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La Paz » Politica con vos
Fecha: 19/11/2025 05:28
La compra de móviles policiales volvió a abrir una discusión que el Gobierno provincial intenta evitar. ¿Refuerzo real de la seguridad o endeudamiento innecesario para sostener el relato de gestión? Las críticas de Marcelo Casaretto y la admisión del propio ministro Néstor Roncaglia reactivan un debate sobre prioridades, transparencia y costo fiscal. Por Roberto García Una foto impecable, una letra chica incómoda La entrega de 48 patrulleros 0 km fue presentada por el Ejecutivo entrerriano como una inversión histórica y “un salto cualitativo” para la Policía. La puesta en escena fue prolija, calculada y orientada a mostrar eficiencia administrativa. Sin embargo, detrás de la foto hubo un silencio selectivo sobre el financiamiento: la operación no se pagó con recursos corrientes, sino con un nuevo crédito provincial. Casaretto enciende la alarma: “No es inversión, es deuda” El exdiputado nacional Marcelo Casaretto cuestionó duramente la compra: “Nada de esto es inversión genuina: es más deuda para los entrerrianos”, advirtió. Con esa frase, el dirigente peronista apuntó al corazón del problema: el Gobierno sigue apelando al endeudamiento para cubrir gastos que, por su naturaleza, no generan retorno económico y requieren reposición constante. Su crítica instala un dilema político: ¿es razonable tomar deuda para adquirir bienes rápidamente depreciables cuando la Provincia ajusta en áreas sociales sensibles? Roncaglia responde, pero confirma lo esencial El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, salió a contestar rápidamente. Negó irregularidades, remarcó que “nadie se robó un peso” y destacó que los móviles fueron entregados “a la Policía y no a la política”. Pero en su intento de desactivar la polémica, confirmó lo que Casaretto denunciaba: la compra se financió mediante un crédito del Banco de Entre Ríos. La discusión entonces deja de ser especulación y se vuelve un dato duro: el Gobierno eligió endeudarse para montar un acto, reforzar su narrativa de gestión y aliviar tensiones internas. Inversión estratégica o maquillaje contable La seguridad pública es importante, pero eso no convierte automáticamente en racional cualquier decisión de gasto. La pregunta es otra: ¿Era imprescindible endeudarse? ¿Se conocen tasas, plazos y condiciones? ¿Existe un plan real de amortización? Nada de eso fue explicado con detalle. El Gobierno apostó a la espectacularidad del anuncio, no a la transparencia del financiamiento. Y en tiempos de recorte presupuestario, esa opacidad es doblemente problemática. El dilema político: el costo de hipotecar prioridades El contrapunto entre Casaretto y Roncaglia no es sólo una disputa narrativa: revela un desorden en la planificación fiscal del Gobierno de Rogelio Frigerio. Mientras se reducen partidas sensibles -incluyendo áreas vinculadas a educación, desarrollo humano y estructura administrativa-, la Provincia asume nueva deuda para reforzar la imagen de “gestión activa” en seguridad. El problema no es el patrullero: es el procedimiento, el momento y el precio político. En un contexto de estrechez fiscal, endeudarse para comprar bienes de rápida depreciación es un lujo que difícilmente pueda justificarse sin un plan de mediano plazo. “Si la seguridad se financia con deuda y sin transparencia, lo urgente tapa lo importante… y lo importante se paga con intereses.” La seguridad no puede construirse sobre la base de operaciones financieras poco claras La Provincia necesita móviles, sí, pero también necesita una política fiscal sensata y transparente. Si el Gobierno cree que endeudarse es el camino, debe explicarlo con datos, no con fotos. Casaretto abrió un debate incómodo, y Roncaglia —sin querer— lo profundizó. El desafío ahora es que la discusión no quede atrapada en la chicana política, sino que obligue al Ejecutivo a mostrar que detrás de los patrulleros no se esconde una hipoteca silenciosa.
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