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» El siglo web
Fecha: 07/11/2025 07:50
La independencia de poderes que es uno de los pilares de la republica no se respeta en Argentina De los 138 magistrados que ocupan los máximos tribunales, 88 registran algún nexo político y/o laboral previo con funcionarios y/o gobiernos locales antes de ocupar esos cargos. Además, 76 fueron designados bajo gestiones del mismo signo político bajo el cual trabajaron. La Rioja, San Juan y San Luis encabezan el ranking nacional de nexos políticos: allí todas las bancas de sus Cortes Supremas están ocupadas por personas que tenían vínculos cercanos al poder antes de ser nombradas. En las provincias argentinas no suena raro que una jueza de la Corte Suprema sea la sobrina del gobernador. O que ese cargo sea ocupado por un ex ministro del mismo mandatario que lo propuso para integrar el máximo tribunal local. O que otro juez llegue al tribunal superior sin haber pasado por la carrera jurídica, solo por haber sido abogado personal de un gobernador, o diputado por el partido oficialista. Estas situaciones ocurren en lugares como La Rioja, Catamarca, Santa Fe o Formosa. Y la lista sigue. No son casos aislados, sino muestras de una situación frecuente que expone la estrecha relación entre el poder político y quienes ocupan las Cortes Supremas de las provincias argentinas. ¿Cómo llegaron a ocupar esos lugares? ¿Son juristas de carrera, independientes del poder político, o políticos reciclados en la Justicia? Por primera vez, las respuestas a esos interrogantes se traducen en datos: un relevamiento realizado por Ruido -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación- y Connectas en las 23 provincias del país, más la Ciudad de Buenos Aires (CABA), arroja un resultado impactante: el 64% de quienes integran las Cortes Supremas de estos distritos tuvieron nexos con los gobiernos locales -o con sus funcionarios- antes de ser designados en sus cargos. Esto se traduce en que 88 de los 138 jueces y juezas de las 24 cortes provinciales fueron funcionarios del gobierno local -ocuparon cargos ejecutivos o legislativos- o tuvieron funciones partidarias o algún vínculo laboral con funcionarios de una gestión política. Con un dato adicional: 76 de estos supremos -es decir, más de la mitad del total- fueron designados en las Cortes bajo gobiernos del mismo signo político con el cual tuvieron el vínculo anterior. Estas cifras ponen bajo la lupa la independencia de poderes, que es un pilar del sistema republicano, según la Constitución Nacional y las propias cartas magnas provinciales. La mayoría de estos jueces supremos fueron antes secretarios, ministros, legisladores, fiscales de Estado, directores de áreas o asesores. Y hasta existen casos de vicegobernadores, socios de estudios jurídicos de funcionarios e incluso parientes de gobernadores que hoy integran las Cortes provinciales. Hay que aclarar que en todos los casos las designaciones han respetado los distintos mecanismos legales previstos en cada provincia, ninguno de los cuales prohíbe o limita que exista esta clase de nexos entre funcionarios políticos y jueces. fuente: CHEQUEADO
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