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  • Caso Gusmán: la querella habló de “ejecución” policial y la defensa de un legítimo accionar

    Paraná » 9digital

    Fecha: 19/11/2025 21:32

    El juicio por jurados por la muerte de Gabriel Gusmán entró en una etapa decisiva. Tras cinco horas de exposición, concluyeron los alegatos finales: la querella pidió la condena de los dos policías acusados por el hecho ocurrido en 2018 en el barrio Capibá, mientras que la defensa reclamó su absolución y defendió el accionar policial como legítimo y ajustado a la norma. La audiencia, cargada de emotividad, fue transmitida en vivo mediante parlantes en la explanada de tribunales, donde se congregó un numeroso grupo de personas. La querella autónoma, representada por los abogados José Iparraguirre y Rubén Pagliotto, solicitó al Jurado Popular un veredicto de culpabilidad contra los funcionarios policiales Óscar Molina y Diego Íbalo por el homicidio agravado de Gusmán. Los querellantes calificaron el hecho como un caso de “gatillo fácil” y una “ejecución”, sosteniendo que la muerte fue absolutamente evitable. La defensa, en cambio, pidió la absolución, argumentando legítima defensa y cuestionando la ambigüedad de la acusación. Los alegatos de la querella Iparraguirre repasó la “trayectoria de lucha” que permitió llegar a esta instancia, recordando que el Ministerio Público Fiscal había archivado la causa y que la querella debió avanzar en soledad con la investigación y la recolección de pruebas. El abogado contrastó las dos teorías en disputa: ejecución versus enfrentamiento. Fue categórico al describir la intencionalidad del disparo fatal: “El tirador apuntó a la cabeza de la víctima, específicamente a la nuca”, afirmó, subrayando que ese tipo de disparo revela una intención inequívoca de matar, máxime cuando la formación policial instruye a disparar a zonas no vitales. La querella atribuyó responsabilidades diferenciadas: Óscar Molina: autor material del homicidio agravado por alevosía. La pericia vinculó la vaina número cuatro a su arma, hallada cerca de la posición del tirador. autor material del homicidio agravado por alevosía. La pericia vinculó la vaina número cuatro a su arma, hallada cerca de la posición del tirador. Diego Íbalo: acusado por omisión impropia, al ser el superior jerárquico que debía ordenar no disparar y esperar refuerzos. Según Iparraguirre, los agentes actuaron sin aguardar el móvil de apoyo 1154, que estaba a apenas 14 segundos de distancia. Pagliotto reforzó que la muerte fue “evitable por imperio de la ley”, recordando la prohibición de disparar contra un fugitivo desarmado. Señaló que la persecución duró entre 10 y 12 segundos y que el disparo en la nuca, con trayectoria de izquierda a derecha, probaba que Gusmán huía de espaldas, en una relación de poder “absolutamente desigual”. El abogado también destacó la ausencia de evidencia de un tiroteo en la etapa final: no se hallaron impactos en el móvil ni en las paredes cercanas. Concluyó que la conducta de Molina encaja en el homicidio calificado por alevosía, o en el mejor de los casos, en un exceso en la legítima defensa. Finalmente, la querella subrayó que la familia Gusmán busca únicamente justicia penal, sin reclamar reparación económica. Los alegatos de la defensa Los defensores Miguel Cullen, Patricio Cozzi y Daniel Rosatelli reclamaron la absolución, insistiendo en que los policías actuaron conforme a la ley en una situación de riesgo. Cullen abrió con una “protesta formal” y cuestionó que la acusación hubiera cambiado su tesis al admitir que no sabía quién efectuó el disparo fatal. “Ni siquiera lo que vine a defender ha sido sostenido”, expresó. La defensa sostuvo que, si la acusación no podía precisar al autor del disparo, tampoco podía exigir una condena. Refutó además insinuaciones de manipulación policial, atribuyendo la intimidación de testigos a terceros o a la propia familia de la víctima. Cozzi se centró en el contexto de emergencia: los oficiales respondieron a llamados al 911 de vecinos “encerrados como rehenes” y, según su versión, fueron recibidos a balazos. Consideró absurdo que se les exigiera esperar 14 segundos por un refuerzo. La defensa resaltó que desde el primer parte policial se informó que ambos efectivos habían disparado para repeler la agresión, lo que fue confirmado por pericias: Molina efectuó un disparo e Íbalo tres. Rosatelli abordó el aspecto normativo: recordó que el reglamento prohíbe disparar a un fugitivo desarmado, pero aclaró que esa restricción no aplica cuando el sospechoso porta armas. “Es un hecho probado que Guzmán estaba armado”, sostuvo. También relativizó la exigencia de apuntar a zonas no vitales: “Uno tira donde puede, no donde quiere”, citando al instructor de tiro. El abogado señaló que Medicina Forense confirmó que Gusmán estaba en movimiento al caer, lo que coincide con testigos que lo vieron corriendo y disparando. Finalmente, atribuyó la ausencia de testigos favorables a la policía al temor a represalias barriales. El jurado popular deberá ahora evaluar las pruebas y decidir si la muerte de Gabriel Gusmán fue una ejecución alevosa o la consecuencia de una legítima defensa amparada por la ley.

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