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» Diario Cordoba
Fecha: 23/11/2025 12:35
Pedro Sánchez llegó a Moncloa en 2018 impulsado en una moción de censura contra la corrupción tras la sentencia del caso Gürtel. Su mito fundacional de la regeneración, sin embargo, no se legitimó con la puesta en marcha de un plan anticorrupción en profundidad que, al menos, recogiese las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). Tampoco hubo margen para un pacto de Estado, que durante el Gobierno de Mariano Rajoy ya se negó a firmar el PSOE por tachar sus principios de cosméticos. De hecho, Sánchez no desplegó un plan de medidas de control hasta la convulsión política provocada por la entrada en prisión del ex secretario de Organización, Santos Cerdán, más de un año después de que se iniciasen las investigaciones por el caso mascarillas contra el exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García. A Alberto Núñez Feijóo, un dirigente que cuelga con el sambenito de la fotografía hace treinta años con el narco Marcial Dorado, con la que una y otra vez le atacan Sánchez y todos sus portavoces, presume en público y en privado de haberse conducido siempre no solo con honradez y limpieza en su ya dilatada trayectoria política, sino incluso con un escrúpulo máximo. Y ya desde su etapa en los primeros gobiernos del Partido Popular (PP) como director del Insalud, primero, y de Correos, después, pasando por el tiempo que ejerció como consejero de obras públicas de la Xunta en el último gobierno de Manuel Fraga. Desde esa perspectiva se explica en su entorno su asombro por las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre Cerdán. En su época de consejero, cuentan quienes le conocen bien, no tenía reparos en preguntar e indagar sobre algún cargo público de su departamento simplemente por el hecho de haberle visto con un coche de alta gama. Y por eso no entendería que Sánchez no estuviera al tanto de la conducta de sus dos últimos secretarios de Organización, para los que ya hay, en el caso de Ábalos, una petición de condena por parte de la Fiscalía de 24 años de cárcel. Ahora, al líder de los populares le ha estallado el primer gran caso de corrupción interno desde que llegó a Génova en 2022, con la detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano, quien ya este viernes renunció a su cargo veinticuatro horas después de haber quedado en libertad con cargos por un caso que afecta también a su 'número dos', Francisco Giménez, y que está relacionado, como ocurre con Ábalos, con la compra de mascarillas durante la pandemia. Tanto Feijóo como el presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP en esa comunidad, Juan Manuel Moreno, han presumido de una rápida reacción al apartar a los dirigentes imputados y también de no arremeter contra quienes les investigan, como a juicio de los conservadores sí hace el PSOE. La pregunta, como en el caso de Ferraz, es si se extremaron tanto los controles, como para no impedir la implicación de todo un presidente de Diputación, en una provincia que es un importante feudo popular en una comunidad que fue hegemónicamente socialista hasta hace apenas siete años. Auditorías, códigos éticos y la UCO Tampoco a nivel orgánico se actuó en Ferraz para elevar los estándares de forma cualitativa, pues el refuerzo de las auditorías externas y de los códigos éticos no se aprobaron hasta un comité federal el pasado mes de julio. Tras el primer demoledor informe de la UCO que ya detallaba la operativa de mordidas a cambio de obra pública. Entre los nuevos mecanismos preventivos destacan las inspecciones aleatorias, la obligación de presentar una declaración de bienes y actividades ante las comisiones de ética y garantías autonómica o la actualización del portal de transparencia del partido con la información económica y presupuestaria de la organización. Con todo, la trama estaría funcionando a pleno rendimiento, según los agentes de la Guardia Civil, casi desde el mismo momento en el que salió adelante la moción de censura con la que Pedro Sánchez llegó a Moncloa en 2018. El Ejecutivo también ha dejado en el cajón la reforma de la ley de financiación de partidos, que incluyó en su plan de regeneración democrática. Plasmada posteriormente en el plan anual normativo de 2025, este proyecto del Ejecutivo ni siquiera se ha llevado en primera vuelta al Consejo de Ministros. La prueba de fuego para calibrar un mínimo entendimiento entre PP y PSOE para dar pasos contra la corrupción será la ley de lobbies, cuya ponencia arrancó esta semana y se espera votar antes de final de año. PSOE y PP se sacuden las responsabilidades ‘in vigilando’ en sus respectivos casos de corrupción, mientras su principal objetivo pasa por alentar el fuego cruzado. Un ‘y tú más’ que aleja todavía más cualquier posibilidad de esbozar un pacto de Estado para atajar la lacra de la corrupción, pese a sistemáticamente azotar a los dos grandes partidos. La corrupción es el arma arrojadiza por antonomasia y elemento central de la confrontación política. Los socialistas no tardaron así en agarrarse al caso Almería, para contraatacar a los populares. "La investigación llevaba cinco años”, replican para poner en duda que durante este tiempo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo supiese y lo mantuviese en su puesto imputado. Desde Moncloa y Ferraz se justifican sobre la trama del caso Koldo por el hecho de que, según lo detallado por la UCO, era “muy sofisticada” y, por tanto, “muy difícil de detectar”. En lo referente a la Administración General del Estado, apuntan que no hay indicios de contratos irregulares. Tras la revisión de los contratos investigados, incluso siguen mostrando confianza en los mecanismos para la contratación pública, sin dejar de mencionar el papel de supervisión de actores como los interventores, presentes en las mesas de contratación. En lo referente a lo orgánico, los socialistas argumentan la falta de sospechas por la vida “monacal” que llevaría Santos Cerdán. En la dirección socialista se conforman tras el último golpe de la UCO con dar “perimetrada” la trama y descartar más implicados. “En el partido hemos investigado y no tenemos información que pueda comprometer al partido”, aseguraba el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el pasado jueves. Tras ello abundaba que “hemos vuelto a analizar y estudiar toda la información de aquellos años y la información que tenemos es que si existía una trama que se estaba corrompiendo no afectaba al partido, era de personas concretas”. La máxima del Gobierno viene siendo que en cuanto se conocen los hechos se actúa “con contundencia” y celeridad, sin esperar a la apertura de una investigación. Algo que se reprocha a los populares, a quien los socialistas acusan de arrastrar los pies frente a los casos de corrupción en sus filas. "Tolerancia cero" frente a "cero respuestas", resumía Pedro Sánchez para replicar a Alberto Núñez Feijóo la última sesión de control al Gobierno el pasado miércoles en el Congreso. Desde el socio minoritario de la coalición, Sumar, Yolanda Díaz acusaba esta semana al PP de bloquear parte del paquete anticorrupción que se presentó el pasado mes de julio. “Hemos tomado medidas adelante", argumentó para criticar que “una de ellas era una agencia pública anticorrupción en España y fue el Partido Popular y las derechas las que tumbaron esta iniciativa".
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