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» Rafaela Noticias
Fecha: 20/11/2025 16:28
El Concejo aprobó el proyecto para interpelar al Ejecutivo por supuestos vínculos entre funcionarios y un proveedor municipal Por Jonatan Almaraz Funes El Concejo Municipal de Rafaela aprobó, por unanimidad, el proyecto del bloque opositor para interpelar al intendente Leonardo Viotti o, en su defecto, al subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa, por los presuntos vínculos del funcionario con un proveedor de agua utilizado por el municipio. La medida, contemplada tanto en la Ley Orgánica de Municipalidades como en el reglamento interno, es extraordinaria: hacía más de dos décadas que no se activaba en Rafaela. La última vez fue a fines de los años ’80, cuando el gobierno de Rodolfo Muriel debió responder por presuntas irregularidades en obras públicas. La convocatoria quedó fijada para el 26 de noviembre a las 9 de la mañana, en el sexto piso del edificio municipal. Allí, los funcionarios (si es que se presentan, porque pueden enviar las respuestas por escrito) deberán responder 14 preguntas formales orientadas a determinar si Aversa incurrió o no en una falta administrativa o incompatibilidad. Uno de los autores del proyecto, el concejal Juan Senn (PJ), defendió la iniciativa en el recinto y llamó a “preservar la confianza pública”. “Hay una institución invisible que no se puede perder, que es la confianza. Ojalá el funcionario se presente y dé todas las explicaciones necesarias, si es que no tiene nada que ocultar”, expresó. La oposición sostiene que Aversa habría mantenido relaciones comerciales con un proveedor de agua embotellada que luego fue contratado por el propio municipio. El oficialismo lo niega, pero la discusión escaló rápidamente. Si el debate parecía avanzar por carriles técnicos, la sesión tomó un giro inesperado cuando Carla Boidi (Unidos para Cambiar Santa Fe) pidió la palabra a la hora de justificar su voto (que fue afirmativo despues). Contra todo pronóstico —incluso por encima de voces habituales como la de Alejandra Sagardoy— Boidi impulsó la defensa más vehemente del oficialismo y lanzó una acusación que tensó el recinto. Con un pañuelo bordado en una mano y un fajo de copias certificadas en la otra, denunció que entre 2016 y 2023, durante gestiones anteriores, la Intendencia habría comprado mes a mes pañuelos, bolsos materos, textiles, remeras, calzas, bikers y otros artículos, siempre a un familiar directo de una funcionaria del gabinete, dependiente de la misma área que impulsaba esos pedidos. “Los vínculos entre familiares y funcionarios vienen de antes”, disparó. Según Boidi, las facturas seguían patrones idénticos, como si se tratara de un “copiar y pegar” mensual, y la última de ellas está fechada el 6 de julio de 2023, en plena campaña de las PASO municipales. Luego de esa fecha, afirmó, no figura ninguna compra más. El pañuelito de la discordia Para reforzar su planteo, Boidi protagonizó el episodio más comentado de la mañana: caminó hacia la banca de la concejala María Paz Caruso y le entregó un pañuelo similar a los mencionados en los expedientes. “Tal vez no lo recibió cuando era funcionaria, así que se lo entrego ahora, como símbolo de lo que figura en los expedientes”, ironizó. La escena, escaló cuando Caruso le retrucó "acá no vengas a hacer circo". “Si la ley prohíbe la compra a familiares directos, no es un detalle menor. Requiere explicación, responsabilidad y un estándar ético que debe cumplirse gobierne quien gobierne” cerró.
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