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  • Condenaron a 10 años de prisión a un joven por dos ataques que dejaron cuatro heridos en Rosario

    Buenos Aires » Infobae

    Fecha: 03/11/2025 06:34

    Condenaron a un joven a diez años de prisión por dos ataque con cuatro heridos en Rosario En el barrio Fonavi Parque Oeste, de la ciudad de Rosario, dos ataques armados cometidos con solo dos días de diferencia dejaron a cuatro personas heridas y expusieron conflictos internos entre bandas conocidas en la zona. Los hechos originaron una investigación judicial que culminó con la condena a 10 años de prisión para Bruno Alejandro Ayala, un joven de 21 años que aceptó su responsabilidad en ambos episodios como parte de un acuerdo de juicio abreviado. Durante una audiencia reciente en el Centro de Justicia Penal, el juez Carlos Leiva homologó la propuesta presentada por el fiscal Lisandro Artacho y la defensora pública Anabela Antegiovanni. Según consignó el medio local La Capital, la pena a ocho años impuesta a Ayala por los ataques armados se unificó con una sentencia previa por venta de drogas, totalizando diez años de prisión. Las investigaciones determinaron que Ayala actuó como integrante de la banda conocida como “Los Menores”, cuyos integrantes mantenían disputas en torno al control de la venta de drogas y la intimidación a ex miembros que decidieron alejarse de la organización. El primero de los hechos ocurrió el 1° de noviembre de 2024, en la intersección de las calles Pedro Lino Funes y Cerrito, en una conocida zona de pasillos del complejo Fonavi. De acuerdo con la acusación fiscal, el objetivo central era un adolescente de 15 años, quien se encontraba acompañado de un amigo en la puerta de su vivienda. Ayala llegó armado con un revólver calibre 22 y disparó contra los dos jóvenes, provocando heridas en las piernas de ambos. El mayor de los heridos fue dado de alta rápidamente, mientras que el menor permaneció hospitalizado dos días. La pesquisa determinó que ambos adolescentes habían formado parte previamente del grupo del agresor, pero tras apartarse de la banda enfrentaron “broncas” que derivaron en amenazas y ataques armados. Vecinos atribuyeron la escalada de violencia a la presión ejercida por los “Menores” para que los ex integrantes continuaran ligados al negocio de la venta de drogas. “Todo esto es porque lo mandan Los Menores”, declararon testigos en sede judicial. El joven aceptó su responsabilidad en ambos hechos durante un juicio abreviado (Facebook Policía de Santa Fe) Luego de recibir el alta médica, el adolescente blanco del primer ataque regresó al barrio y dos días después volvió a ser víctima de una emboscada. El 3 de noviembre de 2024, alrededor de las 22.30, el joven se encontraba junto a un amigo en la vereda de Cerrito al 5500, frente a las denominadas tiras 11 y 12. En ese momento, según surge del expediente judicial Ayala llegó como acompañante en una motocicleta Honda Wave negra. Descendió del vehículo y se cruzó con los presentes, preguntando: “¿Están vendiendo?”. Ante la respuesta negativa, cruzó hacia la vereda de enfrente y abrió fuego con una pistola 9 milímetros, disparando en distintas direcciones. En el desarrollo del ataque, una de las balas impactó en la cabeza de F. G., una mujer que se encontraba saliendo de un pasillo para hacer un mandado. Sobrevivió al disparo “por fortuna”, según consta en el acuerdo judicial. Otro testigo, el cadete W. N., relató que arribó a la escena cuando Ayala y su acompañante efectuaban disparos al aire y hacia los costados. Con todas estas pruebas en su contra, Ayala admitió los cargos de intento de homicidio agravado por el uso de armas, tres hechos de lesiones agravadas y tenencia de armas de uso civil y de guerra. El acuerdo entre la fiscalía y la defensa estableció, además, que la reincidencia y la gravedad de los episodios justifican la unificación de la pena con el antecedente previo por venta de estupefacientes. Durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal, el juez Carlos Leiva avaló la condena en el marco de un procedimiento abreviado y dispuso la ejecución de la sentencia en una unidad penitenciaria provincial. La resolución judicial identificó patrones de actuación propios de organizaciones delictivas instaladas en zonas vulnerables, con alto flujo de armas y economías ilegales.

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