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Concordia » Hora Digital
Fecha: 16/11/2025 03:01
El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, defendió la gestión del gobierno libertario en el Comité contra la Tortura y rechazó informes de ONG, poniendo en duda la cifra oficial de desapare El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, encabezó la delegación argentina en la presentación anual ante el Comité contra la Tortura de la ONU, donde defendió la política del gobierno de Javier Milei y cuestionó duramente los informes presentados por organizaciones no gubernamentales. Baños denunció la existencia de “reportes falsos” y pidió una “memoria completa” que incluya a todas las víctimas de la violencia política, en un discurso que volvió a poner en debate la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar. La presentación tuvo lugar en Ginebra, Suiza, en paralelo a la firma de un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos en Casa Rosada. Durante el encuentro, Baños respondió a las críticas del Comité, que próximamente emitirá un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. El funcionario centró su defensa en cuestionar las fuentes utilizadas por los expertos y en reivindicar una revisión del relato histórico predominante, alineándose con posturas del ideólogo libertario Agustín Laje y de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Baños negó que el gobierno haya desmantelado políticas de memoria y aseguró que se mantienen “todas las obligaciones” en materia de verdad y justicia, aunque desde “una mirada amplia, no sesgada”. Rechazó las denuncias sobre el cierre de sitios de memoria o el abandono de archivos, señalando que se están realizando refacciones en lugares como la ex-ESMA y que nunca se cerraron el Archivo Nacional de la Memoria ni la ex-ESMA. En ese marco, sostuvo que existe un “relato impuesto” que no admite cuestionamientos sobre el número de desaparecidos y afirmó que “cuando uno cuestiona el famoso número de desaparecidos, automáticamente cae en el negacionismo”. Además, Baños destacó a las víctimas de las “milicias guerrilleras”, a las que atribuyó más de mil muertos, y lamentó que no hayan recibido memoria, justicia ni reparación. Citó a la Corte Penal Internacional para afirmar que esos crímenes son “de lesa humanidad” e “imprescriptibles”, en un discurso que contrastó con la reciente votación argentina en la Asamblea General de la ONU en contra de la orden de arresto contra Benjamin Netanyahu, aliado de Milei y Trump, por crímenes en Gaza. En el plano político, Baños acusó a algunas organizaciones de derechos humanos de hacer “un negocio de la defensa de los derechos humanos” y de estar involucradas en actos de corrupción, mientras que calificó de “lobby” internacional los cuestionamientos al gobierno libertario. Rechazó que la Secretaría de Derechos Humanos haya sido “desmantelada” y denunció que en gobiernos anteriores se convirtió en “una bolsa de trabajo para organismos ideologizados”. También presentó cifras sobre reparaciones económicas, indicando que entre enero y la fecha se realizaron 64 pagos por un total de 2.759 millones de pesos. La delegación argentina respondió además a cuestionamientos sobre la institucionalidad y las políticas de seguridad, como la degradación de la Secretaría a subsecretaría, el uso extensivo de decretos de necesidad y urgencia, la demora en nombramientos judiciales y el protocolo Antipiquetes. Baños intentó mostrar un compromiso con el Comité contra la Tortura, aunque Argentina se retiró recientemente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y cuestionó otros eventos multilaterales. La audiencia continuará con la elaboración de un dictamen escrito por el Comité, que evaluará si Argentina cumple con la Convención contra la Tortura. El periodista argentino radicado en Ginebra Juan Gasparini explicó que estas comparecencias funcionan como un tribunal que juzga al país y que las ONG suelen presentar informes propios con pruebas que los expertos consideran para sus observaciones. El informe final se espera para las próximas semanas y podría impactar en la imagen internacional del gobierno de Milei frente al sistema de Naciones Unidas.
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