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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 24/10/2025 12:50
Del 11 al 17 de noviembre será el juicio por jurados para decidir sobre la responsabilidad de los policías, Oscar Molina y Diego Ibalo, en el asesinato de Gabriel Gusmán. Así lo confirmó el abogado querellante, José Iparraguirre. Gusmán falleció cuando tenía 19 años, por un disparo en la cabeza que recibió desde atrás, en el marco de un conflicto con armas de fuego en el barrio Capibá, en el Sureste de Paraná. El crimen ocurrió el 25 de septiembre de 2018. El 10 de noviembre está prevista la selección de los jurados populares. El debate será entre el 11 y 17 de noviembre. Habrá 29 testigos citados, de los cuales 8 serán civiles convocados por cada parte. El abogado querellante observó que declararán funcionarios de la cúpula policial. Además habrá una inspección judicial en el barrio Capibá y se tomarán imágenes audiovisuales terrestres y con un drone. La herramienta informativa se producirá para facilitar el trabajo y entendimiento de los jurados populares. Molina e Ibalo enfrentan a una pena de prisión perpetua por el delito de Homicidio agravado por alevosía y por la situación de indefensión de la víctima. En una publicación de APF, el 26 de septiembre pasado, en el marco de una audiencia de admisión de prueba, se contó que Molina está sindicado como el autor del disparo mortal, en tanto que a Ibalo, que también disparó, se le imputa no haber impedido que su compañero descienda del móvil, pusiera rodilla en tierra, adoptara posición de disparo y disparara impactando en la nuca del joven que huía pero en ese instante había detenido la carrera. Un juicio impulsado por la querella, sin acusación pública El proceso se realiza sin la presencia del Ministerio Público Fiscal (MPF) impulsando la acusación. En este caso la lleva adelante la querella autónoma, en manos de José Iparraguirre, que logró que ante el desistimiento de los fiscales de acusar a los dos efectivos se disponga la conversión de la acción pública en privada. El querellante entiende que se está ante un caso de los denominados como gatillo fácil. Considera que ambos funcionarios dispararon en una situación que no lo ameritaba porque no corrían riesgos sus vidas ni las de terceros y el joven había desistido de huir. La defensa de los funcionarios policiales, a cargo de Daniel Rosatelli y Miguel Ángel Cullen, entiende lo contrario. Sostiene que sus asistidos obraron de acuerdo a las circunstancias y dentro de los parámetros que determinan las normas. Los defensores lamentaron el fatal desenlace y consideraron que ambos efectivos repelieron la agresión que sufrieron cuando llegaron a un convulsionado barrio Capibá como consecuencia de los enfrentamientos a balazos de dos facciones enemigas. Prueba de aquel contexto, según los defensores, son los audios de las llamadas de vecinos al 911 dando cuenta de la situación que motivó el arribo de los funcionarios.
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