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» Santafeactual
Fecha: 19/11/2025 05:57
Una investigación por cohecho y defraudación al Estado reveló un sofisticado sistema de corrupción al interior de la Unidad Regional II, que funcionó durante al menos dos años. Luego de tres jornadas de audiencias, el juez Gustavo Pérez Urrechu dictó prisión preventiva para catorce policías de alto rango de la Unidad Regional II, entre ellos el ex titular Daniel Acosta y su secretario privado, Rodrigo Domínguez. Están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al desvío de fondos destinados al combustible de patrulleros, dinero que otorgaba el gobierno provincial en un contexto de emergencia en seguridad pública. La medida cautelar, que avaló las imputaciones por peculado y cohecho pasivo, rige hasta el 14 de mayo, con posibilidad de prórroga si la Fiscalía, a cargo de José Luis Caterina, presenta una acusación preliminar. Los ex jefes policiales que escucharon las imputaciones ante Pérez Urrechu son Acosta y Domínguez, señalados como jefe y organizador, respectivamente, de la asociación ilícita, a los que se le suman en calidad de miembros otros 12 expolicías. El acuerdo con la estación, detectado entre mayo de 2023 y mayo de 2025, consistía en sobrefacturaciones o facturaciones fantasma de cargas de combustible. Una vez que los caudales ingresaban a la empresa, esta entregaba retornos en dinero en efectivo, con periodicidad quincenal y para cada una de las secciones policiales, cuyos representantes los retiraban directamente del lugar. Esos retornos eran un porcentaje de la ganancia ilegítima que recibía la firma con bandera Puma. De hecho, algunos de los imputados fueron fotografiados retirando sobres de las oficinas de la estación. Caterina remarcó que esas maniobras quedaron acreditadas mediante múltiples medios investigativos, incluida la declaración de un imputado colaborador y el uso de GPS colocados en móviles que “no se movían” y aun así figuraban como abastecidos. Agregó además la particularidad de tres móviles asignados internamente a jefes policiales con el único fin de generar facturaciones fantasma. Tras los allanamientos de mayo, cuando la causa se hizo pública, dos de esos patrulleros fueron incendiados en una maniobra destinada a borrar evidencia. La organización incluso implementó un sistema interno de castigos denominado “O.G.M.” (Oficina de Gestión de Multas), que sancionaba a los miembros que se atrasaban en el pago de estas “cuotas” ilegales. Este mecanismo también se utilizaba para exigir otras dádivas, como bebidas alcohólicas de alto valor o productos gourmet, generando malestar y perjuicio económico incluso entre los propios subordinados. Fuente: Agencias
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