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  • El misterioso patrimonio del expríncipe Andrés: de sus fuentes de ingresos secretas a la “asignación apropiada” de Carlos III tras perder sus títulos reales

    Buenos Aires » Infobae

    Fecha: 01/11/2025 11:15

    El príncipe Andrés en una imagen de archivo (Photo by Paul ELLIS / AFP) El destino y las finanzas de Andrés Mountbatten-Windsor se han convertido en uno de los temas más polémicos y opacos de la monarquía británica en la actualidad. La pregunta sobre el origen de los recursos que han permitido a quien ha perdido su título de príncipe mantener durante años un elevado nivel de vida ha vuelto al primer plano. Tras décadas apartado de la vida pública por su implicación en el escándalo ligado a Jeffrey Epstein, el antiguo duque de York enfrenta un proceso de desalojo de su residencia en Royal Lodge, situada en los terrenos del castillo de Windsor, después de recibir la notificación de que debe mudarse a una propiedad privada alternativa. Según han informado medios británicos, sus próximos planes pasan por trasladarse a una finca ubicada en Sandringham, al este de Inglaterra. La capacidad de Andrés para mantener su tren de vida, sin fuentes de ingreso visibles y amparado por el tradicional secretismo Windsor y por vínculos con magnates internacionales, ha evitado durante años el escrutinio público. Esa protección, sin embargo, parece menguar ante la presión social que ha acompañado las denuncias de Virginia Giuffre, una de las mujeres que señaló haber sido víctima de la red de explotación de Epstein y que acusó a Andrés de agresión sexual cuando era menor de edad. Tras la publicación póstuma de su libro, el clima de indignación se ha intensificado. Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés. El consenso político en torno a la familia real británica se ha resquebrajado en las últimas semanas. El comité parlamentario ha solicitado información detallada sobre las propiedades y contratos del exmarido de Sarah Ferguson. Las investigaciones oficiales muestran que la única fuente de ingresos declarada de Andrés Mountbatten-Windsor es la pensión de su servicio en la Marina Real británica entre 1979 y 2001, estimada en 23.000 euros al año. Esa cantidad contrasta con los 21 millones de euros que pagó en 2014 por la adquisición del chalet Helora, en Suiza, y con los fondos requeridos para mantener Royal Lodge, una mansión de estilo georgiano con 30 habitaciones y situada en 40 hectáreas dentro de Windsor Great Park. El inmueble pertenece a la Corona y es objeto de un arrendamiento de larga duración. Andrés obtuvo el derecho de uso en 2003, tras la muerte de su abuela, la Reina Madre Isabel Bowes-Lyon. Entonces ejecutó un pago único de 1,2 millones de euros y se comprometió a invertir 8,7 millones en su rehabilitación, tareas concluidas mayoritariamente en 2005. Desde entonces, Andrés no pagaba alquiler, residía bajo la condición de costear el mantenimiento. Según anunció este jueves, 30 de octubre, el Palacio de Buckingham: “Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento en Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Ahora se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada. Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra”. De esta manera, el contrato exigía a Andrés conservar la mansión en buen estado para evitar el desalojo. Recientemente, surgieron datos de deterioro y la existencia de humedades y moho negro, con un coste de reparación estimado en 2,3 millones de euros. Además, debe afrontar el pago de su seguridad privada, evaluada en 3,5 millones de euros anuales, tras la decisión de Carlos III de dejar de asumir esos gastos. El príncipe Andrés en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor en Inglaterra el 20 de abril del 2025. (AP foto/Kirsty Wigglesworth) Hasta 2010, Andrés, tercer hijo de la difunta Isabel II, recibía fondos públicos como miembro activo de la Casa Real. En 2011, el entonces primer ministro David Cameron reformó el método de financiación de la monarquía, lo que supuso la eliminación de informes anuales detallando los pagos a miembros individuales y dificultó el seguimiento del dinero recibido por el duque de York a partir de entonces. La última cifra oficial corresponde a 2010, cuando percibía unos 290.000 euros anuales procedentes de fondos públicos. Posteriormente, la reina Isabel II pasó a realizarle pagos directos de su patrimonio privado mientras mantenía sus funciones institucionales. La renuncia forzada de Andrés, tras la entrevista en BBC en 2019 en la que intentó defender su relación con Epstein y desmentir las acusaciones de Giuffre, supuso el final de su vida pública. Según una investigación llevada a cabo por The Guardian y publicada en 2023, entre 1978 y 2010 Andrés recibió cerca de 15 millones de euros en fondos oficiales para el desempeño de su labor real. El rey Carlos III junto a sus hermanos, entonces príncipe Andrés y la princesa Ana (Photo by PHIL NOBLE / POOL / AFP) Tras 2019, tanto Isabel II, como posteriormente el rey Carlos III, continuaron transfiriéndole ingresos procedentes de la fortuna familiar, que diversas fuentes estiman en más de un millón de euros anuales. No obstante, estas retribuciones habrían sido retiradas el año pasado gracias al llamado “asedio del Royal Lodge”. El Palacio de Buckingham ha informado que, tras el desalojo y la retirada de su título, Carlos III continuará prestando apoyo financiero a su hermano con una asignación “apropiada” procedente de la fortuna privada de la familia. En paralelo, la trayectoria de Andrés ha estado marcada por su rol como representante comercial del Gobierno británico desde 2001, una función que le permitía viajar y establecer relaciones internacionales. Diversas fuentes han señalado que el hermano de Carlos III utilizó su posición para mantener acuerdos con personas adineradas y cerrar tratos que podrían haberle reportado beneficios personales, circunstancia que ha reavivado las sospechas de posible corrupción. No obstante, el acceso a la documentación que podría esclarecer el origen de su patrimonio permanece vedado por decisión de distintos gobiernos.

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