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» Diario Cordoba
Fecha: 03/11/2025 05:12
Las grandes eléctricas tratan de darle una segunda vida a la energía nuclear en España. Iberdrola, Endesa y Naturgy acaban de solicitar al Gobierno prorrogar el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, aplazando el cierre previsto para sus reactores en 2027 y 2028. Para agilizar el ‘sí’ del Ejecutivo, las compañías han retirado su exigencia de aplicar una rebaja de impuestos al sector, que era una de las ‘líneas rojas’ marcadas por el Gobierno para estudiar una prolongación de la vida de la central. Esa batalla fiscal queda aparcada de momento, pero las eléctricas mantienen otras frentes legales por los impuestos de sus centrales nucleares. Endesa e Iberdrola avivan ahora su pelea por Hacienda por conseguir una devolución millonaria por lo que entienden que son pagos excesivos de tributos de varios reactores. Las dos compañías reclaman a la Agencia Tributaria la devolución de 143 millones de euros a las centrales de Ascó y Vandellós del impuesto por el combustible nuclear gastado. Ante la negativa de la Agencia Tributaria de atender las pretensiones de las empresas, éstas han presentado un recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en busca del reintegro total, según se refleja en las últimas cuentas trimestrales hecas públicas por Endesa. Endesa es el accionista único del reactor Ascó I y comparte accionariado con Iberdrola en Ascó II y Vandellós II, aunque en ambas es el socio mayoritario (con participaciones del 85% y del 72%, respectivamente). Como principal accionista es el encargado de gestionar directamente ambas centrales, y por eso pilota el proceso legal para conseguir la devolución de los impuestos de ambas centrales catalanas, pero en la reclamación ambas eléctricas van de la mano. Las eléctricas ya consiguieron la devolución de unos 100 millones de euros de pagos realizados por las centrales de Almaraz y Trillo (en la que Iberdrola es el accionista mayoritario y Endesa tiene una participación menor) en un proceso que se resolvió rápidamente. Sin embargo, en el caso de las centrales de Ascó y Vandellós sólo han logrado el reintegro de 5 millones de euros y ahora las eléctricas pelean por conseguir la devolución íntegra reclamada de otros 143 millones, incluidos los intereses de demora. Las compañías se quejan de la disparidad de criterio de la Agencia Tributaria en causas similares sobre el mismo tributo. Hacienda aprobó en 2022 la devolución parcial de los impuestos de años previos para las centrales de Almaraz y Trillo. Iberdrola constató en sus cuentas de ejercicios pasados que recibió por este concepto 80,7 millones de euros y Endesa también se anotó en sus resultados unos 25 millones de euros por su participación minoritaria en ambas plantas. Ahora las compañías reclaman que se imponga el mismo criterio en el caso de las centrales catalanas de Ascó y Vandellós, pero la Agencia Tributaria de momento se niega. El del impuesto del combustible nuclear gastado es sólo un de los frentes de las energéticas para conseguir compensaciones millonarias para sus centrales nuclares. Endesa e Iberdrola también han emprendido una pugna legal para conseguir indemnizaciones millonarias del Estado por la subida del 30% aprobada el año pasado de la tasa que pagan por la gestión de sus residuos nucleares. Por diferentes vías legales, ambas compañías solicitan compensaciones por un total de 778 millones de euros (454 millones por parte de Endesa y 324 millones reclamados por Iberdrola). Una larga batalla legal El Gobierno de Mariano Rajoy creó en 2012 un impuesto específico para gravar los residuos radiactivos y el combustible gastado generados por las centrales nucleares, como una de las vías de cuadrar las cuentas públicas y del sistema eléctrico en plena crisis económica. Las grandes eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Iberdrola y Endesa con participaciones mayoritarias cambiantes en las plantas, Naturgy y EDP con paquetes muy minoritarios en varias de ellas) intentaron durante casi una década en los tribunales anular el impuesto por considerarlo inconstitucional y contrario al derecho de la Unión Europea. El Tribunal Supremo desestimó en 2021 los recursos de las compañías eléctricas y avaló la legalidad del tributo. Las energéticas no lograron tumbar por completo el impuesto, pero sí que han ido consiguiendo posteriormente imponerse en algunos casos en la pugna con la Agencia Tributaria sobre cómo aplicar exactamente el tributo, lo que se ha traducido en devoluciones millonarias de una parte de todo el dinero abonado por el tributo. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) dio la razón a las energéticas en su reclamación de reducir la cantidad de combustible gastado a la que se le puede aplicar el impuesto y la Agencia Tributaria aprobó actas de conformidad para ejecutar devoluciones a algunas de las centrales nucleares. Pero aún queda pendiente de resolver el gran reintegro para Ascó y Vandellós. El detalle que valió millones El impuesto creado en 2012 impone un gravamen al combustible nuclear gastado (uranio y plutonio) y a los residuos provocados por la producción eléctrica de las plantas nucleares cuando las barras son extraídas definitivamente del reactor. El propio Gobierno de Rajoy introdujo un cambio legal para que las eléctricas no pagaran el impuesto por el combustible que estaba en los reactores con anterioridad al 1 de enero de 2013, la fecha en que el tributo entró en vigor. Una reforma legal de urgencia que buscaba que el tributo no tuviera efectos retroactivos y que se aprobó después de que Endesa e Iberdrola paralizaran unilateralmente a finales de 2012 las operaciones de la central nuclear de Garoña y sacaran todo el combustible del reactor precisamente para evitar el pago del nuevo impuesto antes de su entrada en vigor. Sin embargo, esa reforma no tuvo en cuenta que las centrales nucleares comúnmente extraen las barras de combustible del reactor para guardarlas en sus piscinas de almacenamiento, pero posteriormente lo reutilizan volviendo a colocarlo en el reactor para seguir produciendo electricidad. Las grandes eléctricas se encontraron con que la Agencia Tributaria les impuso el pago de las cantidades de este impuesto calculadas como si ese combustible nuclear hubiese sido utilizado de manera permanente durante todos los años de manera interrumpida y no sólo durante periodos alternos, lo que reduciría sustancialmente el importe de los abonos. Las nucleares habían solicitado una rebaja sustancial de los pagos, especialmente de los años 2017 y 2018, para abonar el impuesto sólo por los días exactos en los que el combustible estuvo dentro del reactor. El Tribunal Económico-Administrativo Central les acabó dando la razón y la Agencia Tributaria empezó a hacer devoluciones tras un lustro de reclamaciones por parte de los grupos energéticos. Un proceso que en el caso de Ascó y Vandellós se está alargando por el rechazo de Inspección de Tributos, pero que las compañías dan por hecho que acabarán ganando. ¿El fin del impuesto en 2028? En paralelo, actualmente, las grandes eléctricas confían en una revisión en el futuro del impuesto al combustible nuclear gastado (por el que pagaron 290 millones el año pasado) para conseguir mejorar la rentabilidad de las centrales como parte del plan para ampliar la vida de los reactores (de momento solo han pedido la prórroga para Almaraz). Un tributo fue creado por el Gobierno de Rajoy para reducir el gran agujero del déficit de tarifa del sistema eléctrico, pero la deuda acumulada terminará de pagarse en 2028, y por eso las compañías dan por hecho que podría dejar de aplicarse entonces. Las eléctricas piden la eliminación de este impuesto o que la recaudación se destine a engordar el fondo que financiará el desmantelamiento de las centrales (que ahora cuenta con unos 9.000 millones de euros acumulados), lo que también permitiría reducir la tasa que pagan a la sociedad pública Enresa las plantas específicamente para gestionar sus residuos nucleares y el futuro achatarramiento de los reactores.
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