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Concordia » Nuevaprensaentrerios
Fecha: 10/11/2025 13:50
En Concordia, cuatro grandes asentamientos concentran a miles de familias, mientras que continúan apareciendo ocupaciones menores en distintos puntos de la ciudad. autoridades municipales —Claudio Purgat, subsecretario de Seguridad Ciudadana; Martín Amiano, director de Prevención y Seguridad, ambas áreas dependientes de la Secretaría de Gobierno; y Sebastián Arístide, secretario de Desarrollo Humano— para conocer el panorama actual, las causas y el modo en que se interviene ante cada caso. La problemática de las usurpaciones y los asentamientos informales en Concordia no es nueva, pero sigue siendo uno de los temas más sensibles y complejos de abordar. Según explicaron desde Seguridad Ciudadana, existen actualmente cuatro grandes asentamientos consolidados —Pampa Soler, 27 de Noviembre, La Bianca y La Arrocera—, además de pequeñas ocupaciones dispersas en zonas periféricas como Benito Legerén, José Hernández y la Ruta Provincial 22. Una realidad con raíces antiguas Desde la Secretaría de Desarrollo Humano, Sebastián Arístide explicó que estos asentamientos tienen una larga historia. “Tenemos registrados tres grandes asentamientos: Pampa Soler, que es el más grande de todos, con más de mil familias; el 27 de Noviembre, con alrededor de 400; y La Arrocera, donde viven más de 300 familias. Después hay muchas ocupaciones menores, que pueden abarcar entre 8 y 10 manzanas”, señaló. Las ocupaciones, sin embargo, no son recientes. “En muchos casos, se dieron hace 15 o 20 años. Hubo familias que se separaron o perdieron el acceso a una vivienda, y aprovecharon la oportunidad de ocupar un terreno. Algunas de esas ocupaciones fueron promovidas por punteros o funcionarios de turno. Hoy esas familias son más víctimas del sistema que otra cosa: no pueden acceder a un crédito, ni comprar un terreno, y se ven forzadas a permanecer donde están”, explicó Arístide. El funcionario aclaró que los asentamientos actuales son el resultado de procesos sociales, económicos y políticos complejos. “Hay derechos consolidados y la presencia de familias con chicos y adultos mayores hace que los procesos judiciales sean lentos y difíciles. La solución no pasa por sacar gente, sino por educar, acompañar y garantizar acceso real a la tierra. Es una cuestión de educación y valores, pero también de oportunidades”, agregó. Protocolo y posibles escenarios ante una usurpación Desde la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Claudio Purgat y Martín Amiano detallaron cómo se trabaja actualmente en la prevención. “Hoy el municipio interviene cuando hay una usurpación en proceso, es decir, cuando el delito todavía no se consumó. Si encontramos una casilla a medio construir o una pared marcada, actuamos de inmediato junto a la policía para desactivarla”, explicaron. El protocolo establece tres escenarios posibles; Si hay flagrancia —es decir, si el hecho ocurre en ese momento—, se interviene de inmediato. “Si es municipal, actuamos nosotros directamente junto a la policía. Si es privado, localizamos al propietario para que radique la denuncia y se desarma la estructura en conjunto con la justicia”, explicó Amiano. Si no hay flagrancia, pero el terreno es municipal, el municipio realiza la denuncia y espera la orden del fiscal para proceder al desalojo. Y si el terreno es privado y la ocupación ya está consolidada, el caso pasa a la vía civil. “El particular debe iniciar un juicio de desalojo y una denuncia penal por usurpación. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Pampa Soler y Fátima. Son procesos lentos, pero la ley lo exige”, aclararon los funcionarios. El protocolo también contempla la intervención de otras áreas municipales, como Servicios Públicos, que asiste con camiones y logística, y el acompañamiento de la fiscalía, que se mantiene informada de cada actuación. “Tenemos registradas más de 112 denuncias formales ante la fiscalía sobre usurpaciones municipales. Siempre damos aviso para que, si hay responsables identificables, se los pueda investigar”, detallaron. El trabajo en territorio Los funcionarios destacaron que desde la creación de la Unidad Operativa de Seguridad Ciudadana, hace cinco años, se logró una eficacia del 95% en la desactivación de intentos de usurpación. “Intervenimos en más de 210 casos, y solo dos no pudieron resolverse porque se trataba de terrenos privados con herederos ausentes. En todo lo demás actuamos con éxito”, detalló Amiano. Los funcionarios remarcaron que la coordinación con la policía fue clave para alcanzar estos niveles de eficacia. “Es la primera vez que logramos un trabajo conjunto tan sólido. Antes no teníamos ese acompañamiento, y eso complicaba todo. Hoy hay una articulación real entre municipio, policía y fiscalía, lo que permite actuar rápido y dentro del marco legal”, destacó Purgat. Uno de los casos más recientes y pequeños es el asentamiento ubicado sobre la Ruta Provincial 22, conocido como “el del Martillo Viejo”. “Es una ocupación chica, sobre terreno privado. En su momento lo abordamos y se desalojó parcialmente. Hoy hay una denuncia en curso, por lo que interviene la justicia. Si necesitan colaboración, estamos a disposición”, explicaron desde Seguridad Ciudadana. Casos similares se registran en la zona norte y en barrios como La Bianca, donde se detectaron usurpaciones sobre terrenos privados, lo que dificulta la actuación directa del municipio. “Cuando se trata de un predio privado, se notifica al propietario para que radique la denuncia correspondiente. Nosotros acompañamos el proceso, pero ya entra en la órbita judicial”, señalaron. Una política de Estado que busca anticiparse Tanto desde Desarrollo Humano como desde Seguridad Ciudadana coinciden en que la prevención es clave. “Erradicar un asentamiento es muy difícil, por eso la prioridad es evitar que se formen nuevos. Hoy hay una política clara del intendente Francisco Azcue: actuar inmediatamente cuando se detecta una usurpación y trabajar coordinadamente con la provincia y la policía”, explicó Purgat. A pesar de los avances, el problema de fondo sigue siendo estructural. “Mientras no haya políticas sostenidas de acceso a la tierra y a la vivienda, esta situación va a seguir siendo latente. La falta de oportunidades empuja a las familias a ocupar, y eso solo puede revertirse con planificación, educación y compromiso social”, afirmaron desde la Secretaría de Desarrollo Humano. Los funcionarios insistieron en que la erradicación forzada no es la solución, y que el enfoque debe ser integral: prevención, asistencia y acceso real a la vivienda digna. “Detrás de cada usurpación hay una historia social. La gente no sale a ocupar por gusto, sino porque no encuentra otra alternativa. Pero también es cierto que debemos garantizar el respeto por la propiedad y las normas. El equilibrio está en acompañar sin convalidar lo ilegal”, concluyeron. Fuente: Despertar Entrerriano
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