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» El Ciudadano
Fecha: 07/11/2025 09:50
Por Martín Rosúa, diputado de la provincia de Santa Fe Un joven fue asesinado por un delincuente que, según versiones periodísticas, había sido aprehendido al menos 14 veces entre octubre de 2024 y octubre de 2025 por delitos violentos. Catorce veces. Y aun así, estaba en libertad. Frente a este hecho, presenté —y la Cámara de Diputados aprobó— un pedido de informes a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe para que remita todos los antecedentes judiciales de los detenidos o imputados en la causa, con el fin de analizar el desempeño del Poder Judicial y determinar si se aplicaron las herramientas legales existentes. El pedido busca conocer los antecedentes, los fiscales y jueces intervinientes, las medidas cautelares solicitadas, y si se consideró la aplicación del artículo 221 inciso 10 del Código Procesal Penal, que contempla los supuestos de reiteración delictiva. Solo con información oficial y precisa podremos evaluar la eficacia del sistema de persecución penal y detectar posibles fallas estructurales o interpretativas que hayan permitido este trágico desenlace. En diciembre de 2024, presenté y logramos sancionar la Ley de Reiterancia, que modificó el artículo 221 del Código Procesal Penal. Esta reforma permite aplicar la prisión preventiva cuando se acredite que una persona ha sido imputada o procesada reiteradamente por la presunta comisión de delitos, o cuando existan elementos que indiquen un alto nivel de peligrosidad, incluso en aquellos casos en que aún no exista una condena firme y el proceso judicial se encuentre en curso. El objetivo fue claro: impedir que quienes delinquen de manera reiterada sigan circulando libremente. Por eso, este caso duele más. Porque la ley existía, pero no se aplicó. Si esta norma se hubiera utilizado correctamente, el crimen de Lucas Cicarelli podría haberse evitado. Y esa es, precisamente, la pregunta que debemos hacernos: ¿por qué no se aplicó? El esclarecimiento de estos puntos es fundamental para que la Cámara pueda evaluar eventuales falencias estructurales o interpretativas en la aplicación de las normas procesales, especialmente en materia de prevención, peligrosidad y reiteración delictiva. No se trata de buscar culpables individuales, sino de exigir que las leyes que sancionamos se cumplan. Santa Fe cuenta hoy con las herramientas necesarias para actuar frente a la violencia y la impunidad. Las normas están. Lo que falta es que se apliquen.
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