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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 08/11/2025 06:33
La meta consiste en captar proyectos de gran magnitud en sectores intensivos en capital y de largo plazo -como el minero-, donde la previsibilidad resulta esencial para orientar recursos (Foto: Reuters) El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se consolidó como una de las estrategias del gobierno de Javier Milei para estimular la economía mediante la atracción de capital extranjero. Concebido como un “motor de arranque” para la inversión, el régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales, con una estabilidad normativa garantizada durante 30 años. La meta consiste en captar proyectos de gran magnitud en sectores intensivos en capital y de largo plazo, donde la previsibilidad resulta esencial para orientar recursos. Desde su entrada en vigor en julio de 2024, el RIGI permitió aprobar proyectos por más de USD 15.700 millones, enfocados principalmente en energía y minería. Entre sus ventajas destacan la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, exenciones graduales de derechos de exportación, eliminación de aranceles para importar bienes de capital y, sobre todo, la libertad para disponer de las divisas generadas. Estas condiciones pretenden captar capital financiero y, al mismo tiempo, provocar un efecto multiplicador en la economía real. Las condiciones del RIGI pretenden captar capital financiero y, al mismo tiempo, provocar un efecto multiplicador en la economía real Mientras las grandes corporaciones globales acceden a estos incentivos, las pequeñas y medianas empresas locales enfrentan un escenario opuesto. Representan el 99% del entramado empresarial y más del 60% del empleo formal, pero operan bajo un régimen caracterizado por alta presión tributaria, burocracia extensa, dificultades de financiamiento y costos significativos. La presión fiscal efectiva ronda el 45%, abrir una empresa exige en promedio 4.496 horas y otras 2.156 horas anuales se dedican a cumplir requisitos de formalidad, uno de los niveles más altos de la región. En financiamiento, existen avances: en 2025, 62.116 pymes accedieron a créditos respaldados por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y fondos públicos, en su mayoría microempresas. Sin embargo, esta cifra resulta insuficiente frente a más de 400.000 firmas registradas en el país. La presión sindical y la rigidez de los convenios colectivos suman complejidad, mientras que los costos, como la tarifa promedio de la energía industrial (96 USD/MWh), superan los niveles más competitivos en la región. La siguiente comparación sintetiza la diferencia en el funcionamiento diario entre empresas amparadas por RIGI y una pyme fuera del régimen: El contraste revela una desventaja estructural para las pymes, con mayores restricciones en financiamiento, presión impositiva, acceso a divisas y margen de crecimiento. Este desequilibrio refuerza la urgencia de estructurar un esquema de incentivos equivalente para medianas y pequeñas empresas, canalizando recursos hacia el sector productivo local y reforzando la red laboral. Ya existen antecedentes. El proyecto de Ley RIMI (Régimen de Incentivo a la Mediana Industria), presentado en noviembre de 2024 bajo la iniciativa “Promoción de Inversiones y Empleo”, plantea inversiones desde USD 150.000 para microempresas hasta USD 30 millones para medianas y grandes. Ofrece beneficios como amortización acelerada, devolución anticipada de IVA, exención temporal de derechos de exportación y reducción del IVA energético para proyectos agroindustriales. Proyecto sin debate legislativo El proyecto contempla estímulos para invertir en bienes agroindustriales y participar en cadenas de valor locales. Sin embargo, el RIMI aún no fue debatido en Diputados, lo que extiende la desigualdad estructural entre grandes inversores y pymes locales. Un RIGI dirigido a pymes podría sustentarse en cinco ejes: Simplificación tributaria, mediante la unificación de cargas y la eliminación de impuestos en cascada, aliviando las más de 900 horas anuales destinadas a trámites impositivos. Estabilidad fiscal durante al menos 10 años, evitando la creación de nuevos impuestos o variaciones bruscas en alícuotas y brindando previsibilidad a empresas con planificación de largo plazo. Acceso real al crédito, con ampliación de líneas en moneda local y extranjera, para superar las actuales limitaciones de financiamiento y reducir la dependencia de fondos propios. Beneficios por reinversión, a través de exención o diferimiento del impuesto a las ganancias sobre utilidades que se reinviertan en capital productivo o innovación, lo que fomenta la expansión, modernización y digitalización. Incentivos a exportar y a integrar proveedores locales, eximiendo temporalmente de tributos las exportaciones e incorporando beneficios para los proveedores de grandes proyectos, con el fin de incluir a las pymes en cadenas globales y aumentar su competitividad. Se sumaría, además, apoyo a la transición digital y la capacitación, mediante créditos fiscales y asistencia técnica para la adopción de inteligencia artificial, eficiencia energética y digitalización. El ahorro privado en Argentina supera los USD 250.000 millones en depósitos y efectivo fuera del circuito formal Estos instrumentos no constituirían privilegios, sino herramientas para equiparar condiciones ante los beneficios del RIGI y movilizar capital interno hacia la inversión productiva. El ahorro privado en Argentina supera los USD 250.000 millones en depósitos y efectivo fuera del circuito formal. Incluso una fracción conservadora equivalente al 5%-10% de esa suma podría destinar entre USD 12.000 y USD 25.000 millones a inversión productiva, lo que generaría empleo formal y fortalecería la competitividad del sector. La experiencia del RIGI demuestra que los incentivos adecuados resultan efectivos. El desafío es aplicar este enfoque a las pyme (Foto: EFE) La experiencia del RIGI demuestra que los incentivos adecuados resultan efectivos. El desafío es aplicar este enfoque a las pyme, convirtiendo la desigualdad en oportunidad y el ahorro privado inactivo en un motor de crecimiento económico genuino y sostenido. El avance hacia un crecimiento inclusivo y sustentable depende de convertir el potencial de las pyme en políticas concretas Mientras el RIMI permanezca sin tratamiento en el Congreso, la brecha entre grandes inversores y empresas locales persistirá, limitando el desarrollo de un sector que provee más de la mitad del empleo formal y constituye el núcleo de la economía argentina. El avance hacia un crecimiento inclusivo y sustentable depende de convertir el potencial de las pyme en políticas concretas, capaces de transformar recursos ociosos en inversión, empleo y competitividad. El autor es Analista económico y director de Focus Market
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