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» El Ciudadano
Fecha: 07/11/2025 13:57
El sistema procesal penal acusatorio forjó en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) uno de los actores más importantes del sistema aunque la institución ya tuvo más de un escándalo. El caso Patricio Serjal es uno de ellos y este viernes tuvo una primera resolución de fondo. Tras el juicio oral y público por coimas y protección judicial a un empresario del juego clandestino, y luego de controversias de todo tipo durante el debate, el segundo fiscal regional de Rosario terminó condenado, al menos en esta primera instancia, y fue detenido tras la lectura del fallo. Los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Macogliese que presidieron el debate resolvieron condenar al ex funcionario a la pena de 9 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos como organizador de una asociación ilícita y cohecho. Mientras que Ugolini fue sentenciado a 5 años de prisión, más inhabilitación y multa. El origen Una balacera al casino City Center derivó en el asesinato de Enrique Encino, un hombre que fumaba en el balcón de la casa de juegos en enero del 2020. Este hecho dejó entrever la existencia de una banda dedicada al apriete que tenía como modus operandi las balaceras. Este grupo era una célula encabezada por Maximiliano «Cachete» Díaz, vinculado con la banda de Los Monos. En este entramado aparece el empresario del juego clandestino Leonardo Peiti. Un pedido de información a un contacto judicial sobre dos sospechosos de una balacera previa al casino lo pegó a la investigación. Este hombre terminó siendo el eslabón que involucró lo funcionarios judiciales y derivó en este juicio. Tras su detención Peiti declaró que era extorsionado por la banda y luego reclamado por funcionarios del MPA para que pagara coimas a cambio de protección. En este berenjenal aparecieron los nombres del entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad, quién terminó reconociendo que era el valijero, y el empleado de la fiscalía Nelson Ugolini. Ponce Asahad aseguró que respondía a Serjal, aunque el ex jefe de la fiscalía Rosario retrucó esta afirmación. El caso escaló cuando en las declaraciones que hicieron Peiti y Ponce Asahad involucraron al legislador Armando Traferri. Los fiscales que investigaban el caso, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, fueron hasta el Congreso provincial para pedir el retiro de fueros para imputarlo. Aunque el legislador, a quien acusaron de brindar un protección política y con quien se generó un enfrentamiento judicial y público con los fiscales, fue imputado recién tras la salida de los fiscales del caso, que pasaron de acusadores a acusados en medio de otro escándalo al interior del MPA. El juicio Serjal fue detenido, estuvo preso unos pocos meses hasta que logró una domiciliaria por cuestiones de salud. Ponce Asahad y Peiti «colaboraron» en la investigación y lograron un abreviado con una condena reducida. Pero Serjal y Ugolini siguieron adelante en el proceso. Los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro acusaron a su ex jefe y al ex empleado de fiscalía por asociación ilícita (en carácter de organizador para Serjal), incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo, falsedad ideológica, omisión de persecución y peculado de servicios. El pedido de pena para Serjal fue de 12 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos mientras que para Ugolini la Fiscalía solicitó 5 años de cárcel y 10 de inhabilitación especial. En tanto. la defensa de Serjal basó su teoría del caso asegurando que se trata de una causa armada y que la clave está en el celular secuestrado a la integrante de Los Monos Mariana Ortigala, en el marco de una investigación por extorsión, en el que se planificaba la futura declaración de Peiti contra Serjal, explicó en juicio el abogado Ignacio Carbone. Ortigala es una ex allegada al narco Esteban Alvarado que luego pegó el salto a las huestes de Ariel «Guille» Cantero. La mujer conocía a Peiti y era informante de Edery: hoy está presa. Esta vinculación cercana con el fiscal también surgió de aquel celular, y derivó en una denuncia contra los funcionarios del MPA por parte de sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno. El celular Entre los testigos declarararon Peiti, Ponce Asahad, el actual ministro de la Corte Jorge Baclini (era al momento de los hechos fiscal general) e incluso el fiscal Socca, quien investigó a Ortigala por chantaje y en el marco de esa causa se secuestró el celular de esta mujer. Este funcionario junto a Miguel Moreno denunciaron a sus colegas Edery y Schiappa Pietra tras la evidencia recolectada en la investigación por extorsión. “Sabíamos que Ortigala frecuentaba el Centro de Justicia Penal, como testigo del caso Alvarado. Pero no conocíamos todo lo que apareció en ese teléfono. Cuando lo vimos, entendimos que había una protección institucional hacia esta mujer y por eso hicimos una denuncia”, detalló Socca. También aclaró en relación con un tuit del diputado provincial Fabián Palo Oliver, que acusa a Socca de beneficiar a Traferri. El funcionario dijo: “Es mentira y es grave. Es integrante de un poder del Estado que tiene potestad para removerme como fiscal. Es impropio de su función y una intimidación para mí como testigo”. Y remató los que “beneficiaron a Traferri fueron los fiscales que lo investigaron cometiendo irregularidades que podrían beneficiarlo con futuras nulidades o invalidaciones”. En esa línea seguirá la defensa en su apelación a la Cámara Penal.
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