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Parana » Informe Digital
Fecha: 23/10/2025 05:16
La acumulación de fallos adversos en distintos fueros federales –el último del Juzgado Federal número 2 de Catamarca– obligaron al Gobierno a frenar la motosierra sobre las pensiones por discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ratificó hoy que restituirá las más de cien mil pensiones por invalidez laboral qué ese juzgado había ordenado restituir en todo el país, lo que puede considerarse un triunfo de las organizaciones del colectivo, que lograron revertir el ajuste en el organismo que condujo Diego Spagnuolo hasta que saltó el escándalo de las coimas. El colectivo, además, volvió a movilizarse este miércoles, esta vez desde la Plaza del Congreso hasta el Ministerio de Salud, para exigir la implementación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso Nacional y que el Gobierno vetó no una sino dos veces, la segunda en una clara violación de la constitución nacional. La medida se tomó luego de que el juez federal Nº 2 de la provincia de Catamarca Guillermo Díaz Martínez le exigiera a la Agencia Nacional de Discapacidad restablecer las pensiones por discapacidad a aquellas personas a las que se las habían suspendido, luego de aceptar la cautelar que presentó la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), representada por Dalmacio Mera, el defensor del Pueblo. El fallo del juez había sido a favor de un grupo de beneficiarios en el marco de la causa “Defensor del Pueblo y otro c/ ANDIS s/ acción de amparo ley 16.986 con cautelar”. Además, el magistrado manifestó que éstos “son derechos de indudable naturaleza colectiva”, pero también “individuales”, afectados de manera común “por una norma inconstitucional” y por una ejecución “irregular” por parte de la Administración. El texto de la ANDIS establece expresamente que la norma debe “comunicarse, publicarse, darse a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y archivarse”, subsanando así una omisión formal de la resolución anterior. La Resolución 12.621, emitida el 24 de septiembre pasado, había dejado sin efecto las suspensiones de pensiones no contributivas por invalidez laboral de un grupo de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca en la causa “Defensor del Pueblo y otro c/ ANDIS s/ acción de amparo ley 16.986 con cautelar”. El interventor de la Agencia, Alejandro Alberto Vilches, firmó la nueva disposición, que también ordena su publicación inmediata y archivo. Con esta medida, el organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete busca dar cumplimiento pleno a las exigencias legales de transparencia y publicidad de los actos administrativos, en el marco de las facultades conferidas por el Decreto 698/2017 y sus modificatorias. En calle por la ley La comunidad de la discapacidad —familias, amigos, profesionales, instituciones, estudiantes, concurrentes, legisladores, personalidades de la cultura y organismos de derechos humanos— se movilizó este miércoles nuevamente para exigir que se aplique la ley de Emergencia. Más de ocho cuadras colmadas marcharon unidas en un clima de resistencia, lucha y convicción. “Porque sin actualización de aranceles, el sistema de prestaciones no se sostiene, y con ello se deteriora la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias”, dijeron desde el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad. “A esto se suman los miles de puestos de trabajo en riesgo, las instituciones que ya debieron cerrar, los transportistas que quedaron en el camino y los profesionales que se ven obligados a buscar otros empleos. Todo un sector que día a día enfrenta dificultades crecientes frente al abandono del Estado”, agregaron. La jornada culminó con el Himno Nacional Argentino, entonado por un pueblo que dijo basta al ajuste, la persecución y el hostigamiento. La movilización fue el cierre del cese involuntario de actividades realizado los días martes 21 y miércoles 22 de octubre, y tuvo su correlato en distintas provincias del país: Mendoza, Córdoba, Tucumán, Chubut, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis y Salta, entre otras. Esta acción fue decidida tras los hechos ocurridos el viernes 17 de octubre en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde personas con discapacidad, familias y prestadores fueron nuevamente objeto de maltrato y ausencia de respuestas concretas. A esta situación se suma la decisión administrativa del 24 de septiembre asignó 121 mil millones de pesos para la adecuación de aranceles del Sistema Único de Prestaciones. “Ante la falta de avances, el deterioro de las condiciones de atención y acompañamiento, y la asfixia financiera del sector, las organizaciones ya no pueden esperar más”, concluyeron.
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