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» Nova Entre Rios
Fecha: 30/10/2025 14:45
El escándalo de la megaestafa con microcréditos truchos en Entre Ríos ha tomado un nuevo impulso, poniendo en jaque a la excúpula del gobierno provincial. La investigación, que ya reveló una trama que involucra más de 150 créditos irregulares que aparecen por día y una cifra multimillonaria de estafa, ahora apunta a la ex ministra de Acción Social, ex vicegobernadora y actual jefa del bloque de diputados del PJ, Laura Stratta . La clave de la nueva ofensiva judicial radica en el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Pese a la naturaleza fraudulenta de los préstamos, las resoluciones que los avalaban contaban con la firma de aprobación de los auditores del organismo de control. Ahora, frente al fiscal a cargo de la investigación, estos auditores habrían dado un descargo explosivo que compromete directamente a la figura política de mayor rango. Según trascendió de fuentes internas del TDC, los auditores de las áreas de Acción Social y Producción (donde operaban los créditos) que dependían del contador general de la provincia, alegaron que fueron «presionados» por la entonces ministra para que estamparan su firma en las resoluciones. «A ELLOS LOS LLAMABA, LOS HABRÍA LLAMADO LA MINISTRA EN ESE MOMENTO… LOS LLAMABA Y LES DECÍA QUE FIRMEN, LOS PRESIONABA PARA QUE FIRMEN Y ELLOS FIRMABAN», SERÍA PARTE DE LA CONTUNDENTE DECLARACIÓN QUE COMPROMETE A STRATTA, SEGÚN LA INFORMACIÓN QUE HA TRASCENDIDO DESDE EL TRIBUNAL DE CUENTAS. Según denuncian la ministra les pedía personalmente que aprobaran los decretos, resoluciones y contratos que hoy se comprueba eran falsos o irregulares, pidiendo que los «saquen urgente» dándole los nombres de los «beneficiarios» El rol de Stratta. Si se confirman estas acusaciones, la situación judicial de Laura Stratta se agravaría drásticamente, sugiriendo que la exfuncionaria no solo tenía conocimiento de las operatorias fraudulentas, sino que además habría ejercido presión indebida para que el control formal del Estado fuera eludido. El mecanismo de control interno de la provincia establece que cada área de gobierno (Ministerios, Entes, Organismos, Legislatura etc.) tiene un auditor del Tribunal de Cuentas asignado para fiscalizar continuamente la legalidad y legitimidad de los gastos y resoluciones. La firma de estos auditores es, en principio, el aval de que la operación cumple con la normativa. Al estampar su firma, estos auditores daban un viso de legalidad a lo que hoy se revela como una trama de corrupción. La defensa de los auditores se basa en la presión jerárquica, alegando que temían perder sus puestos de trabajo si se negaban a firmar. No obstante, las mismas fuentes reconocen que, legalmente, los auditores «tenían que cumplir con una función, su responsabilidad y la evadieron», ya que en el derecho administrativo y penal no existe la figura de «obediencia debida» para un funcionario con la obligación de control. El no observar un contrato irregular y la presión para firmarlo son los dos polos de la controversia que deberá dilucidar la Justicia. El vínculo con Pedro Gebhart y el ámbito de la estafa. Esta investigación judicial retoma la línea que ya había comprometido a la mano derecha de Stratta en el área de desarrollo de microemprendedores: el abogado y escribano Pedro Gebhart . Stratta fue quien designó a Gebhart al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor dentro del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Social, durante la gestión del exgobernador Gustavo Bordet. Era en esa área donde se gestaba la operatoria de los créditos que hoy son el centro del escándalo. La justicia ya tenía en la mira a Gebhart. Al igual que otros implicados de menor rango, el exfuncionario enfrentaba la posibilidad de un juicio abreviado, una señal de que las pruebas sobre su participación en la distribución irregular de fondos eran sólidas. Con las denuncias que comprometen a Stratta, el cerco se cierra no solo sobre el ejecutor directo, sino sobre quien habría sido la máxima responsable política de la maniobra. Consecuencias políticas y la expectativa en el Ministerio Público Fiscal. La filtración de esta información ha provocado una profunda «preocupación» entre los funcionarios del Tribunal de Cuentas y en todo el arco político de la provincia. La investigación ha logrado «romper el techo» de la causa. Inicialmente acotada a empleados y funcionarios intermedios, ahora apunta sin rodeos a la figura de mayor relevancia. Este tipo de hechos, sumados a otros escándalos como los subsidios truchos que golpearon a la gestión, fueron un factor determinante en la derrota electoral histórica del peronismo en Entre Ríos, con una diferencia de 17 puntos y una «terrible derrota en Paraná y Victoria», donde Stratta ejercía una fuerte influencia. La pelota ahora está en el campo del Ministerio Público Fiscal. La sociedad entrerriana se pregunta si la justicia optará por «ir para arriba» y sentar un precedente de peso en la lucha contra la corrupción, o si la causa se mantendrá en los escalones inferiores de la burocracia, dejando impune la presunta responsabilidad de la ex ministra, ex vicegobernadora y ahora diputada jefa de bloque del PJ. La decisión del fiscal será crucial para el futuro judicial y político de la provincia. Fuente: El Portal de Ricardo David.
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