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Parana » Litoral FM
Fecha: 10/11/2025 20:26
El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos (TCER) dio a conocer un informe en el que detalla el estado de diversas investigaciones y expedientes vinculados a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), en el marco de la reciente causa judicial por presuntos sobreprecios que motivó una serie de allanamientos en Paraná, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Según el documento remitido por el organismo de control, las actuaciones en curso abarcan una amplia gama de irregularidades administrativas, contables y técnicas, y reflejan un panorama complejo en la rendición de cuentas del ente vial provincial. Juicios de Cuentas en curso El TCER informó que mantiene activos Juicios de Cuentas iniciados a funcionarios de la anterior gestión de la DPV por un monto aproximado de $38 millones (capital histórico). Estos procesos se originaron a partir de la falta de documentación respaldatoria válida de operaciones de compra o deficiencias en la documentación presentada, impidiendo su validación como respaldo de gastos públicos. Además, el Tribunal indicó que numerosas rendiciones de cuentas se encuentran en etapa final de análisis, y que de ellas podrían derivarse nuevos Juicios de Cuentas, lo que ampliaría considerablemente los montos en revisión. Investigaciones administrativas y patrimoniales El TCER tramita actualmente una serie de expedientes en los que se analiza la responsabilidad administrativa y patrimonial de funcionarios y empleados de la Dirección Provincial de Vialidad. Entre los principales puntos mencionados se destacan: Maquinaria vial en estado de abandono o desguace: se relevó el estado de equipos asignados a distintas Direcciones Zonales y a la sede central, donde se detectaron irregularidades que podrían implicar perjuicios fiscales. Cobro de multas por excesos de carga: la DPV registra una cifra histórica de $134,5 millones en multas aplicadas a empresas de transporte. Se constató un sistema de cobro deficiente, motivo por el cual el Tribunal recomendó acciones correctivas. Parte de la gestión de cobro fue derivada a la Fiscalía de Estado. Desperfectos en rutas provinciales 38 y 39: se investigan fallas detectadas poco después de la finalización de las obras. El Tribunal inició sumarios administrativos a agentes encargados de la inspección y a responsables técnicos por presunta impericia, situación que podría traducirse en un perjuicio al Estado. Compras de combustible y lubricantes: en el marco del programa YPF en Ruta, se detectaron inconsistencias en cargas de combustible —por ejemplo, repetición de cargas en lapsos en los que no era posible el consumo declarado—, lo que indicaría posibles perjuicios fiscales. Rendiciones de gastos con comprobantes duplicados: se investiga una orden de pago de $950.000 (valor histórico) rendida con documentación duplicada, en un caso detectado en la Cantera Costa del Uruguay. Control de vales de combustible: en vales de consumo interno previos a 2021 se hallaron falencias en la identificación de choferes, vehículos y destinos , motivo por el cual se dictaron nuevas normas regulatorias. Contrataciones directas y redeterminaciones de precios: se examinan operaciones por $48,5 millones (capital histórico) relacionadas con compras de materiales, combustibles y certificaciones de obra, cuestionándose tanto los procedimientos de adquisición como los valores abonados. Investigaciones sobre sobreprecios El Tribunal indicó que también se analizan situaciones recientes vinculadas a presuntos sobreprecios en compras y contrataciones, con controles específicos sobre proveedores, documentación tributaria, certificados de libre deuda y precios consignados en presupuestos oficiales. Los principales rubros bajo revisión incluyen láminas refractarias para cartelería, bombas e inyectores, combustibles y lubricantes, repuestos para maquinaria vial, neumáticos, caños de hormigón y vestimenta de trabajo. Controles sobre el personal Entre las tareas de control se encuentran los relevamientos sobre inasistencias injustificadas, cobro de adicionales (por desarraigo o destino en obra), y cruces de datos entre fichajes y comisiones de servicio. También se investiga la presunta falta de prestación de servicios por parte de determinados agentes y funcionarios. Expedientes abiertos en 2024 y 2025 El informe detalla además una serie de actuaciones iniciadas en los últimos dos años: Convenios con consorcios camineros: revisión de pagos de intereses resarcitorios por certificados de obra abonados fuera de término. Reclamos por intereses devengados: control de los intereses abonados por la DPV en períodos anteriores. Pagos de honorarios judiciales: análisis de causas en las que el organismo fue condenado, los pagos realizados y eventuales responsabilidades. Adquisición de insumos con carácter de urgente: revisión de compras de pintura para señalización, su stock y destino. Operaciones de compra de insumos, repuestos y obras: revisión de reparaciones de vehículos, certificaciones, redeterminaciones de precios y compras bajo el programa YPF Ruta. La causa que motivó los allanamientos En relación con la denuncia presentada por las actuales autoridades de la DPV sobre posibles sobreprecios, el Tribunal confirmó que todas las operaciones cuestionadas se encuentran comprendidas dentro de las auditorías correspondientes al ejercicio 2024. “Las compras denunciadas están incluidas en las muestras determinadas por la Auditoría del Tribunal de Cuentas para el análisis del ejercicio en curso, y se les está efectuando un exhaustivo control”, señala el documento oficial. Cabe recordar que en el marco de esta causa se realizaron alrededor de 15 allanamientos en distintas provincias, involucrando tanto a funcionarios del organismo como a empresarios.
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