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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 17/11/2025 03:20
Investigación por la muerte de una recién nacida en 2015, en Río Grande. Profesionales de la Suprema Corte de Justicia declararon por videoconferencia en una extensa audiencia. Mientras la defensa sostiene que la inducción del parto no influyó en el desenlace, los padres remarcan fallas en los controles. El Tribunal retomará el juicio el lunes 17 de noviembre. Durante la última jornada del juicio por presunta mala praxis seguido a los médicos Valeria Pastori y Rodolfo Guido Pérez, realizada el viernes último en Río Grande, declararon por videoconferencia profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los imputados, una ginecóloga y un obstetra que integraban el equipo del CEMeP en 2015, están siendo juzgados por la muerte de una beba que nació sin vida tras un parto por cesárea. Los denunciantes son los padres de la niña, Carolina Miranda y Ariel Murgia, quienes ya prestaron declaración ante el Tribunal durante la semana. La audiencia del viernes estuvo presidida por el juez Pedro Fernández, con las vocalías de Eduardo Boccardo y Fernando González, quienes tras escuchar a peritos locales en jornadas anteriores, recibieron los testimonios de tres médicos forenses y una pediatra de la Justicia Nacional. Durante varias horas los profesionales expusieron sobre la documentación clínica, estudios forenses y el protocolo de autopsia incorporado a la causa. Los especialistas coincidieron en que el deceso del recién nacido se produjo como consecuencia de una vasculopatía trombótica, diagnóstico que ya había sido establecido en la autopsia realizada en 2015. Sin embargo, la discusión principal giró en torno a las acusaciones formuladas por los padres respecto a la inducción del parto y al monitoreo fetal realizado. La querella sostiene que los médicos aplicaron sustancias para acelerar el trabajo de parto y que se utilizaron métodos de control primitivos con herramientas básicas, según declaró la madre, en lugar de un monitoreo digital continuo que hubiera permitido advertir de manera anticipada el estado fetal crítico. Durante las exposiciones se registraron posturas contrapuestas. Mientras algunos peritos señalaron que un control más riguroso podía haber anticipado la situación de riesgo, la defensa remarcó que el embarazo no había sido clasificado como de riesgo y que, por lo tanto, el monitoreo continuo no era un requerimiento en ese contexto. Además, la defensa reiteró que “la inducción del parto no tiene relación con la trombosis”, punto también planteado por uno de los especialistas convocados. El juicio, que es oral y público, continuará el lunes 17 desde las 9.30 con una nueva ronda de testigos requeridos por las partes. El Ministerio Público Fiscal está representado por Mónica Macri, la defensa de los imputados por Francisco Ibarra, y la querella por José Velazco. En caso de que el Tribunal considere responsables a los profesionales, la eventual pena —de carácter culposo— no sería de cumplimiento efectivo, aunque ambos podrían perder la matrícula que los habilita a ejercer la medicina. En el plano civil, el CEMeP enfrenta una demanda cercana a los 35 millones de pesos, proceso que podría complejizarse si hubiese una condena penal, mientras la aseguradora de la institución y de los médicos sigue con atención el desarrollo del debate por las implicancias que tendría en lo que respecta a la respuesta económica que deberían estar obligados a dar a título de resarcimiento.
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