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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 31/10/2025 19:12
Compartilo con El reciente desplazamiento de la directora de Inspección General de Concordia por orden del intendente Francisco Azcué, tras la clausura de un local gastronómico durante la veda electoral, ha desatado un intenso debate sobre el rol del Estado municipal y su relación con el sector privado. La medida, justificada por el jefe comunal como una señal para “acompañar al privado” y no “ponerle palos en la rueda”, se inscribe en una línea de pensamiento que resuena con las declaraciones del ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, quien recientemente pidió a la justicia “proteger al capital”. Este episodio no solo pone en tela de juicio la autonomía y el propósito de los organismos de control, sino que también refleja un cambio de paradigma en la gestión pública que parece alinearse con tendencias a nivel nacional. Concordia: un desplazamiento que expone el nuevo rumbo de la gestión estatal Una clausura, un decreto y una frase que resuena más allá de las fronteras de Concordia: “Estamos para acompañar al privado, no para ponerle palos en la rueda”. Con estas palabras, el intendente Francisco Azcué justificó el desplazamiento de la directora de Inspección General, una decisión que siguió al cierre de un local gastronómico por una presunta infracción a la veda electoral. El episodio, lejos de ser un mero trámite administrativo, ha encendido las alarmas sobre un posible nuevo alineamiento del Estado, donde la balanza parece inclinarse decididamente hacia los intereses del capital privado, en detrimento, quizás, de la función de control que le es inherente. La medida adoptada por Azcué, plasmada en el Decreto N° 1233/2025, se fundamentó en el “impacto generado por el procedimiento y de un supuesto exceso en la interpretación de la normativa vigente”. El propio intendente instruyó un sumario administrativo para determinar si existió responsabilidad funcional. Sin embargo, la celeridad del desplazamiento y el discurso que lo acompañó plantean interrogantes ineludibles: ¿es necesario apartar a una funcionaria para llevar a cabo una investigación sumaria sobre un procedimiento? ¿O se trata de un gesto político para enviar un mensaje claro al sector empresarial? La postura de Azcué no es un hecho aislado. Se alinea de manera casi perfecta con las recientes declaraciones del ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, quien instó al Poder Judicial a emitir “fallos responsables” que no solo protejan al trabajador, sino también “al capital, a los productores y a quienes generan empleo en la provincia”. Troncoso ha sido un crítico de la alta litigiosidad laboral en Entre Ríos, argumentando que encarece los costos para el sector privado. Esta sintonía entre el discurso municipal y el provincial sugiere una estrategia coordinada, un cambio de paradigma en la concepción del rol del Estado. Este nuevo enfoque da cuenta de un Estado que busca posicionarse como un “aliado del privado, de la inversión y del empleo”, en palabras del propio Azcué. Si bien la necesidad de fomentar la actividad económica es indiscutible, especialmente en una ciudad con altos índices de pobreza, la cuestión de fondo radica en el equilibrio. Los organismos de control, como la Dirección de Inspección General, tienen la función de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, protegiendo el interés público. Su accionar, aunque a veces pueda resultar incómodo para algunos sectores, es esencial para el correcto funcionamiento de la sociedad. La pregunta que surge es: ¿para qué sirven estos organismos si su accionar es puesto en tela de juicio y sus responsables desplazados ante la primera controversia con el poder económico? La gestión a favor del capital privado en Concordia quedó expuesta tras el desplazamiento de una funcionaria municipal. A nivel nacional, se observan posicionamientos similares. El gobierno actual ha expresado en reiteradas ocasiones su compromiso con la promoción de la inversión privada, a menudo acompañado de un discurso crítico hacia la “industria del juicio” y la carga impositiva. Voceros del poder económico han presionado por reformas, como la laboral, que flexibilicen las condiciones de contratación. Este contexto nacional parece dar un marco de legitimidad a las decisiones tomadas en Concordia y a las declaraciones del ministro Troncoso. El caso de la funcionaria desplazada en Concordia se convierte así en un catalizador de un debate más profundo sobre el modelo de Estado que se está construyendo. Un Estado que, en su afán por atraer inversiones, podría estar debilitando sus propios mecanismos de control y regulación. La investigación sumaria determinará si el procedimiento de clausura fue correcto o no. Sin embargo, la decisión política de desplazar a la funcionaria ya ha dejado una marca, una señal de los nuevos vientos que soplan en la gestión pública, donde la balanza de la justicia y el control parece buscar un nuevo, y para algunos, preocupante, equilibrio.
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