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» El Ciudadano
Fecha: 09/11/2025 06:36
El titular de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal, Abel Córdoba, y la auxiliar fiscal Mara López Legaspi, culminaron ayer su alegato y solicitaron penas de hasta 25 años de prisión para tres expenitenciarios en el juicio por la denominada “Masacre del Pabellón Séptimo”, ocurrida en 1978 en la que 153 detenidos fueron sometidos a tormentos y 65 de ellos murieron como resultado de la represión violenta y el incendio que se produjo en el lugar. También pidieron que los hechos sean declarados como delitos de lesa humanidad y requirieron medidas de reparación para las víctimas, entre otras, que son procedentes ante la violación de derechos humanos. Los pedidos fueron formulados en el marco de la tercera y última audiencia de alegato del Ministerio Público Fiscal que se había iniciado el 15 de octubre pasado, y ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°5, integrado por los jueces Nicolás Toselli (presidente), Daniel Obligado y Adriana Palliotti. En la audiencia, que fue transmitida en el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación, la fiscalía solicitó que el exdirector del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz, y el exjefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galíndez, sean condenados a 25 años de prisión. En tanto, para el excelador de la División Seguridad Interna, Gregorio Bernardo Zerda, requirió la pena de 22 años de prisión. El MPF pidió que los imputados sean condenados en calidad de coautores por el delito de tormentos seguidos de muerte reiterado en 65 oportunidades y tormentos reiterados en 88 ocasiones. La fiscalía concluyó que está probada la responsabilidad de los acusados en la preparación y ejecución de una irrupción violenta con decenas de agentes al interior del Pabellón 7° de la Unidad Penitenciaria N°2 de Villa Devoto, durante la que golpearon brutalmente a los detenidos, contra quienes emprendieron también un ataque armado y, una vez iniciado un incendio, no interrumpieron los hechos sino que continuaron las agresiones incluso después de que el fuego se apagara solo y los detenidos fueran retirados del pabellón. Córdoba recordó que, en ese escenario de cuerpos quemados y detenidos heridos, al sacar a los sobrevivientes del pabellón, los penitenciarios continuaron golpeándolos en todo el trayecto hasta el sector de buzones hacia donde los trasladaron, tal como declararon los sobrevivientes. En la inspección judicial que durante el debate se hizo en el penal, dos de ellos participaron y reconocieron los sitios donde ocurrieron esos hechos. La fiscalía enfatizó que el propósito de ese despliegue no fue realizar una requisa regular sino someter a los detenidos a una “agresión aleccionadora” y a una “humillación masiva”. Finalidad aleccionadora para todo el sistema carcelario En la audiencia de ayer y previo al pedido de penas, el fiscal Córdoba exhibió las fotos de las víctimas fatales con el daño causado por la represión y el fuego con el fin de dimensionar los crímenes. Además, sostuvo que los imputados desarrollaron un “despliegue de humillación, tortura y muerte”. “El resultado era similar a una escena bélica, pero lo ocurrido realmente era una masacre ejecutada directamente contra los detenidos”, señaló el representante del Ministerio Público Fiscal. En el mismo sentido, pero en la audiencia del 29 de octubre último -durante la cual el MPF desarrolló la segunda parte de su alegato-, Córdoba describió la escena de los hechos y puntualizó: “El aire se volvió irrespirable y el pabellón se convirtió en una cámara de gas». “Se lanzaron gases y utilizaron armas de fuego. Además de golpear e infligir tormentos a las víctimas” subrayó el representante del Ministerio Público Fiscal. A su vez, reconstruyó que “los agentes penitenciarios dispararon con ametralladora desde el entrepiso contra personas presas desarmadas”. En este marco, Córdoba citó testimonios de víctimas que escucharon los gritos de los agentes penitenciarios que vociferaron: “Quémense como ratas!”. Para el fiscal general, los imputados ejecutaron acción deliberada de imponer sufrimiento colectivo a todos los detenidos. Córdoba calificó los hechos abordados en el juicio como “actos de violencia absoluta, que remiten a una voluntad de aniquilación de las víctimas” y afirmó que el accionar de los imputados implicó “negar la condición humana de los detenidos”. “Las autopsias, las historias clínicas, las actas y los testimonios de los sobrevivientes permiten confirmar la escala de la violencia y la crueldad de los agentes penitenciarios en la ofensiva”, resumió el fiscal, en relación a la carga probatoria presentada durante este juicio, iniciado en octubre de 2024. Por último, la fiscalía de juicio contextualizó históricamente los crímenes y sostuvo que es un elemento definitorio para categorizar los delitos como crímenes contra la humanidad, a la vez que señaló que, al momento de decidir, no puede ser la condición de las víctimas sino los actos de los imputados los que deben analizarse. Tras la finalización del alegato, el tribunal dispuso de un cuarto intermedio hasta el próximo 12 de noviembre, cuando se dará inicio al alegato de las defensas. Fuente: Ministerio Público Fiscal
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