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» Misionesparatodos
Fecha: 04/11/2025 15:37
En España reconoció que lo que busca el gobierno es destruir los sindicatos. El ministro de Desregulación reconoció que para lograr el objetivo se debe hacer prevalecer, como en la Ley Banelco, el convenio colectivo por empresa por encima del general. Superada las elecciones de octubre, el gobierno de Javier Milei tiene un nuevo enemigo. Esta vez se trata el derecho de los trabajadores y trabajadoras y para alcanzar ese objetivo antes necesita destruir a los sindicatos. Así lo afirmó el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, que desde España anticipó que el gobierno va a “desarticular la estructura de los gremios" mediante una reforma que priorice los convenios colectivos por empresa y no por actividad. La premisa del ministro es en principio falaz, pero al mismo tiempo antigua porque esto ya se aplicó y fracasó. Fue durante el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa. Se conoció como la ley Banelco (porque se logró gracias a sobornos) y fue una norma, derogada en 2004, que proponía exactamente lo mismo que pretende Milei. "Este tipo de reformas generan inseguridad jurídica porque son inconstitucionales", aseguró a Página/12 el abogado laboralista Gustavo Ciampa. Por su parte, el exministro de Trabajo, Carlos Tomada, afirmó a este diario que "en vez de pasear por el mundo dando cátedra del fracaso, Sturzenegger debería aprender del éxito del diálogo social que hay ahora en España para adoptar las reformas laborales inclusivas como las que impulsó el presidente Pedro Sánchez". La afirmación de Sturzenegger encierra una falacia dentro de una verdad, aunque es probable que los empresarios españoles a los que les habló deconozcan. El ministro dice que como los gremios son supuestamente el gran obstáculo para generar trabajo genuino, el gobierno libertario pretende sancionar una reforma laboral donde los convenios por empresa tengan preeminencia por sobre los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) por actividad porque, afirma Sturzenegger, los convenios colectivos no se modifican. Eso no es así. La mayoría de los CCT se han ido modificando a través del tiempo, con las actualizaciones que corresponden ante la modernización del trabajo. El relato del oficialismo incluye esta falsedad con el objetivo de destruirlos y poder avanzar contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y para eso se aferran a la supuesta conveniencia de hacer convenios por empresas. En rigor, en la Argentina existen los convenios por empresa. Ahora bien, estos convenios no están por encima de los CCT por actividad, sino que los complementan porque se concentran en las particularidades que puede tener una empresa en determinada provincia o región por sobre lo que plantea el convenio general. "Eso si, son siempre para mejorar las condiciones de trabajo y no para flexibilizar a los trabajadores", aclara Ciampa. Sturzenegger sabe que no será fácil avanzar con estas modificaciones y eso se notó en su presentación en España cuando se refirió a la modificación de la legislación actual: “Tenemos que cambiar la federalización de las negociaciones colectivas. Esto es básicamente que las condiciones de trabajo se puedan pautar en cada lugar”, dijo y agregó que "cuando se cambia el orden de prelación, es decir, si el convenio por empresa prevalece por sobre el convenio que hace el sindicalismo a nivel nacional, se desarticula esa estructura. El orden de la prelación cambia totalmente el poder. Por eso, vamos a tener que bailar si queremos hacer esto". Y es muy factible que vayan a tener que bailar. Lo están adelantando los sindicatos y también la CGT. Hay un elemento más que el abogado laboralista Ciampa agrega al momento de hablar sobre esta nueva batalla que pretende dar la Casa Rosada. "Este tipo de reformas generan inseguridad jurídica. Repercute negativamente en las micro, en las pequeñas y medianas empresas y solo generan mejores condiciones para las grandes", afirma el abogado que además agrega dos datos a tener en cuenta. Por un lado este tipo de leyes son inconstitucionales porque van en contra de lo que plantea el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que permite mejoras pero que "deben ser progresivas y no degraden los derechos sino mejorarlos". Ciampa insiste en que la Constitución es más que clara cuando habla de leyes que protejan a los trabajadores. "Deben tener el cuidado de una serie de bienes jurídicos como la remuneración justa, estabilidad del empleado público, condiciones dignas y equitativas de labor, protección contra el despido arbitrario, vacaciones pagas y participación en las ganancias". Dice además que la inseguridad jurídica tiene como primera consecuencia una mayor litigiosidad. "Este perjuicio lo van a terminar pagando los empresarios, grandes, chicos y medianos", remarca el abogado laboralista. A su turno, el exministro de Trabajo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Carlos Tomada es muy concreto a la hora de cuestionar este ataque libertario: "La Argentina fue un buen alumno de las reformas laborales españolas como la de 1994, 1997 y 2012 que destruyeron el empleo de calidad tanto en España como Argentina". Es por eso que Tomada considera que Sturzenegger, "en vez de pasear por el mundo dando cátedra del fracaso, debería aprender del éxito del diálogo social que hay ahora en España para adoptar las reformas laborales inclusivas como las que impulsó el presidente Pedro Sánchez dialogando con las centrales sindicales y las cámaras empresarias". Es más, señala que el verdadero objetivo de la reforma laboral que impulsa Milei y su gobierno "es deslaboralizar el vinculo laboral y debilitar el sindicalismo, esterilizándolo a partir de afectar el convenio colectivo de actividad". En ese sentido le recomienda al ministro de Deregulación que "aproveche la estadía en España para hablar con la Ministra de Trabajo sobre la implementación de una reforma laboral a favor de los trabajadores". Ley Banelco Tanto Tomada como Ciampa coinciden en señalar que lo que trascendió de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei tiene peligrosos parecidos con la ley que De la Rúa logró aprobar en el Senado gracias a lo que se conoció como "Ley Banelco", como la denominó el líder del sindicatos de Camioneros, Hugo Moyano, para referirse a los sobornos que se pagaron en la Cámara alta para su aprobación. Moyano, en ese entonces líder del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) denunció que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le había reconocido que para los senadores del PJ tenía la Banelco. Para el camionero eso representaba una clara referencia al pago de sobornos. El proyecto era una exigencia del Fondo Monetario Internacional y su sanción, en medio del escándalo, terminó siendo el principio del fin de aquel gobierno. El articulado de esa norma planteaba, como ahora quiere Milei para satisfacer a Trump, una reducción de las indemnizaciones por despido, la derogación de la ultraactividad que establece que un CCT permanece vigente hasta que otro lo reemplace, la prevalencia de convenios de ámbito menor o por empresas por encima de los CCT por actividad y reducción de los aportes a la seguridad social. Si todo esto resultara poco para advertir sobre las oscuras intenciones que tiene el gobierno sobre la legislación laboral, es bueno recordar --como destaca Ciampa-- que en el año 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una Opinión Consultiva sobre “Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género”, que le formulara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la interpretación de algunos artículos de la Carta de la OEA, de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). La Corte, en ese entonces, señaló que los Estados firmante de estos convenios, que en la Argentina tienen rango constitucional, deben respetar los derechos y libertades reconocidos, que "constituyen atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser menoscabados por el ejercicio del poder estatal" y, por si faltar algo, el Estado (argentino en este caso) "deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de aquellos derechos". Por Felipe Yapur-P/12
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