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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 21/11/2025 05:16
Una imagen del glaciar Viedma, en Santa Cruz (Foto: Gettyimages) Volvió a prenderse la luz de alarma sobre los glaciares. El Ejecutivo Nacional anunció una nueva intención de modificar la ley, un proyecto que buscará reducir la superficie efectivamente protegida, especialmente en el ambiente periglacial: las zonas altas y frías de la Cordillera donde el suelo congelado y los glaciares de escombros almacenan y regulan agua para las cuencas de montaña. En Argentina, más de 7 millones de personas dependen de estas cuencas para su abastecimiento diario. No es la primera vez que se busca modificar esta norma. En sus quince años de historia, distintos gobiernos han intentado reducir su alcance, aunque esos cambios no avanzaron. El caso más reciente fue a inicios de 2024, durante el debate de la Ley de Bases. Hoy, nuevamente, se anuncia una modificación que reabriría una discusión que el país ya resolvió: la necesidad de proteger las zonas donde nace y se almacena el agua que abastece a millones de personas. En paralelo, se instaló la acusación de que defender el agua es “frenar el desarrollo”. Una idea tan falsa como peligrosa. No hay país que pueda crecer si debilita las áreas que garantizan su abastecimiento de agua. Las cuencas que dependen de glaciares y su ambiente periglacial sostienen a millones de personas, actividades productivas, energía, riego y vida cotidiana. Proteger estos ecosistemas no es un obstáculo económico: es una condición básica para cualquier proyecto de desarrollo serio y sostenible a nivel nacional. La Ley de Glaciares es una de las políticas ambientales más importantes del país y un estándar en la región. No bloquea la actividad económica: establece límites razonables para que no se realice donde compromete reservas estratégicas de agua. Los glaciares, los glaciares de escombros y el ambiente periglacial cumplen funciones esenciales de almacenamiento y regulación hídrica, además de aportar estabilidad en un clima cada vez más variable. Modificar esta ley no implica “actualizarla”: implica reducir la protección de ecosistemas que el país no puede reemplazar. Un retroceso de este tipo no solo debilitaría las políticas ambientales del país, sino que, además, vulneraría gravemente los compromisos internacionales asumidos por Argentina para enfrentar la crisis climática, así como la ley nacional que ratifica el Acuerdo de Escazú, que establece que no se puede retroceder en los niveles de protección ya alcanzados y que, por el contrario, deben fortalecerse progresivamente. Los glaciares son mucho más que hielo: contienen más del 70% del agua dulce del planeta, regulan las temperaturas, sostienen ecosistemas enteros y conservan información invaluable sobre los cambios climáticos del pasado. Son un patrimonio natural vital que no podemos darnos el lujo de perder. En los Andes patagónicos, 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Sur —la mayor reserva de hielo del hemisferio sur fuera de la Antártida— han perdido superficie, contribuyendo, en menos de 12 años, con 0,3 mm a la elevación del mar, un dato que puede parecer mínimo, pero que refleja un proceso acelerado y sostenido de pérdida de masa glaciar. En el norte, las evaluaciones recientes de la región de los Andes Desérticos (que abarcan desde Jujuy hasta el norte de San Juan) muestran que, en un período cercano a diez años, la superficie con glaciares disminuyó un 17%, una señal clara del deterioro rápido de estas reservas estratégicas de agua. Estos procesos no son abstractos: significan menor caudal, más variabilidad y menos capacidad de sostener actividades agrícolas y comunidades enteras. Si al impacto del cambio climático le sumamos nuevas presiones, como permitir actividades en zonas protegidas, solo aceleramos procesos de pérdida y debilitamos funciones esenciales para el abastecimiento de agua en las cuencas de montaña. El futuro aún no está escrito. Las decisiones que tomemos ahora pueden marcar la diferencia entre conservar o perder miles de glaciares. La acción pública, la evidencia científica y la participación ciudadana pueden frenar una regresión innecesaria y costosa. En este contexto, evitar cualquier intento de modificarla es urgente. Proteger la ley es proteger las fuentes de agua que sostienen a millones de personas. Reducir su alcance sería dejar expuestos ecosistemas estratégicos en pleno siglo de crisis climática. Garantizar su cumplimiento efectivo —sin recortes, sin excepciones y sin reinterpretaciones forzadas— es una forma concreta de acción climática a escala nacional. Es, también, una responsabilidad con quienes viven hoy y con quienes vendrán después.
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