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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 19/11/2025 18:32
Los diputados que lideran la comisión investigadora del caso $LIBRA presentaron este martes el informe final de la investigación sobre el escándalo de la criptomoneda que involucra al Gobierno de Javier Milei, señalando la posibilidad de «pagos indirectos a funcionarios públicos» y responsabilidad política directa del presidente y su hermana Karina Milei. Los legisladores de la oposición acudieron previamente al Poder Judicial para aportar pruebas al fiscal antes de dar a conocer formalmente en el Congreso las conclusiones de la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA, cuyo lanzamiento fue promocionado por el presidente Javier Milei el 14 de febrero a través de sus redes sociales. Entre los hallazgos principales del informe, los diputados afirmaron que «quedó acreditado que el presidente publicó un número de contrato que no era de acceso público», señalando que «al día de hoy sigue sin explicar cómo lo obtuvo». Esta circunstancia, según la comisión, «refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo con los creadores de la criptomoneda». La investigación concluyó que Javier Milei promocionó $LIBRA «como un instrumento de inversión que, en realidad, era técnicamente una memecoin diseñada previamente para un ‘tirón de alfombra’ (rug pull) por parte de un grupo con información privilegiada». Impacto en inversores y contradicciones El informe revela el significativo impacto económico del caso: 498 billeteras sufrieron pérdidas superiores a U$S 100.000, 3.144 perdieron entre U$S 10.000 y U$S 100.000, mientras que solo 36 ganaron más de U$S 1 millón cada una. Estas cifras contradicen las declaraciones del presidente Milei, quien había afirmado que «no fueron más de 5 argentinos los que operaron $LIBRA». Los datos recopilados indican que solamente en la exchange Ripio operaron 1.329 ciudadanos argentinos, y los informes técnicos más recientes recibidos por la Comisión establecen que, en total, 114.410 billeteras virtuales registraron pérdidas con $LIBRA. Fallas en los controles estatales y patrones de conducta Los diputados señalaron que, según las declaraciones del ex Jefe de Gabinete Guillermo Francos, se desprende «una falta total de control estatal y la omisión de todos los protocolos», destacando que «no hubo una evaluación previa del Estado Argentino sobre $LIBRA antes de su promoción presidencial». La Comisión Investigadora aseguró además que esta «criptoestafa no fue un incidente único», afirmando que «estaríamos ante un modus operandi y un patrón de conducta ya observado en maniobras financieras irregulares presuntamente ilícitas ($KIP, CoinX, Vulcano) donde se repiten los nombres de Javier Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy». Transferencias sospechosas y resolución judicial internacional El informe detectó que «los flujos de fondos en la blockchain entre los involucrados en $LIBRA coinciden en montos y fechas con un presunto acuerdo de cooperación que tendría como fin monetizar la imagen presidencial», encontrándose específicamente «transferencias de U$S 300.000 en noviembre de 2024 y U$S 250.000 en enero de 2025». Significativamente, el documento hace referencia a una resolución de octubre de 2025 de la Jueza de Nueva York, Jennifer Rochon, quien señaló que «los dueños de los fondos obtenidos con $LIBRA podrían ser Javier Milei y Karina Milei». Conclusiones y acciones legales En el comunicado oficial, la Comisión apuntó que dada la «alta gravedad institucional y la malversación de la investidura presidencial», Javier Milei y Karina Milei «tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados a la criptomoneda $LIBRA», y que el Congreso de la Nación debe evaluar si el presidente incurrió en «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones». Como resultado de la investigación, se resolvió denunciar penalmente a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional «que sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación, entorpeciendo el ejercicio de nuestras facultades constitucionales, por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público». Paralelamente, se presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión judicial que denegó el auxilio para citar a testimoniar a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, completando un cuadro de confrontación institucional que trasciende el ámbito legislativo.
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