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» Diario Cordoba
Fecha: 11/11/2025 17:58
El periodista de la cadena Ser Miguel Ángel Campos, que fue el primero en informar sobre el reconocimiento de los delitos de fraude a Hacienda en el correo electrónico que la defensa del empresario Alberto González Amador envió a la Fiscalía, ha relatado este martes tras la reanudación del juicio contra el fiscal general del Estado que conoció el texto de este mail porque se lo mostró una fuente horas antes de que llegara al correo electrónico de Álvaro García Ortiz, lo que ocurrió a las 21.59 del 13 de marzo de 2024. Otro periodista, el que fuera subdirector de El País José Manuel Romero, ha confirmado que conocían el secreto que supuestamente fue revelado "mucho antes de que el fiscal general se pusiera a buscarlo", pues se lo contó un día antes una fuente "de toda solvencia de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid". La sesión comenzó este martes con la declaración del decano de los abogados de Madrid, Eugenio Ribón, que ha revelado que la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, le confesó sentirse "como un sándwich", presionada "por arriba y por abajo", en relación con las órdenes que estaba recibiendo por la nota fiscal en la que se revelaban datos confidenciales sobre el pacto que proponía la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ribón había llamado Rodríguez tras ver la nota de prensa -la que difundió la Fiscalía General tras la publicación de la información en la que se decía que Hacienda ofreció un pacto a González Amador-, que había provocado una "alarma y desconcierto absoluto" en la Abogacía española, dado que en ella se revelaban datos que podrían perjudicar a la defensa de un ciudadano, como suponía el reconocimiento de la comisión de los dos delitos de fraude a Hacienda por los que Alberto González Amador había sido denunciado. Durante la conversación, Ribón advirtió que Rodríguez no era "consciente” de la vulneración del derecho de defensa de la nota de prensa, en la que se da cuenta de las conversaciones entre defensor y ministerio público. Al comenzar el interrogatorio, la defensa del fiscal general del Estado, ejercida por la Abogacía del Estado ha protestado al considerar que Ribón declaraba como testigo y no como perito, porque había intentado explicar el protocolo de conformidades que se desarrolla habitualmente en los juzgados madrileños. El presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, ha rechazado la objeción de la defensa, al entender que, como testigo, podía responder sobre las comunicaciones entre abogados y fiscal como testigo sin ser perito. Comunidacado conjunto Ribón también ha relatado cómo, tras hablar con Rodríguez, fue contactado por el propio fiscal general, que le citó a una reunión en la que estuvo solo frente al fiscal general y otros cinco fiscales. En ella García Ortiz planteó elaborar una nota de prensa conjunta entre Fiscalía y la Abogacía que, en opinión del decano, no buscaba más que "poner paños calientes sobre la nota de la Fiscalía". Ribón le respondió que esa no era la razón por la que había acudido a la reunión, que el asunto "trascendía por su gravedad" esa solución y que lo que esperaban era "una investigación y depuración de responsabilidades". A preguntas de la defensa del fiscal general sobre por qué no actuó con el correo filtrado por el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, Eugenio Ribón sostuvo que a lo que el Colegio dio “relevancia es a la publicación de la nota de la Fiscalía Provincial”. “El Colegio actúa sobre la nota de prensa de la Fiscalía Provincial, que es cuando entiende que el abogado pierde su libertad, y sin abogados independientes ni jueces independientes no hay Estado de derecho”, insistió el decano, que lo separó de una mera información sobre la que nunca se habría pronunciado. Otros testigos La fiscal jefa de Inspección de la Fiscalía General del Estado, María Antonia Sanz Gaite, declaró que dictó un decreto de archivo de los expedientes gubernativos abiertos inicialmente a partir, primero, de una denuncia de Manos Limpias y después de la del Colegio de Abogacía sobre este asunto, al haber abierto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el procedimiento penal que ha conducido al juicio. Como después tuvo conocimiento oficial de que ni la fiscal Rodríguez ni el fiscal Julián Salto (el asignado al caso de González Amador) iban a ser sometidos a juicio, ya que solo se sienta en el banquillo el fiscal general, acordó que como se habían limitado a obedecer órdenes y en septiembre archivó sendos expedientes. El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press Por su parte, el fiscal del Supremo delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo de Morillo, ha explicado que él actúa de oficio cuando puede haber una vulnerabilidad en este campo, pero ha añadido que la nota de prensa sobre el caso de González Amador, que observó "cuando se difundió" y que, en su opinión, "no constituye una violación de seguridad". "¿Si hay fiscales hablando de filtraciones de seguridad usted investiga?", le ha preguntado Gabriel Rodríguez Ramos, que representa la acusación particular que ejerce el empresario: "Si hablan delante de mí, sí", ha respondido, para añadir que no existe autoridad de control respecto de estos temas. Borrado vs Diógenes Hidalgo de Morillo también ha sido preguntado en relación con el borrado que realizó García Ortiz de sus dispositivos electrónicos, conocido cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió a registrar su despacho al inicio de la investigación contra él. Ha dicho que a él le informaron del borrado, pero considera que el envío al Gmail del fiscal general de los correos de la defensa de González Amador era materia jurisdiccional. "No tenían por qué informarme", ha incidido. En este sentido ha comentado que los protocolos de tratamiento de datos son "sugerencias", no de imposición directa, y ha llegado a afirmar que no hay una normativa "clara" para el tratamiento de los datos en los dispositivos que facilita Justicia a los fiscales, cuando estos dispositivos deben ser desechados. Por otra parte, y a preguntas del abogado de la acusación popular ejercida por Manos Limpias, Víctor Soriano, el responsable de la protección de datos en la Fiscalía ha incidido en que los datos se deben conservar mientras son necesarios, mientras cumplan su finalidad, una vez ocurre esto deben ser borrados. Hasta que se dicte una instrucción concreta, los responsables de tomar esta decisión son los responsables de cada departamento, puesto que también se pueden dar un uso histórico a los datos, según ha explicado. "Una de las cosas por las que vengo luchando es por el síndrome de Diógenes en los dispositivos", ha señalado, pues todos quieren guardar sus informes y documentos. Ello, asegura, contribuye a minorar los riesgos. El testimonio del periodista El periodista Miguel Ángel Campos, de la cadena Ser, y que fue el primero en informar sobre el reconocimiento de la comisión de los delitos fiscales por la defensa de González Amador. "Llamé a todo el mundo y a las dos y pico hablo con una persona que me dice que ha empezado un acuerdo de conformidad. Me dice 'Vente y te lo enseño'", ha relatado el periodista, que se ha acogido a su derecho a no revelar sus fuentes cuando el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso le ha preguntado. "Una fuente no es el primero que pasa por ahí", ha explicado el periodista, para añadir que es "alguien con el que tardas meses, o años, en labrar esa relación de confianza". "Es gente con un conocimiento directo y garantiza el derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz, si no es por ellos los periodistas seríamos meros voceros del poder político o económico", ha argumentado el periodista Campos ante el tribunal. Ha explicado que, horas antes de que el mail fuera enviado al fiscal general del Estado, su fuente le dejó "escribir entero" el correo y acuerdan que se publique, pero cuando está volviendo a la redacción, la fuente le "llama otra vez y le dice que no" lo publicara que de hacerlo se metería en un lío, porque no sabe "cuántas personas pueden tener acceso a esto y no le deja publicarlo". A partir de ahí se pone en contacto con decenas de personas, incluido el propio Carlos Neira, para intentar de confirmar lo que había visto en la pantalla del ordenador de su fuente. Según su relato como testigo, cuando El Mundo publicó la noticia de que el intento de conformidad partía de la fiscalía en vez de la defensa, el periodista asegura que “en ningún momento” habló con García Ortiz, aunque le llamó y saltó el buzón de voz. También llamó en ese momento a su fuente, pero sin éxito. Explicó que su web no publicó nada, porque él sabía que esa fuente era falsa, hasta que a las "11 menos algo" de la noche consiguió contactar con su fuente y logró autorización para contar el correo, porque como ya se había publicado. Fiscalía de Madrid como fuente El periodista José Manuel Romero, que era subdirector de El País y ahora director adjunto de elDiario.es, ha declarado que una "fuente de toda solvencia de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid", él está convencido que "en legítima defensa", le dijo ya el 12 de marzo -tras publicarse la denuncia contra la pareja de Díaz Ayuso-, que el asunto de González Amador no podía interpretarse como una persecución política porque, de hecho, la defensa del empresario había propuesto un acuerdo reconociendo los delitos. Lo hizo después de que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid redactara un tuit señalando que el fiscal provincial de Madrid, a la que se refería como fiscal del caso, había tenido un cargo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En todo caso, afirma que nunca tuvo acceso al correo que se publicó el 13 de marzo y cuya filtración sustenta la acusación contra Álvaro García Ortiz. Tras conocer dicha información puso a su equipo a intentar confirmarla. Cuando se dirigió a Fiscalía General por este asunto les dijeron que estaban tratando de recabar información. En la sesión de la tarde, el periodista de El País Fernando Peinado reconoció, a preguntas del abogado del Estado, que ese día su jefa le mandó un mensaje el día 12 de marzo para que confirme que Alberto González Amador "va a pagar, es decir el reconocimiento del delito", por fraude fiscal. "Teníamos claro el reconocimiento del delito, que había una voluntad de reconocerlo y pagar", ha señalado el testigo. Su jefa, Berta Ferrero, ha confirmado todos estos extremos, y ha añadido que ese día cubrían otros frentes, como la investigación a la empresa Maxwell Cremona o quienes eran los socios de la pareja de Ayuso. Como no lo consiguieron, siguieron trabajando en otros frentes. Todo ello fue corroborado por otro periodista de El País, Juan José Mateo. Cynthia Coiduras, periodista de El Plural, se ha acogido al secreto profesional en relación con el contenido del correo que fue publicado por este medio, a la que tuvo acceso sobre las 8 de la mañana del 14 de marzo de 2024. Reconoce que la imagen del mail fueron los primeros en publicarlo, pero el contenido ya lo habían dado a conocer otros medios el día anterior.
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