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Parana » Bicameral
Fecha: 18/11/2025 21:37
Un proyecto de ley presentado esta semana en la Cámara de Diputados busca generar un mecanismo provincial para "prevenir, detectar, intervenir y acompañar situaciones de acoso escolar y ciberacoso en los establecimientos educativos" de Entre Ríos, promoviendo un "abordaje integral y estableciendo deberes y responsabilidades para el Estado, las instituciones educativas, los estudiantes y sus familias". El proyecto al que accedió Bicameral lleva la firma de Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), y tiene como propuesta saliente la aplicación en última instancia de sanciones pecuniarias para aquellas familias que no cumplan con los protocolos establecidos. El Consejo General de Educación (CGE), autoridad de aplicación de la norma, sería el encargado de elaborar un protocolo de actuación con diferentes pasos y el seguimiento de los casos, involucrando a las instituciones y las familias. Para los establecimientos educativos públicos y privados también se establecen obligaciones, al igual que en el caso de las familias cuyos hijos fueron identificados como agresores. Cuando un estudiante sea identificado como autor o partícipe de acoso escolar o ciberacoso, "y la familia no colabore con las acciones institucionales", el CGE podrá aplicar, según la gravedad del caso, sanciones que van desde apercibimientos hasta sanciones pecuniarias, es decir multas. "La sanción pecuniaria será de aplicación subsidiaria y sólo cuando las medidas educativas hayan resultado insuficientes o exista reiteración", aclara la iniciativa. La multa podrá alcanzar un máximo de $2.100.000, "tal como establece la normativa homóloga vigente en la Provincia de Mendoza". El dinero en cuestión sería destinado a un Fondo Provincial para la Prevención y Atención del Acoso Escolar, encargado de acciones de sensibilización. "El antecedente más reciente y contundente en materia de corresponsabilidad familiar ante situaciones de acoso escolar lo constituye la Provincia de Mendoza, que ha incorporado en su legislación un régimen sancionatorio que alcanza multas de hasta dos millones cien mil pesos para aquellas familias que no colaboren con las medidas institucionales destinadas a prevenir, intervenir o reparar situaciones de hostigamiento escolar en las que sus hijos o hijas sean identificados como agresores", sostiene el proyecto en sus fundamentos. "Junto a Mendoza, otras jurisdicciones han incorporado mecanismos de corresponsabilidad familiar en sus políticas de convivencia escolar. Provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Neuquén han desarrollado protocolos de actuación ante situaciones de acoso escolar que incluyen la participación obligatoria de las familias en instancias de mediación, orientación y seguimiento, estableciendo consecuencias administrativas cuando se verifica falta de colaboración o incumplimiento de los compromisos asumidos. Estos marcos normativos reconocen que la prevención del acoso escolar no puede depender exclusivamente de la acción institucional, sino que requiere del involucramiento de todos los actores de la comunidad educativa, siendo la familia el primer espacio de socialización y construcción de pautas de convivencia", agrega. De acuerdo a la iniciativa, en conjunto, "estos antecedentes provinciales y nacionales muestran una clara tendencia nacional hacia políticas públicas integrales que combinan prevención, detección temprana, participación comunitaria, protocolos de intervención unificados y dispositivos de apoyo institucional".
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