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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 22/10/2025 17:27
El proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental que presentó el diputado entrerriano Atilio Benedetti genera debate en el Congreso Nacional. Organizaciones ambientales y la diputada Blanca Osuna advierten sobre riesgos para la salud y el medio ambiente, mientras sectores agroindustriales lo respaldan como marco regulatorio moderno. El 14 de octubre, las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano comenzaron a analizar la iniciativa. Benedetti sostuvo que busca “responder a una necesidad postergada, estableciendo protección a la salud y posibilitando la producción agropecuaria para vastas regiones del país”. Sin embargo, la propuesta generó críticas inmediatas de especialistas y legisladores. La diputada Blanca Osuna (Unión por la Patria) calificó la iniciativa como un proyecto que “no busca preservar la salud humana, es un traje a medida de quienes producen agroquímicos nocivos”. En su cuenta de X afirmó: “Mientras plantea ‘regulación’, habilita el uso de veneno en el aire, el suelo y cursos de agua, cerca de escuelas y viviendas”. Osuna también señaló que “ignora la evidencia científica y los fallos judiciales que ya advirtieron los riesgos y las consecuencias fatales” y solicitó la participación de médicos, científicos independientes y vecinos en las audiencias públicas. Asimismo, el sitio ERA Verde, especialista en la cobertura de temáticas ambientales en Entre Ríos, alertó que el proyecto 5621-D-2025 permitiría pulverizaciones con agroquímicos demasiado cercanas a zonas sensibles, y lo consideró un “marco legal tapón” que invisibiliza las fumigaciones ante la normativa ambiental y limita la trazabilidad y control fiscal de estas actividades. Según ERA Verde, la iniciativa de Benedetti reproduce problemas similares a los aprobados en la ley provincial de agroquímicos, generando un “triple impacto negativo”: sobre la salud, el medio ambiente y la fiscalización, y dejando a las fumigaciones fuera de las medidas de control previstas en la Ley General del Ambiente. Punto más polémico El artículo 9º del proyecto 5621-D-2025 establece distancias mínimas para pulverizaciones: 10 metros en aplicaciones terrestres o con drones y 45 metros en aéreas desde escuelas, viviendas y cursos de agua. Según críticos, esto hace que las fumigaciones sean “invisibles” ante la ley, sin trazabilidad ni control fiscal, generando un triple impacto negativo: sobre salud, ambiente y fiscalización. APOYOS DEL SECTOR PRODUCTIVO Y AGROINDUSTRIAL Ramiro Costa, como coordinador General de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA) explicó que dicho organismo “es un espacio de diálogo y de generación de consensos para encontrar soluciones a los problemas de la actividad”. “Los ochenta integrantes que componemos la Red tenemos muchas expectativas sobre el proyecto de ley y demuestra que la construcción pública-privada es posible”, remarcó. Desde la misma entidad, Nieves Pascuzzi, coordinadora Técnica de la RedBPA, detalló los hitos principales del proceso de trabajo en los acuerdos interinstitucionales de la Red para lograr los consensos necesarios y lograr acordar un proyecto unificado. Este año luego de varias reuniones con legisladores, que enriquecieron el proceso, llegamos a un texto mejorado tras casi once años de trabajo priorizando una mirada productiva-ambiental, consideramos que una norma en este sentido de base que genere condiciones claras y que tenga esta mirada es un avance para el sector productivo. En tanto, Eugenia Magnasco, RedBPA por CREA, hizo hincapié en porqué es necesario contar con una ley de presupuestos mínimos: Existe una preocupación en la sociedad por la aplicación de fitosanitarios, como así también las normativas municipales y provinciales son heterogéneas respecto de criterios, distancias y requisitos, muchas veces sin base científica. También, hay una creciente judicialización. Asimismo, existe una necesidad de compatibilizar las actividades productivas agropecuarias con la protección de la salud humana y del ambiente. Ramiro Cid, de la RedBPA representando a FEARCA y EX-INTA, precisó que el proyecto define varias zonas, como la zona sensible, que es aquella que no se puede hacer ningún tipo de aplicación agrícola, como pueblos, escuelas o zonas protegidas por ser parques nacionales o corrientes de agua; aledaño a esa, tenemos una zona de exclusión, donde no es posible hacer ningún tipo de aplicación; y, al margen de la zona de exclusión, de forma adyacente, está la zona de amortiguamiento, que al margen de requerir buenas prácticas, requiere además una serie más de requerimientos. Luego, Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de la provincia de Córdoba y como titular de la Comisión Federal Fitosanitaria, afirmó que “es necesaria una ley nacional que fije y armonice los objetivos, principios y procesos”. “Necesitamos un marco nacional de coordinación, no de uniformización, porque las provincias somos heterogéneas, ya que tenemos producciones, climas, realidades, poblaciones y organización territorial distintas”, manifestó. Al respecto, el funcionario cordobés instó que se identifique a los diferentes actores involucrados, como usuarios responsables, aplicadores, asesores fitosanitarios y expendedores. Además, que se instrumente la herramienta de la ley: la receta fitosanitaria, como así también que se instrumente los registros necesarios y que se contemple las sanciones a las faltas en los procesos, entre otras cuestiones. En contrapartida, Blanda consideró que “no es una ley de presupuestos mínimos, sino que se necesita una ley ordinaria que regule los aspectos generales y cotidianos de la vida social y económica”. El presidente de CONINAGRO, Lucas Magnano, subrayó que “es sumamente importante la presentación de un proyecto de estas características que le hace un gran aporte a los productores para tener previsibilidad y certezas”. “Necesitamos que desde el Congreso tengamos una ley que ordene, con claridad y de una plataforma para empezar a ver a Argentina de aquí hacia adelante en un sendero de incremento de producción”, analizó. El presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, ponderó que la ley tiene como finalidad “primero en la persona, segundo en el ambiente y luego aumentar la producción”.
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