16/11/2025 19:23
16/11/2025 19:22
16/11/2025 19:22
16/11/2025 19:21
16/11/2025 19:21
16/11/2025 19:21
16/11/2025 19:21
16/11/2025 19:21
16/11/2025 19:21
16/11/2025 19:20
Parana » AnalisisDigital
Fecha: 16/11/2025 18:05
La sentencia a nueve años del ex jefe de fiscales de Rosario desnuda un sistema de tolerancias y protecciones institucionales que excede al condenado. Patricio Serjal, jefe de todos los fiscales de Rosario hasta 2020, acaba de ser condenado a nueve años de prisión por proteger a un empresario de juego ilegal a cambio de sobornos. La sentencia por corrupción no solamente habla del condenado. De modo manifiesto y por default, también se interna en las conductas institucionales en la provincia de Santa Fe donde se mezclaron actores diversos, y con poder real, para desacreditar una investigación basada en una montaña de pruebas. Y que fue del todo validada. Lo que estuvo a la vista durante cinco años fue resultado de una investigación compleja, asentada en la legalidad y fundamentada con evidencia firme. Los jueces Facundo Becerra, Hebe Marcogliese y Nicolás Foppiani afirman que se probó que hubo una asociación ilícita estable y jerarquizada dedicada a usufructuar el dinero del juego ilegal que tenía dos cabezas. Una era el propio Serjal que le garantizaba cobertura judicial e impunidad al capitalista Leonardo Peiti. Pero también hubo una "pata política", remarcaron los magistrados, que comprendía funcionarios legislativos y políticos que dirigía el senador provincial Armando "Pipi" Traferri. Los jueces probaron que hubo una asociación ilícita estable dedicada a usufructuar el dinero del juego ilegal que tenía dos cabezas. Una era el propio Serjal que le garantizaba cobertura judicial e impunidad al capitalista Leonardo Peiti y una "pata política" que dirigía el senador provincial Armando "Pipi" Traferri. El fallo judicial es también un tratado sobre un modo institucional de ser y comportarse. Hay cinco claves fuertes explicitadas durante el mes que duró el juicio y que se desprenden del caso. Una primera es el modo en que Traferri queda en el camino de una condena que es irreversible. En la condena a Serjal los jueces lo nombran 104 veces en un texto que tiene casi el doble de páginas. Lo hacen porque no se puede explicar ni entender el funcionamiento de la organización criminal, dicen, sin aludir al rol predominante del senador. Una segunda clave es que el Senado de Santa Fe negó el desafuero de Traferri por una amplia mayoría de miembros cuando los fiscales iniciales del caso --Luis Schiappa Pietra y Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos-- les exhibieron en diciembre de 2020 la misma prueba que este viernes los magistrados utilizaron para condenar. El Senado calificó entonces a esa evidencia de insustancial e insuficiente. Con ello blindaron en su banca a Traferri durante cuatro años en una actitud corporativa que queda al desnudo en la sentencia. Una tercera clave es el modo en que se desmantela cualquier idea de que esta causa tuvo una motivación espuria y extrajurídica de parte de los fiscales Edery y Schiappa Pietra para avanzar contra Serjal, Traferri y otros actores. Esto les cuesta hasta el día de hoy a Edery y una abogada que es empleada judicial tener una causa penal en trámite bajo la sospecha de que omitieron investigar a Mariana Ortigala, que era testigo colaboradora de la Agencia en la causa contra el criminal Esteban Alvarado. Esa presunta omisión fue motivo decisivo del desplazamiento de Edery de la causa que inició y que la semana pasada tuvo sentencia favorable. La cuarta clave es el modo en que se concretó, de manera formal o informal, una conjunción de intereses para desacreditar a los fiscales Schiappa Pietra y Edery. Ellos fueron denunciados por colegas de haber cometido delitos, los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca, con argumentos desmontados por el fallo de los jueces del tribunal. Esos argumentos resultaron la columna vertebral de las estrategias defensivas en el juicio de Serjal que terminó hace ocho días, como lo habían sido en la imputación del año pasado de Traferri quien finalmente, solo cuando lo decidió y tras ser reelecto, se presentó ante un tribunal casi cuatro años de ser requerido, en tanto habían cambiados a los fiscales del caso. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery exhibieron en el Senado, en diciembre de 2020, la misma prueba que este viernes los magistrados utilizaron para condenar. Los senadores consideraron que esa evidencia era insustancial e insuficiente y blindaron a Traferri durante cuatro años en una actitud corporativa que queda al desnudo en la sentencia. El quinto punto es cómo el Ministerio Público de la Acusación (MPA) toleró una especie de guerra de fiscales motivada por una denuncia que el tribunal ahora rechaza por inconsistente. Los fiscales cuya labor es reivindicada por el fallo fueron apartados de la Agencia de Criminalidad Organizada que resultó disuelta. Esta fiscalía había avanzado como ninguna otra contra sectores de la política institucional. Claramente eso no fue a costo cero. Clave 1. La situación de Traferri. El senador por San Lorenzo, cuatro veces electo en su banca, aparece como jefe de la misma asociación ilícita por la cual Serjal es condenado. El fallo lo menciona 104 veces a un ritmo de casi una vez cada dos páginas. Los jueces dan por probado lo que los fiscales no pararon de decir desde 2020. Que el capitalista Leo Peiti se encuentra reiteradas veces con Traferri para hacerle pagos como consta en su teléfono. Por ejemplo el 29 de abril de 2019 en la localidad de Ricardone pegada a San Lorenzo. Que Peiti anuncia encuentros con Traferri para darle dinero. Por ejemplo al abogado José Fernández Chemes al que le dice: "Ahora me encuentro con el Pipi" el 19 de mayo de 2017. Asimismo se acredita un encuentro entre ambos el 8 de septiembre de 2017 cerca de la financiera Rosental en Rosario. "Estuve en Rosental, busqué unos dólares, me preparé para hacer todo lo que tenía que hacer y entre pito y flauta salí del banco y se me hizo tarde. Ahora voy a hablar con el Pipi Traferri a las tres de la tarde", le dice Peiti a un amigo. La geolocalización de las antenas telefónicas de los celulares de capitalista y senador probó que el encuentro entre ambos existió. Los jueces validan el planteo de que Peiti buscaba que Traferri actuara como su lobista ante el gobierno de Omar Perotti para ganar la concesión del juego online y que ese era el motivo de los pagos. Otro momento subrayado del fallo es cuando citan que Peiti le envía a su secretaria Brenda Lomello una fotografía en la que muestra un fajo de dólares delante de su vehículo Audi con un mensaje posterior. Allí le dice que ya se aseguró cobertura judicial con el condenado fiscal Gustavo Ponce Asahad que era mano derecha de Serjal. "Estoy contento porque ya dejé todo arreglado, ya no tengo más problemas con la Justicia de acá, volvió todo a la normalidad. Lo único que quedé seco", le dice. Esto que sale del teléfono de Lomello prueba lo que Peiti ya había dicho: que ese día le había pagado 10 mil dólares a Ponce Asahad. En esa misma conversación Peiti le dice a su secretaria: "Yo mañana me voy a San Lorenzo, vos necesitás que te lleve algo para el Pipi, avísame". Los jueces indican que en ese contexto "bien puede considerarse una referencia directa a entregarle dinero al senador Traferri. Es tarea vana entender todo lo que pasó sin la centralidad de Traferri en el proceso político santafesino. Hace 15 años que maneja las compuertas de la gobernabilidad como hombre fuerte del PJ desde las gestiones socialistas. Y sigue al día de hoy siendo en los hechos el dueño del peronismo en la Legislatura. Se vio en la reciente Constituyente de Santa Fe donde fue electo convencional pese a estar imputado y facilitó con el voto de su sector que Maximiliano Pullaro fuera habilitado a disputar su reelección. Precisamente Pullaro lo ponderó como uno de los más destacables miembros de la Convención ni bien esta terminó. La enorme desventaja de Traferri es este fallo que lo aniquila. Su ventaja es que el actual esquema de poder lo necesita. Clave 2. El Senado y su rechazo al desafuero. La decisión de mantener la inmunidad de proceso para Traferri de sus pares tuvo solo la excepción de cuatro colegas de su bancada, el PJ, únicos que habían señalado que era imprescindible que se presentara a despejar las dudas que surgían contra él (Marcelo Lewandowski, Ricardo Kaufmann, Marcos Casteló, Alcides Calvo). Ese día, 17 de diciembre de 2020, los fiscales Schiappa Pietra y Edery les mostraron a los senadores la misma evidencia que los jueces utilizaron ahora para condenar a Serjal. El que comandó la defensa de la idea de que los fiscales que pedían el desafuero eran inconvincentes fue el senador radical Lisandro Enrico, que es actual ministro de Obras Públicas de Maximiliano Pullaro, y Raúl Gramajo. Mientras tanto Traferri, con esta acusación explicitada, fue mantenido cuatro años más como miembro de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura que decide las medidas disciplinarias sobre funcionarios judiciales con acuerdo de las bancadas mayoritarias y sin la objeción de ningún legislador de las otras bancadas. También siguió como presidente del tribunal de enjuiciamiento de magistrados. La política santafesina validó esto y permanece muda al respecto. La Corte Suprema de Santa Fe también refrendó, por 5 votos a 1, la negativa al desafuero de Traferri. Que ahora está acusado por ser jefe de una asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho, negociación incompatible con la función pública, organización ilegal de juegos de azar y peculado. No fue solo el Senado, casi toda la política santafesina fingió demencia. Clave 3. El inicio de la causa y sus motivos. Los jueces dicen en la página 80 del fallo que está probado que esta causa tuvo su inicio de manera fortuita y espontánea en el marco de otra investigación que no guardaba relación directa con un caso de corrupción institucional: el homicidio de Enrique Encino, ocurrido el 10 de enero de 2020 en el Casino de Rosario. ¿Qué pasó entonces? El capitalista de juego Leonardo Peiti era extorsionado por miembros de la Banda de Los Monos que querían atentar contra el Casino. Uno de estos chantajistas, Maximiliano Díaz, lo llamó a Peiti para que en virtud de sus contactos con el MPA averiguara la situación de dos personas allegadas a él detenidas. Peiti cumple el pedido y lo llama a Nelson Ugolini que trabajaba con Serjal. Tras la averiguación Ugolini responde a Peiti y éste a Maximiliano Díaz. El secuestro del teléfono de Díaz, luego condenado por el atentado homicida al Casino, hace descubrir a Peiti en la trama. La pesquisa sobre Peiti demuestra que éste tiene una causa en 2017 en Melincué donde están todas las evidencias de que le pagaba a Traferri y a una red de políticos por ser sus lobistas. Esto pasa mucho antes de que Mariana Ortigala se convirtiera en testigo colaboradora del fiscal Edery. Los fiscales Moreno y Socca indicaron que hubo un encubrimiento de Edery hacia los delitos de Ortigala, que estaba conectada a la Banda de Los Monos y conocía al capitalista Peiti sobre el que tenía influencia. Socca dijo en juicio que Ortigala presionó a Peiti para que acusara a Serjal y por añadidura también a Traferri. Y que eso lo utilizó el fiscal Edery para direccionar la pesquisa contra los dos últimos asegurándole a ella impunidad. Esto es lo que el tribunal, de modo expreso, rechazó. La política santafesina dejó un mensaje indeleble sobre lo que significa apuntarla con motivaciones penales. El fiscal regional ahora condenado fue un eslabón fungible en una causa penal de corrupción más general y que involucra a sectores de influencia, lo que es notorio en el cerrojo informativo que pusieron los principales medios de prensa de Rosario desde el inicio de esta causa, cuyos detalles más íntimos e incómodos se conocen en otros que no son de la ciudad. Clave 4. Fiscales que acusan a fiscales. En septiembre de 2023 los fiscales Moreno y Socca llevaron a audiencia imputativa a Mariana Ortigala por ser parte de un grupo de extorsionadores que ejercían violencia, como amedrentar y producir balaceras, contra comerciantes a los que les exigían dinero. En el marco de esa audiencia Moreno acusó a Edery de encubrir delitos de Ortigala y omitir perseguirla. Esto llevó a un proceso disciplinario en el que Edery fue suspendido cuatro meses por la Legislatura. Se conocieron allí, por un teléfono que entregó Ortigala, que Edery había tenido conversaciones de contenido sexual con personas imputadas en la causa. Esto motivó su sanción legislativa con cuatro meses separado del cargo. Pero no le reprocharon a Edery haber actuado de modo ilegal en la causa de Serjal/Traferri. Sin embargo dos fiscales santafesinas le abrieron una causa a Edery y a la empleada Carla Belmonte por no investigar a Ortigala. Esto desencadenó lo que Traferri siempre peticionó: que lo corrieran a Edery de su acusación por direccionar el caso de modo ilegal contra él por motivaciones políticas. Lo que hizo este viernes el tribunal fue señalar que la investigación de Edery y Schiappa Pietra no tuvo ninguna ilicitud y que se basó en prueba. Todo está en la sentencia. En el alegato la fiscal Marisol Fabbro utilizó declaraciones que formuló la fiscal santafesina Bárbara Ilera que investiga a Edery a partir de la denuncia que le hicieron Moreno y Socca. Fabbro encontró significativo que Ilera dijera en el juicio que Serjal se había contactado con Moreno para proporcionarle información relacionada con la balacera con fines extorsivos en la calle Servando Bayo de 2019, donde Peiti tenía departamentos, uno de los cuales alquilaba a Mariana Ortigala. Ilera dijo que Serjal envió a Moreno ese legajo para sugerir que Edery había eludido investigar a Ortigala. Para ese momento Serjal estaba imputado por corrupción hacía tres años y estaba separado del MPA. Sin embargo ese legajo que indicaba una extorsión a Peiti no lo tenía Edery sino que era retenido por el propio Serjal que protegía todos los trámites que involucraban al capitalista de juego. Serjal le manda esa denuncia fotocopiada a Moreno, se deduce sin esfuerzo, para que éste profundice las denuncias contra Edery, quien precisamente lo había imputado a Serjal por cobrarle sobornos a Peiti. Esto era una forma elocuente de desacreditar a Edery. Moreno y Socca la utilizaron porque, efectivamente, le atribuyeron a Edery haber gambeteado investigar a Ortigala por la balacera extorsiva de Servando Bayo. Al declarar hace tres semanas en el juicio, el fiscal Socca había acusado a sus colegas abiertamente de utilizar la declaración de Peiti para direccionar la pesquisa contra Serjal y Traferri. En un pasaje posterior agregó: "Me causa gracia que digan que (con Moreno) beneficiamos a Traferri. Los que lo beneficiaron fueron los que lo investigaron y cometieron un montón de delitos en el camino". El fiscal Socca había acusado a sus colegas abiertamente de utilizar la declaración de Peiti para direccionar la pesquisa contra Serjal y Traferri: Me causa gracia que digan que con Moreno beneficiamos a Traferri. Los que lo beneficiaron fueron los que lo investigaron y cometieron un montón de delitos en el camino. El tribunal justamente esto lo rechazó en términos muy contundentes. No solo dijo que los fiscales iniciales no cometieron delitos al armar su caso. Los jueces dicen que esos dichos son "meras especulaciones del fiscal" y que evidencian "un desconocimiento o conocimiento superficial" del celular de la persona que dio a conocer la trama de corrupción en la fiscalía regional Rosario. Moreno y Socca fueron sin guardarse nada contra los fiscales Schiappa y Edery, que investigaban a Serjal y a Traferri, a los que acusaron públicamente de delinquir. ¿Por qué lo hicieron? Eso se debate sin pausa en claustros judiciales, políticos, periodísticos. Nada indica que no haya sido por convicción. Lo que sí es un hecho es que los jueces indicaron que la prueba que los fiscales iniciales obtuvieron para decir que senador y ex fiscal regional eran jefes de una asociación ilícita fue legal. Lo que no podían no saber es que lo que estaban haciendo al denunciar a los fiscales del caso iba a utilizarse en la estrategia defensiva de Traferri y de Serjal para demoler la imputación. No solo fue usada esa denuncia: se convirtió en el eje de la defensa en juicio del finalmente condenado. En el juicio donde se analizaban los delitos de Serjal sus defensores hablaron todo el tiempo de Edery y de la empleada Carla Belmonte. La idea del direccionamiento los jueces la rechazaron expresamente. Incluso citando en el fallo a quien está investigando al fiscal corrido de su cargo. La fiscal Ilera dijo que no hay elementos que autoricen a presumir que hubo un acuerdo de Edery y su empleada Belmonte con Ortigala para perjudicar a Serjal. En la Legislatura hubo dos funcionarios de otro ámbito -los fiscales federales Diego Iglesias y Matías Scilabra-- que señalaron durante el proceso a Edery que lejos de encubrir a Ortigala fue este fiscal quien les facilitó información sobre ella para proceder a imputarla. Nada de esto sirvió para generar una mirada con atenuaciones desde el Ministerio Público. Los costos para el MPA. La refriega de fiscales que empezó en 2023 recobró en el juicio una vigencia rebozante. Se notó muy claramente en la emocionalidad exacerbada, a duras penas contenida, entre los fiscales Socca que acusaba a Edery y la fiscal Fabbro que defendió lo actuado por los investigadores iniciales. Si algo es un hecho es que desde adentro del MPA lastimaron al equipo de la Agencia de Criminalidad Organizada. Corrieron a los fiscales cuya labor ahora resultó reivindicada por el fallo. Disolvieron la Agencia que había investigado con éxito las causas más complejas de Rosario, identificando a los actores de su violencia exasperada y logrando siempre condenas con explicaciones probadas de hechos tan graves como los atentados a doce objetivos del Poder Judicial, a la Banda de Los Monos, a la de Alvarado, y que demostraron incluso verdaderas omisiones de persecución al narcotráfico de la Justicia Federal de Rosario. El investigador de análisis telefónico de la Agencia renunció y se fue a Córdoba a trabajar de carpintero. La analista que descubrió los mecanismos de Alvarado para inculpar a otros, que recibió en su casa una caja con el cadáver de un gato mientras investigaba, está sujeta a una causa penal y tuvo que sacar un crédito bancario para pagarse la defensa. Schiappa Pietra fue asignado a la Unidad de Menores y Edery fue pasado a la Unidad de Siniestros Viales. A todos los expusieron públicamente como implicados en actos tramposos o ilícitos. El núcleo táctico de la defensa de Serjal fue presentar como principales testigos a cinco fiscales para demoler a sus colegas fiscales. Algunos de los investigadores que trabajaban en la agencia con aportes sustanciales sufrieron un menosprecio que no tuvo ninguna compañía institucional. El investigador de análisis telefónico de la Agencia renunció y se fue a Córdoba a trabajar de carpintero. La analista que descubrió los mecanismos de Alvarado para inculpar a otros, que recibió en su casa una caja con el cadáver de un gato mientras investigaba, está sujeta a una causa penal y tuvo que sacar un crédito bancario para pagarse la defensa. Schiappa Pietra fue asignado a la Unidad de Menores y Edery fue pasado a la Unidad de Siniestros Viales. A todos los expusieron públicamente como implicados en actos tramposos o ilícitos. Que el caso haya seguido con otros fiscales, como quería Traferri, no es necesaria evidencia de maduración institucional. Más allá del gran desempeño en juicio de los tres fiscales sucesores, el caso siguió en pie porque la prueba era tan abrumadora y tan pública que era imposible no hacerlo seguir. El costo de la causa de Traferri y Serjal va mucho más allá de los que pagaron los fiscales desplazados. La política santafesina dejó un mensaje indeleble sobre lo que significa apuntarla con motivaciones penales. El fiscal regional ahora condenado fue un eslabón fungible en una causa penal de corrupción más general y que involucra a sectores de influencia, lo que es notorio en el cerrojo informativo que pusieron los principales medios de prensa de Rosario desde el inicio de esta causa, cuyos detalles más íntimos e incómodos se conocen en otros que no son de la ciudad. Habrá que ver si el tipo de investigación que pegue en un actor central de la política, como lo fue Traferri durante años para la gobernabilidad de la política santafesina, incluso en la reciente Convención Constituyente, se mantiene. Los mensajes sobre el precio de hacerlo son más que elocuentes. Pesquisas nuevas hacia dirigentes políticos de este nivel hace tiempo que no se conocen. (*): publicado en La Política Online.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por