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» Elterritorio
Fecha: 18/11/2025 17:33
Buscan reforzar la protección penal a docentes y personal escolar ante hechos de violencia La iniciativa que modifica el Código Penal para agravar las penas por agresiones, amenazas y coacciones contra docentes, directivos y auxiliares. La propuesta incluye medidas accesorias y busca frenar una problemática creciente en el ámbito educativo. martes 18 de noviembre de 2025 | 16:51hs. Los hechos de violencia se repiten en las instituciones educativas del país. La violencia contra el personal educativo se ha convertido en una preocupación creciente en Argentina. En este contexto, en la Cámara de Diputados se impulsa un proyecto de ley que introduce cambios sustanciales en el Código Penal para otorgar una protección reforzada a docentes, directivos y auxiliares de establecimientos educativos, tanto públicos como privados. La iniciativa, del diputado nacional Oscar Agost Carreño, denominada "Ley de Protección del Personal Docente y No Docente", incorpora un nuevo artículo 25 bis que establece la prohibición de acercamiento al establecimiento educativo por hasta cinco años como medida accesoria obligatoria para quienes cometan delitos graves contra personal escolar. Además, según Parlamentario.com, agrega un inciso al artículo 80 para considerar agravante el homicidio cometido contra docentes y autoridades educativas, y modifica el artículo 149 bis para aumentar en un tercio las penas por amenazas o coacciones dirigidas a este sector. El proyecto del diputado de Encuentro Federal también reforma el artículo 237 del Código Penal, extendiendo el tipo penal de atentado contra la autoridad a los casos en que se ejerza intimidación o fuerza contra personal educativo en ejercicio de sus funciones. En los fundamentos, Agost Carreño advierte que los episodios de agresión, amenazas y hostigamiento hacia docentes se han multiplicado, alimentados por factores culturales, sociales y económicos: “La escuela, como institución fundamental del Estado, está expuesta a situaciones impensadas hace algunas décadas. Proteger a los educadores es proteger el derecho a la educación y la estabilidad institucional”, señala. El texto subraya que la propuesta no busca criminalizar conflictos menores propios de la dinámica escolar, sino actuar frente a conductas violentas que afectan gravemente el normal desarrollo educativo. También destaca experiencias internacionales, como España, Francia e Italia, que han adoptado normas similares para reconocer la autoridad pública de los docentes y agravar las penas por agresiones. Finalmente, el proyecto plantea que estas modificaciones son necesarias para restablecer el respeto a la autoridad pedagógica, prevenir la reiteración de conductas violentas y garantizar un entorno seguro para la comunidad educativa. Compartí esta nota:
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