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» El Ciudadano
Fecha: 07/11/2025 09:52
Este jueves, como consecuencia de la investigación del millonario desvío de fondos destinados a combustible para patrulleros de la Policía santafesina en Rosario, quedaron detenidos ocho ex jefes policiales, en el marco de 9 arrestos. Se trata de uniformados que hasta el momento no estaban imputados como integrantes de la red de corrupción policial. El fraude, según estimación preliminar de Fiscalía, ronda entre 40 y 45 millones de pesos mensuales. Los principales detenidos son Daniel Acosta, ex jefe de la Unidad Regional II hasta mayo último, cuando la difusión del escándalo obligó a separarlo del cargo; Diego Santamaría, ex jefe del Comando Radioeléctrico, y Héctor Saucedo, ex titular de la Policía Motorizada. Además, marcharon presos Adrián Bahl (ex jefe de Caballería y Perros), Fabián Becerra (ex jefe del Grupo Táctico Multipropósito –GTM–), Roberto Blanco (ex jefe de Logística de la UR II), Nicolás Cuesta (ex jefe de Policía Adicional) y Roberto Sandoval (ex interventor de Medicina Legal). En otro de los domicilios allanados fue detenido L.G., ya que se le secuestró un arma de fuego tipo fusil. La investigación de los delitos, iniciada en mayo pasado con una denuncia del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, está a cargo del fiscal José Luis Caterina. Él es quien pidió las últimas detenciones. Acosta estaba al frente de la Policía en Rosario desde mayo de 2023. Dos meses después de iniciada la causa, en julio, dictaron la prisión preventiva efectiva para los uniformados Gerardo Ramírez, quien se desempeñaba como comisario supervisor a cargo del Garage de la Unidad, Rodrigo Domínguez, comisario supervisor y jefe de la Secretaría Privada, y Juan Villordo, inspector responsable del combustible de la Brigada Motorizada. En el marco de la causa, ya hubo 38 allanamientos simultáneos en Rosario y la región. La pesquisa detectó una sobrefacturación en la carga de combustible mediante maniobras con las tarjetas Visa Flota, que son las utilizadas para abonar la nafta de los patrulleros. El fraude involucró, como contraparte, a por lo menos los responsables de una estación de servicio. Es la de Ovidio Lagos al 3900. Cuando se destaparon las maniobras, la Justicia ordenó la detención preventiva de 16 policías y 4 civiles. Desde el poder político, el Gobierno provincial intervino la Unidad Regional II, por 90 días, y corrió a su jefatura. En reemplazo del ahora detenido Acosta, designó como interventor al comisario general Claudio Romano. El vicejefe, Mariano Gobi, sigue en el cargo. Pruebas a granel La investigación del fraude incluyó el análisis de planillas policiales, escuchas telefónicas, peritajes contables y hasta los datos del posicionamiento satelital que guardan los GPS de los móviles de la fuerza. También se tomaron testimonios y declaraciones de personal uniformado y de civiles sospechados de participar en las maniobras. Como consecuencia de la pesquisa, la Justicia ordenó el secuestró unas 300 tarjetas de carga de combustible, las Visa Flota, y un posnet de la estación de servicio de Ovidio Lagos, que estaba en la casa de un agente.
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