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Diamante » Diamantefm
Fecha: 09/11/2025 22:48
La Nación habló con médicos, abogados, especialistas en bioética y legisladores que, en su mayoría, coincidieron en que si bien existen proyectos para legalizar la muerte digna en el país y hay un amplio apoyo de la sociedad civil, aún es un debate pendiente al que le faltan avances. Quienes se oponen sostienen que el camino es fortalecer los cuidados paliativos. Consultados, desde el Arzobispado de Buenos Aires y la Conferencia Episcopal Argentina no realizaron comentarios sobre el tema. “Actualmente hay cuatro proyectos que tienen estado parlamentario: tres en Diputados –uno de Miguel Ángel Pichetto, otro de Carolina Gaillard y el de Gabriela Estévez– y uno en el Senado, de Mariana Juri”, informó Mara Brawer, autora de otro proyecto de ley presentado en 2022 que perdió estado parlamentario. “Por el momento no avanzó ninguno”, detalló. Según Mario Sebastiani, médico especialista en obstetricia del Hospital Italiano y hace años movilizado en defensa de la muerte asistida, la ley uruguaya representa un paso muy importante. “Tener a un país limítrofe y con el prestigio de Uruguay con este avance puede mover un poco las cabezas de nuestros legisladores. Es curioso, porque tenemos buenos proyectos y sin embargo no se debate el tema. No veo dónde está el motivo, porque es un problema de salud pública que puede beneficiar a personas”, sostuvo. Respecto de los sectores que empujan por estos proyectos y la opinión de la sociedad argentina sobre el tema, Brawer opinó: “Si vos ves los firmantes de estos proyectos y los anteriores, hay personas de todas las ideologías y partidos políticos, incluso las personas con valores religiosos. El acompañamiento es muy transversal. No dudo que el apoyo social está muy bien”. La Argentina fue pionera en sancionar la Ley 26.742 de muerte digna en 2012, que reconoce la posibilidad de rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida o incrementen el sufrimiento cuando la enfermedad es incurable o terminal. Sin embargo, esta ley no permite la eutanasia activa, es decir, no autoriza procedimientos para causar la muerte directamente, sino que se enfoca en el derecho del paciente a no prolongar su vida. En el caso de los proyectos argentinos vigentes, Brawer dijo que si bien hay algunas diferencias de forma entre los mismos, no son diferencias de fondo. “Algunos proyectos autorizan a menores de edad y otros no, esa es la cuestión más de fondo. Pero en todos los casos lo que queda claro es que es una decisión personalísima que no puede ser delegada a un tercero. La persona debe manifestar su voluntad de recibir la eutanasia y, si no hizo voluntad anticipada, no se puede aplicar. Por supuesto todos los proyectos argentinos contemplan un procedimiento, interviene más de un médico, la persona está asesorada por un equipo interdisciplinario y antes se tiene que cumplir con la ley de cuidados paliativos”, describió. En línea con Brawer y Sebastiani, Maglio dijo: “Es interesante destacar que todos los proyectos un poco sobrevolaron la grieta porque tanto los sectores de la más extrema derecha como los del centro y de izquierda coinciden en que se trata de asegurar el derecho de la interrupción voluntaria de la vida, de evitar un padecimiento inútil, y de resguardar la integridad y dignidad personal. Esperemos que no pierdan estado parlamentario y los legisladores estén a la altura de las circunstancias”. Agregó que, al igual que cuando se debatía la interrupción voluntaria del embarazo, se trata de un tema de salud pública. “Todos sabemos que a pesar de estar prohibida, hay prácticas clandestinas de eutanasia y, al igual que ocurre con el aborto, hay un doble estándar. Aquellas personas que tienen condiciones económicas favorables y contactos pueden acceder a una eutanasia segura, pacífica y digna, pero hay una parte grande de la población que no tiene estos recursos y recurre a métodos cruentos. Lo más lamentable es que cuando no consiguen su propósito, quedan en situaciones de tremendo dolor”, denunció. Mary Coller, médica paliativista, docente, investigadora y coordinadora de un programa provincial público de cuidados paliativos, está a favor de la aplicación de la ley de eutanasia siempre y cuando existan las instancias previas de cuidados paliativos y acompañamientos de los pacientes y sus familias. La legalización de la eutanasia no es una autorización para matar personas. “Es una autorización para que se ayude a quien lo pide. Ayudar a morir es un acto de amor y de compasión. En cambio, no ayudar a alguien que quiere morir y cruzarse de brazos como hacemos ahora”. Como sociedad nos debemos esta discusión. “Puede ser que los sistemas sanitarios no estén preparados, pero es una demanda de la sociedad sin duda y los sistemas de salud tendrán que prepararse como corresponde. Muchas veces es al revés, lo que se ofrece no es lo que la sociedad demanda. Muchos de los cambios que se han producido en materia de derechos de los pacientes tienen que ver primero con demandas sociales, como ocurrió con el aborto o la ley de parto respetado, creo que este es un caso similar”, expresó. “Hoy la mejor respuesta al sufrimiento en circunstancias de enfermedad es la implementación de los cuidados paliativos. Está absolutamente demostrado que en una inmensa mayoría de los casos previenen el sufrimiento innecesario y lo alivian significativamente. No se trata de un tema de derechos, el tema de fondo es cómo nos posicionamos como sociedad frente al sufrimiento humano de cara a nuestra condición de seres mortales. Es una ilusión pretender abolir el sufrimiento, es parte de nuestra naturaleza, pero es posible aprender a reducirlo, aceptarlo y trascenderlo. Pienso que ningún ser humano está habilitado para quitar la vida a otro. El verdadero gesto compasivo es acompañar con ciencia, alivio y esperanza”, dijo. (LaNación)
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