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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 23/10/2025 08:54
Patricia Bullrich planea bajar la edad de imputabilidad a los 13 años El anuncio del Gobierno nacional de bajar la edad de punibilidad a los 13 años, bajo la llamada “teoría de la reacción temprana” (según la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en el streaming de Daniel Parisini) no es una política moderna ni una estrategia seria de prevención del delito. Es un retroceso jurídico, ético y político que amenaza con reinstalar una mirada punitiva sobre la niñez y la adolescencia, bajo el disfraz de la seguridad. La idea de que castigar antes evita que un adolescente “siga una carrera delictiva” es una vieja falacia que la evidencia científica ya desmintió. Cuanto antes entra un chico al sistema penal, más difícil es que salga de él. Está demostrado que el encierro no educa ni repara; endurece, etiqueta y destruye, aún cuando sea necesario materializarlo en casos graves. Además, la propuesta carece de cualquier sentido empírico cuando se la confronta con los datos recientes que el propio Gobierno y organismos oficiales han difundido. Argentina registró en 2024 una tasa de homicidios extremadamente baja para la región -reportada en 3,8% por cada 100.000 habitantes-, y los informes oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal y las bases judiciales muestran que los homicidios cometidos por personas menores de edad son casos marginales en términos absolutos. Sostener una reforma tan traumática del régimen penal adolescente sobre la base de una supuesta “epidemia” juvenil de homicidios no se sostiene; muy por el contrario, las cifras generales muestran que la violencia letal en Argentina está en niveles mucho más bajos que los que el discurso público hace creer. Si miramos la composición por edades entre los adolescentes imputados, la mayoría corresponde a las edades de 16 y 17 años (los punibles); los grupos más chicos o los no punibles (13 a 15 años) representan una fracción menor y los niños de 12 años o menos son prácticamente excepciones estadísticas en las causas penales. En los datos de la Base General de Datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para grandes jurisdicciones, por ejemplo, alrededor del 60% de los adolescentes involucrados tenía entre 16 y 17 años, un 38% entre 13 y 15, y apenas un 1,9% tenía 12 o menos. Eso confirma que el foco real -si la intención fuera reducir delitos graves- estaría en políticas dirigidas a los fines de la adolescencia tardía y no en criminalizar la niñez temprana. Del discurso de la ministra Bullrich -que celebra la baja de la tasa de homicidios a 3,8% en 2024 y anticipa que en 2025 será aún menor- se puede extraer, paradójicamente, el argumento más contundente en contra de bajar la edad de punibilidad; ergo, si la letalidad en el país está en retroceso sostenido y los homicidios juveniles son numéricamente marginales, la medida de criminalizar a los adolescentes no responde a una emergencia estadística que justifique tal quiebre de principios y obligaciones internacionales. Es decir, con una tasa nacional de homicidios que, según los mismos relatos oficiales, está entre las más bajas de la región, la respuesta no es expandir la punibilidad hacia la adolescencia; es invertir esa evidencia en políticas de prevención social y consolidación institucional. Por último, además de la inconsistencia empírica está la ilegalidad normativa, pues reducir la edad de punibilidad a 13 años entra en colisión con la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño y con la doctrina de la Corte Interamericana de derechos Humanos, que recomiendan edades mínimas no menores a 14 años y exigen que el sistema penal adolescente sea de excepcional intervención y esté orientado a la reintegración. Cambiar todo el paradigma del régimen juvenil sobre la base de una retórica de miedo no es solo mala política; es un incumplimiento de las obligaciones internacionales y una apuesta a la criminalización selectiva de la pobreza. La “reacción temprana” que necesita este país respecto de su niñez y adolescencia es social, no penal. Me refiero a familias que tengan las condiciones necesarias para poder alimentar a sus hijos e hijas, escuelas que contengan, programas integrales de salud mental, oferta cultural y deportiva, políticas territoriales de inclusión y medidas restaurativas que reparen daños y reconstruyan trayectorias de vida. Convertir a los niños en responsabilizados penales a los 13 años no reducirá homicidios ni mejorará la seguridad de las personas. Muy por el contrario, profundizará la exclusión y fabricará más víctimas y victimarios. El contraste entre la baja tasa de homicidios que el Gobierno celebra y la propuesta de castigar antes no solo es incongruente; es la demostración de que la baja de la edad penal carece de sustento estadístico, jurídico y ético.
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