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Parana » Paginajudicial
Fecha: 06/11/2025 16:33
El Poder Ejecutivo emitió un decreto rechazando “por improcedente” una recomposición salarial que pretendía la ex procuradora adjunta por montos no percibidos durante la pandemia, en que estuvo suspendida la ley de enganche. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El gobernador Rogelio Frigerio enterró un reclamo de Cecilia Goyeneche, la ex procuradora adjunta, que pretendía una recomposición salarial por las detracciones que se le habían impuesto durante la pandemia, cuando rigió una Ley de Emergencia Solidaria que suspendía la denominada ley de enganche. Era previsible, en virtud de los antecedentes de otros magistrados, funcionarios y empleados del judiciales a quienes el Poder Ejecutivo ya les había rechazado planteos similares y que motivó a algunos de ellos a trasladar sus reclamos a los tribunales. En el caso de Goyeneche, el gobernador le puso fin al conflicto a través del Decreto 2025-2857, fechado el 17 de octubre y rubricado, además, por el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas. El reclamo fue considerado “improcedente” y resaltó que “la detracción que supuestamente impactaron en sus haberes, no resultó confiscatoria ni desproporcionada” y “no alteró la sustancia de sus derechos ni la intangibilidad”. Otro argumento al que echó mano el Poder Ejecutivo fue que los “incrementos fueron suspendidos y no diferidos” durante la vigencia de la ley de emergencia provincial. Cecilia Goyeneche había formalizado su reclamo en 2023, un año después de su destitución, y pretendía la devolución de un 25,57 por ciento de su salario, que surge de la diferencia entre los incrementos otorgados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los efectivamente percibidos durante la vigencia de la ley de emergencia provincial. Entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, en plena pandemia de Covid-19, rigió en la provincia una emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional, con objetivo de asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado en materia sanitaria. La norma, aprobada por la Legislatura y validada en los tribunales, entre otros aspectos, suspendía la denominada “ley de enganche”, por la que se rige la actualización salarial del Poder Judicial y aplica en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema. En el período de vigencia la ley de emergencia, la Corte Suprema se auto-concedió cinco aumentos salariales, que representaban un 55,96 por ciento; mientras que la Provincia otorgó un 24,2 por ciento al Poder Judicial. En ese marco, hubo distintos reclamos que se canalizaron a través del STJ, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial –el gremio de los jueces– y los sindicatos que representan a los empleados que pretendían la “devolución” de la diferencia. El diferendo fue saldado a partir de la decisión del Poder Ejecutivo de otorgar un incremento total y remunerativo, que se liquidó en forma escalonada en un 8 por ciento con los haberes de octubre de 2023, 16 por ciento con los haberes de noviembre de 2023 y 24 por ciento con los haberes de diciembre de 2023 para todos los magistrados, funcionarios y empleados judiciales; y donde se explicitó que no se trataba de una “devolución” de lo que no se había abonado durante la vigencia de la ley de emergencia, sino de una “decisión voluntaria del Poder Ejecutivo”. Hay quienes no lo aceptaron y aún litigan. Goyeneche podría escoger ahora ese camino. En el Gobierno dan por cerrado el tema. Más allá de los nombres propios. Se apoyan en la jurisprudencia de los tribunales, que en numerosas causas donde se debatió la constitucionalidad de la ley de emergencia, incluso aquellas promovidas por actores judiciales, los jueces rechazaron planteos de inconstitucionalidad, incluso respecto de la suspensión del denominado enganche automático, ya que no hubo en el período de vigencia de la norma un congelamiento, sino que excepcionalmente, y por un lapso breve y determinado, se los sujetó a las paritarias del resto de la administración. Mientras todo esto pasa, Goyeneche ha vuelto a transitar los pasillos de tribunales, luego de que procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, dispusiera “su reposición administrativa al Poder Judicial”. La medida había sido anunciada por Página Judicial después de que la Corte Suprema dejara sin efecto su destitución. En el sinuoso camino del análisis de su actuación en la causa de los contratos truchos, y sin certezas sobre si será juzgada nuevamente por Jurado de Enjuiciamiento, Goyeneche rindió hace algunas semanas el examen para acceder a una vacante en el Tribunal Oral Federal de Paraná, por lo que su futuro judicial está abierto. Rechazo Goyeneche by Página Judicial
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