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» El litoral Corrientes
Fecha: 05/11/2025 02:44
En los tribunales argentinos, miles de sucesiones se acumulan año tras año. Expedientes que avanzan lentamente, audiencias que se postergan, oficios que se pierden en el camino. El retardo de la justicia en estos procesos no es solo un problema burocrático: es una forma silenciosa de denegación de justicia. Porque en materia sucesoria, el tiempo tiene consecuencias concretas —económicas, afectivas y familiares— que la justicia parece ignorar. La muerte de una persona debería ser, además de un momento de dolor, un punto de encuentro y reorganización entre los herederos. Sin embargo, en la práctica, muchas veces el sistema judicial transforma esa etapa en un campo de batalla interminable. Los herederos que buscan resolver la adjudicación de los bienes se ven atrapados en trámites que duran años, donde cada paso depende de la firma de un funcionario, de la respuesta de un banco o de la disponibilidad del juzgado. Lo que debería ser un proceso de cierre y armonía se convierte en un laberinto de demoras, gastos y tensiones familiares que, muchas veces, terminan destruyendo vínculos. El derecho sucesorio, pensado para garantizar la transmisión ordenada del patrimonio, se vuelve un espacio de conflicto cuando el sistema judicial no funciona. Cada día de espera implica pérdida de valor de los bienes, gastos adicionales en abogados, escribanos, tasas y peritos. Los inmuebles se deterioran, los vehículos pierden valor, las cuentas bancarias quedan inmovilizadas y los herederos, lejos de encontrar una solución, se enfrentan entre sí. La justicia, que debería pacificar, termina profundizando el conflicto. El problema no es solo la lentitud de los tribunales, sino también la falta de previsión de muchas familias. La ausencia de una planificación sucesoria en vida deja al azar cuestiones que podrían resolverse con anticipación, evitando el desgaste emocional y económico que implica un juicio. Planificar no es un acto de desconfianza ni de frialdad, es una muestra de responsabilidad y cuidado hacia los seres queridos. Existen múltiples herramientas jurídicas para evitar o acortar los procesos judiciales: - Donaciones con reserva de usufructo, que permiten anticipar la transmisión de bienes sin perder el control sobre ellos mientras se viva. - Testamentos redactados con asesoramiento profesional, que evitan disputas sobre la voluntad del causante. - Fideicomisos familiares o sociedades de administración patrimonial, que facilitan la gestión de bienes comunes. - Y más recientemente, acuerdos familiares preventivos, en los que los futuros herederos pactan reglas de administración o venta de bienes, reduciendo al mínimo la judicialización. Estas alternativas no solo reducen el tiempo judicial, sino que también protegen la armonía familiar y la eficiencia económica. Una sucesión planificada puede resolverse en semanas, mientras que un juicio sin previsión puede durar años. En ese tiempo, los bienes pierden valor, las emociones se desgastan y los lazos familiares se rompen de manera irreversible. El retardo judicial tiene efectos graves e irreparables, no solo en sentido figurado, sino real. Los herederos envejecen esperando una partición, los nietos crecen sin conocer la casa de sus abuelos, perdiendo la conexión con los tíos y primos, los campos quedan improductivos y las empresas familiares se paralizan. Cuando finalmente llega la resolución judicial, muchas veces lo hace sobre ruinas, la herencia se ha consumido en impuestos, diligencias y gastos del proceso. La justicia que no llega a tiempo pierde su sentido reparador y se convierte en indiferencia institucional. Pero el problema actual no termina ahí. Frente a la ineficiencia estructural del sistema, algunos sectores del poder judicial ensayan una supuesta “solución tecnológica”, el uso de inteligencia artificial para redactar resoluciones o sugerir sentencias. Lo que se presenta como una innovación para acelerar procesos, en realidad abre un debate profundo sobre la esencia del orden jurídico. ¿Podemos delegar en una máquina el análisis de la voluntad, la equidad o la justicia del caso concreto? ¿Puede un algoritmo comprender la historia familiar detrás de una herencia, los matices emocionales y la complejidad moral que subyace en cada conflicto? El intento de “agilizar” la justicia mediante sistemas automáticos pone en riesgo principios básicos, como el derecho al debido proceso, la valoración de la prueba y, sobre todo, el de ser juzgado por jueces naturales, seres humanos investidos de razón, sensibilidad y conciencia jurídica. La justicia no es solo un conjunto de normas aplicadas mecánicamente, es una función humana que exige empatía, prudencia y comprensión del contexto. Pretender reemplazar la deliberación del juzgador por un cálculo automatizado puede convertir al derecho en un procedimiento despersonalizado, incapaz de hacer justicia en sentido real. En el ámbito sucesorio, donde cada expediente encierra un legado familiar, una historia de vida y la expresión última de la voluntad de una persona, la intervención humana es irremplazable. Por eso, frente a una justicia lenta y un sistema cada vez más deshumanizado, la planificación sucesoria aparece como la herramienta más poderosa. Planificar es decidir antes de que el Estado decida por nosotros. Es evitar que los herederos queden atrapados en los laberintos de un sistema que ni resuelve ni acompaña. La verdadera modernización de la justicia no consiste en reemplazar jueces por algoritmos, sino en prevenir los conflictos, educar en la previsión y promover acuerdos en vida. Porque cuando la justicia tarda, el tiempo destruye no solo los bienes, sino también la confianza. Y cuando el ser humano cede su juicio al algoritmo, la justicia deja de ser un acto de razón y se convierte en una operación de cálculo. En materia sucesoria, como en todas las ramas del derecho, la intervención humana, la mirada y razonamiento del juzgador, marca la diferencia en la acción de impartir justicia con los ojos puestos en la persona, en su vida, en su historia, en su dignidad y fundamentalmente en su búsqueda de la verdad para el reconocimiento de su derecho.-
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