni con soportes que responden con correos automáticos. Lo que está en juego no es un servicio, sino la vida de todas las mujeres que usan estas plataformas, y el Estado, junto con las empresas, tiene la obligación de garantizar que cada viaje sea seguro y no un riesgo más.
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