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Fecha: 11/11/2025 11:59
Allí el gobierno libertario derogó el Decreto 2417/1993 que durante más de 30 años reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en la Argentina. Esta norma obligaba a los colegios privados con subsidio estatal a comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa para cualquier modificación en sus aranceles. El presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Entre los considerandos de la medida, el gobierno libertario advirtió que la norma ahora derogada presentaba «limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”. Y señala que «la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”. En ese sentido destaca que la exigencia de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con antelación “limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”. El decreto también pone el foco en el derecho de propiedad de los institutos privados, al afirmar que “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”. Y advierte que la rigidez de las tarifas impuestas por el Estado “puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización de la autoridad correspondiente”.
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