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» Diario Cordoba
Fecha: 13/11/2025 03:45
Será el jueves 13, día en que estas líneas sean publicadas, cuando toque a defensas y acusaciones hacer sus respectivos alegatos en el juicio más mediático de los últimos tiempos, quedando visto para sentencia. La impresión que tengo es de una utilización por el Gobierno, para visibilizar, publicitar y dar pábulo incontestable a la confesa declaración de la comisión de dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental por la pareja de la Sra. Ayuso -o más bien por su letrado-, a través del correo electrónico filtrado a la Cadena Ser, por nadie sabe quién, proponiendo un acuerdo al ministerio fiscal. El Fiscal General del Estado y sus defensores sostienen que la filtración -no de aguas residuales precisamente, pero igual de pestilentes-, salió de la tercera planta, con lo que por indirectas muy directas se culpa de la misma a la Fiscal Superior de Madrid, Dña. Almudena Lastra. La aludida ha declarado que la conversación que mantuvo con el Sr. García Ortiz fue en los siguientes términos: - Lastra: ¿Has filtrado los correos? - García Ortiz: Eso ahora no importa. Hay que sacar ya la nota e Íñigo no quiere. Cierto es que, hasta el momento de redactar ese alegato, no existen pruebas concluyentes capaces de hacer indubitada la autoría del Fiscal General del Estado en esta filtración constitutiva de un delito de revelación de secretos por funcionario público del art. 417 del Código Penal y por el que por la acusación del Sr. González Amador se solicita una pena privativa de libertad de 4 años de prisión, inhabilitación para cargo público y 300.000 euros de indemnización. Solo hay indicios: No quiso el acusado entregar su teléfono móvil por tener en él almacenados datos «ultrasensibles» que hizo desaparecer y cambió de dispositivo móvil una semana justo después de ser encausado. A tenor de varias declaraciones de periodistas ya efectuadas, afirmadas, pero no avaladas con pruebas documentales, ellos ya supieron por otras personas del contenido de esos correos antes de la filtración que se enjuicia. Dada la pérdida de confianza absoluta de los ciudadanos en las instituciones políticas, se nos está haciendo creer que vivimos en un país tan garantista de los derechos individuales que si hay que encausar a todo un Fiscal General del Estado, pues… «sujétame el cubata». Luego iremos al Constitucional. Siguen politizando la justicia y para demostrar quién manda, aprovechando la Ley de «eficiencia» (¡ja!) de la Justicia, han encargado cartelería judicial para identificar los Juzgados en la que al lado del nombre reza: «Gobierno de España». Ya dictó sentencia hace un lustro nuestro Presidente: ¿Y la Fiscalía de quién depende? Pues ya está. *Abogada experta en Derecho del Trabajo y Seguridad Social
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