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  • El Gobierno no se fía y avisa de que mantiene todas sus “líneas rojas” para estudiar la prórroga de Almaraz

    » Diario Cordoba

    Fecha: 23/10/2025 10:35

    Las grandes eléctricas trabajan a contrarreloj para presentar una solicitud formal al Gobierno para ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz y posponer su cierre hasta 2030. Iberdrola Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la central cacereña, se han embarcado en un sprint burocrático para tener lista la petición antes de fin de mes. Las tres energéticas se alinean ahora en un consenso de mínimos para salvar la central cacereña y parecen dispuestas a aparcar la exigencia previa de conseguir una rebaja de impuestos a las nucleares antes de solicitar la prórroga de la autorización de funcionamiento. Iberdrola y Endesa condicionaban hasta ahora la solicitud de ampliación de Almaraz a una reducción de la carga fiscal del sector, una exigencia que no planteaba Naturgy. Las compañías pretenden presentar la solicitud de retrasar el cierre de Almaraz y en principio queda pospuesta la exigencia de recorte de impuestos. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica no se fía y advierte de que mantiene sin cambios todas las “líneas rojas” establecidas para siquiera estudiar la petición de las eléctricas, especialmente la referente a que no implique trasladar costes extra a los clientes a través del recibo de luz o a los contribuyentes mediante reducciones de impuestos. El Ejecutivo esperará a recibir la solicitud formal de CNAT -la sociedad que formalmente es la propietaria de Almaraz y en la que están presentes Iberdrola, Endesa y Naturgy- para poder confirmar que el escenario que plantea no implica contrapartidas económicas ni rebajas de impuestos. Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que el pasado mayo mostró su disposición a estudiar una ampliación de la vida de todas las centrales nucleares si lo pedían las eléctricas propietarias -aunque en Moncloa no lo vean imprescindible para el país-, pero solo si la solicitud cumplía tres condiciones previas: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica; que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro eléctrico; y especialmente que no suponga un mayor coste para los consumidores ni para los contribuyentes. Unas condiciones previas que desde el Gobierno se avisa que no se moverán y que si no se cumplen no se abordará la prórroga de Almaraz ni de otras centrales nucleares. “El Gobierno ha planteado tres líneas rojas para estudiar una prórroga de cualquier central nuclear”, apuntan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen. “Hasta el momento las empresas han condicionado la petición de prórroga a una rebaja de las cargas fiscales que soportan las centrales lo que no cumpliría con las condiciones”, indican fuentes ministeriales, que apuestan por analizar la solicitud que finalmente presenten las compañías eléctricas y asegurarse de que efectivamente no incluye la propuesta de contrapartidas económicas adicionales. Revisar impuestos más adelante Las grandes eléctricas habían solicitado una reunión al máximo nivel con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para analizar cambios en el calendario de clausuras. Pero el Gobierno sólo les ha dado largas y no hay previsión concreta para la convocatoria del encuentro. En un principio, Iberdrola, Endesa y Naturgy se inclinaban por no adoptar medidas cruciales para la continuidad de la central de Almaraz hasta poder reunirse con la vicepresidenta y tener señales del Gobierno de que hay posibilidad real de revisar las fechas de clausura y de que se rebajaría la carga fiscal de las plantas. Sin embargo, las eléctricas ahora están dispuestas a pedir la ampliación de la vida de Almaraz y aplazar la exigencia de recorte de impuestos. Las dueñas de la central de momento parece que se conforman con la rebaja de la tasa autonómica prometida por la Junta de Extremadura para iniciar el proceso para salvar Almaraz del cierre, y dejar para más adelante la batalla para conseguir una reforma mayor de la carga fiscal a la que están sometidas las centrales nucleares españolas. El Ejecutivo extremeño ha prometido reducir de manera progresiva la tasa regional que paga Almaraz (actualmente más de 80 millones de euros cada año) para llegar a 2029 con una rebaja del 50%. Además, la Generalitat de la Comunidad Valenciana también ha anunciado la futura eliminación de la tasa que paga la central de Cofrentes. Las compañías eléctricas se agarran a ese pájaro en mano y aparcan la gran batalla para conseguir rebajar otros impuestos que pagan las centrales y que se había bloqueado por completo el inicio de una negociación con el Gobierno central para revisar el calendario de cierre de Almaraz y también otras centrales. Además de la rebaja de las tasas autonómicas comprometidas, las eléctricas cuentan con el recorte semiautomático de la tasa que pagan a la sociedad pública Enresa -encargada de gestionar los residuos radiactivos- si se amplía la vida de Almaraz y eventualmente de otras centrales. Las plantas abonan este gravamen en función de la electricidad que producen cada año y el cálculo de su cuantía se realiza en función del tiempo previsto de funcionamiento de las plantas. Así que si las centrales nucleares amplían su vida operativa y retrasan el cierre, el importe de la tasa bajaría de una manera casi directa. Tras la subida del 30% aprobada por el Gobierno a mediados del año pasado, la previsión del sector es que las centrales pagarán este año en torno a 600 millones de euros por la ‘tasa Enresa’. Las empresas también confían en una revisión en el futuro del impuesto al combustible nuclear gastado (por el que pagaron 290 millones el año pasado). Un tributo que fue creado por el Gobierno de Mariano Rajoy para reducir el gran agujero del déficit de tarifa del sistema eléctrico y que aún se mantiene, con lo que las nucleares financian de manera adicional los costes de todo el sistema. La deuda acumulada por el sistema eléctrico terminará de pagarse en 2028, y por eso las compañías dan por hecho que podría dejar de aplicarse entonces. Las eléctricas piden la eliminación de este impuesto o que la recaudación se destine a engordar el fondo que financiará el desmantelamiento de las centrales (que ahora cuenta con unos 9.000 millones de euros acumulados), lo que también permitiría reducir la tasa que pagan a Enresa las plantas específicamente para gestionar sus residuos nucleares y el futuro achatarramiento de los reactores. Las grandes eléctricas dan por hecho que todas estas vías para reducir la carga fiscal que asumen las centrales nucleares, en principio, no implicarían cargar más costes al sistema eléctrico y que no supondría trasladarlos ni a los consumidores ni a los contribuyentes. Y que, por tanto, cumplirían con la más delicada de las líneas rojas que ha marcado el Gobierno, la que exige que no haya sobrecostes para los clientes. Almaraz, ‘escudo antiapagón’ Las eléctricas han aprovechado el escenario de temor a que se produzca otro apagón eléctrico para subrayar la necesidad de mantener en funcionamiento la central de Almaraz para dar robustez al sistema eléctrico. Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico, alertó a Gobierno y Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de que en las últimas semanas se vienen registrando cambios bruscos de tensión en el sistema nacional y pidió la adopción de medidas urgentes para controlarlos y garantizar la seguridad de suministro eléctrico. La CNMC ha aprobado ya aplicar algunas de estas reformas urgentes del funcionamiento del sistema de manera temporal (al menos durante un mes y ampliable hasta tres) y estudiará más en profundidad otras propuestas de REE y el Gobierno para fortalecer aún más el control de la tensión. En este contexto de aplicación de reformas urgentes por temor a otro colapso energético, las grandes eléctricas subrayan la necesidad de mantener operativa la central de Almaraz y el resto del parque nuclear para asegurar que hay suficiente energía estable en el sistema eléctrico y darle así mayor estabilidad, especialmente en las regiones con una amplia presencia de plantas renovables, como es el caso de Extremadura.

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