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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 08/11/2025 06:47
Marcha en reclamo de un aumento del financiamiento universitario El Proyecto de Ley de Presupuesto enviado en septiembre por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación se propone consolidar e institucionalizar el desfinanciamiento educativo. Decimos consolidar porque lo que hizo de hecho el gobierno de Milei en los ejercicios fiscales 2024 y 2025 ahora buscará ser refrendado por un presupuesto que implica reducir a la mitad en dos años las partidas destinadas al área y avanzar de este modo hacia la virtual prescindencia del Estado Nacional con respecto a la educación en nuestro país. Hablamos de institucionalizar porque esta iniciativa propone derogar de las leyes los artículos que establecen parámetros de financiamiento. La inversión educativa del Estado nacional se ha reducido a mínimos históricos durante el gobierno de Milei. De aprobarse el proyecto actual, la educación tendrá asignados fondos equivalentes al 0,75% del PIB, la mitad de lo que tenía en 2023 (1,41%). Esta realidad nos lleva a preguntarnos qué tipo de país vamos a tener si la señal que damos desde el mismo presupuesto, la ley de leyes, es que la educación no vale nada. ¿Cómo se fomenta el desarrollo de un país mientras se reduce en un 88% los fondos para la Educación Técnica? Para el 2026 el proyecto propone una reducción del 56% sobre el presupuesto vigente en 2025. La caída es aún mayor con relación al presupuesto ejecutado en 2023: un 88% menos. Además, el proyecto de Ley deroga el artículo nro. 52 de la Ley de Educación Técnico - Profesional que garantiza el financiamiento del Fondo Nacional. ¿Cómo se estimula la formación de los jóvenes si se entregan 1 millón de becas menos? De cada 10 adolescentes, jóvenes y adultos que cobraban la beca Progresar ahora pasarán a ser 4. Por otro lado, el poder adquisitivo de la beca tuvo una pérdida de 40% en los últimos dos años. ¿Cómo se mejoran los aprendizajes si se ajustan los esfuerzos destinados a la formación docente? El Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) registra una caída del 12% entre el presupuesto vigente en 2025 y el proyectado para 2026. Pero la poda de esta partida, desde el inicio del gobierno, es de más del un 70%. ¿Cómo se generan condiciones para la enseñanza con los salarios docentes pulverizados? Las remuneraciones docentes son, junto a las del sector público, las que más perdieron en los últimos años. Una parte de esta pérdida se explica por la eliminación del FONID en enero de 2024. Y otra, por el salario mínimo de 500 mil pesos establecido unilateralmente por el gobierno nacional que funciona como un “ancla” salarial. Esto explica también por qué no tuvo ejecución el Fondo de Compensación Salarial, ya que ese piso salarial irrisorio no compromete al gobierno nacional a utilizar este Fondo para asistir a las provincias que no lleguen a pagarlo. El Plan de Alfabetización es una de las pocas partidas que exhibe un incremento con respecto al presupuesto vigente de 2025, en el orden del 57%. Si bien esta partida representa el 9% del presupuesto educativo y el 42% de la educación obligatoria, se trata en verdad de un rubro explicado en un 80% por la política hora más o jornada extendida en primario que acordó el Consejo Federal de Educación en 2022 y cuyo presupuesto fue relocalizado el año pasado en el Plan de Alfabetización contribuyendo a engordar la partida de la política que el gobierno considera como su proyecto insignia. Las condiciones edilicias y de equipamiento de las escuelas es otro aspecto sobre el que el gobierno nacional decidió pasar su motosierra. Tanto la creación de nuevas escuelas, como la construcción de edificios para que funcionen instituciones que no tienen uno propio o las obras de ampliación de edificios existentes son acciones de desarrollo de la infraestructura escolar en las que el Estado nacional tuvo históricamente un importante protagonismo. El espíritu innovador de esta gestión decidió que las obras de infraestructura escolar corrieran la misma suerte que toda otra obra pública. En el proyecto 2025 el rubro infraestructura y equipamiento registra un descenso del 68%, mientras que al compararlo con el presupuesto ejecutado en 2023, el recorte es del 84%. En criollo, la infraestructura escolar tendrá en 2026 casi la décima parte de los recursos que tenía hace unos pocos años. Las universidades han visto reducido su financiamiento en alrededor de un tercio en términos reales desde que inició el gobierno de Milei y el proyecto 2026 busca consolidar este nuevo piso. La lógica del ajuste sin fin a la que están siendo sometidas las universidades no se explica por razones fiscales sino más bien por otras de tipo políticas en una cruzada que el Presidente emprendió contra el campo del conocimiento materializado en universidades, profesores y científicos. De acuerdo a la previsión realizada por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) se solicitó al Poder Ejecutivo y Legislativo que incluyeran en el Proyecto de Ley de Presupuesto un monto mínimo de $7,32 billones para garantizar el funcionamiento del sistema universitario. Sin embargo, el gobierno nacional no sólo proyecta un 57% menos del presupuesto necesario (4,2 mil millones) sino que además se resiste incluso a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario refrendada por el propio Congreso luego del veto presidencial. A pesar de la permanente agresión del presidente y sus funcionarios, las universidades siguen siendo una de las instituciones públicas más valoradas por nuestro pueblo, que las sigue visualizando como una vía de progreso social. Por último, cabe preguntarse, ¿qué lugar queremos que ocupe el conocimiento en la construcción de un país? Además de derogar artículos sobre financiamiento científico-tecnológico que están en la ley 27.614, el Proyecto asigna un monto de inversión a Ciencia y Tecnología que representa el 0.13 % del PIB, un monto incluso inferior a la miseria del 0.18% invertido en 2025. La ley sectorial vigente propone alcanzar el 1% del PIB para 2032. Esto está lejos del 2 o 3% que invierten, en promedio, los países desarrollados y, ni hablar de los casos record de Corea del Sur e Israel, en rangos de inversión del 5 a 6% del PIB. Pero, al menos hasta hace poco, Argentina tenía un acuerdo nacional plasmado en una ley para promover el avance del sector de ciencia y tecnología como base de desarrollo, algo que está siendo barrido por el gobierno de Milei desde lo presupuestario y también desde la realidad de la economía especulativa que promueve. La semana pasada el secretario Torrendell asistió a la Cámara de Diputados y en la Comisión de Presupuesto pretendió dar fundamento a ese nuevo subsuelo presupuestario en el que el gobierno desea sepultar a la educación. Su exposición combinó, a grandes rasgos, dos ideas. Por un lado, el slogan gubernamental de “no hay plata”, que en buena medida perdió sustento frente a las cuantiosas sumas de recursos públicos que implicaron algunas decisiones como la baja de las retenciones, la reducción de la recaudación de Bienes Personales o la baja de impuestos a autos de alta gama. A esta idea se suma otra: que no es necesario sostener la inversión en educación porque los aprendizajes empeoraron cuando se invirtió más (refiriéndose al período que inaugura la ley de financiamiento del 2005). Justamente en esa etapa se advierte una mejora en los aprendizajes documentado por la prueba ERCE de UNESCO entre los años 2006 y 2013, un período de crecimiento de la inversión que coincidió con la implementación de las leyes de Financiamiento Educativo, la ley de Educación Nacional y el conjunto de políticas que requirieron de una fuerte inversión pública y que además contaron en ese momento con un apoyo casi unánime de las fuerzas políticas con representación legislativa. Esto no implica afirmar que haya sido suficiente y que no persistan enormes deudas en elacceso al conocimiento de nuestra población a través del sistema educativo. Lo que se esperaes que no se busque instalar la idea de que menos inversión para los 11 millones de niños,niñas y adolescentes que tiene el país y su más de un millón de docentes, puede llevarnos a unamejor situación de la que tenemos. Esto es igual o más grave que lo que los números reflejan:asentar la idea de que la educación no requiere más recursos y esfuerzos públicos.
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