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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 22/10/2025 04:51
Los cuatro reclusos se tratarían de personas con condenas previas por delitos graves A más de dos años de que ocurriera una toma de rehenes en el Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte I, el Tribunal Penal Colegiado N° 2 de Mendoza confirmó las condenas por diez años de prisión a los cuatro reclusos que habían liderado el ataque contra un docente y un guardia de seguridad. Luego de que se conociera la sentencia este martes, las autoridades explicaron que los años atribuidos se sumarán a las penas que ya cumplen los involucrados por otros delitos graves. Asimismo, destacaron que este fallo buscó reafirmar la autoridad del sistema penitenciario y enviar un mensaje contundente frente a la violencia intramuros. El episodio tuvo lugar alrededor de las 16:00 horas del 24 de mayo de 2023, durante una jornada educativa organizada en el Sector de Educación del Módulo 5 del penal. En ese contexto, los internos iniciaron una revuelta y retuvieron como rehenes a un docente de la Dirección General de Escuelas (DGE) y a un agente del Servicio Penitenciario. Según reconstruyó la investigación, los acusados habían optado por esta medida de fuerza, para lograr que un juez se hiciera presente en lugar y escuchara sus reclamos en materia de derechos humanos. No obstante, la intervención inmediata de personal especializado permitió controlar la situación y garantizar la seguridad de las dos víctimas. La sentencia se dio a conocer este martes (Gentileza: X, @PrensaJudicial) Los condenados, identificados como Omar Alexander Gómez Cortez, Ricardo Cortez Acosta, Pablo Morales Montenegro y Héctor Mercado López, ya presentan antecedentes penales de extrema gravedad. Además, habrían sido protagonistas de otros incidentes de menor calificación en el penal. En el caso de Omar Alexander Gómez Cortez, con más de 23 años en prisión, había sido sentenciado previamente por robo agravado, homicidio en grado de tentativa y evasión. De hecho, su historial incluye un crimen que derivó en la sanción de la Ley Petri, normativa que restringe beneficios para presos reincidentes. También es considerado como uno de los internos más peligrosos del sistema penal mendocino. Por su parte, Pablo Morales Montenegro cumple una condena de más de 24 años por robo agravado y otros delitos. En 2014, había protagonizado un intento de fuga disfrazado de mujer, hecho que lo hizo conocido dentro del penal. Además, registra antecedentes de violencia y evasión. De acuerdo con la información publicada por Los Andes, Héctor Mercado López enfrenta una condena total de 35 años por homicidio criminis causa y ya había participado en otra toma de rehenes dentro del mismo complejo. Su nombre se encuentra asociado a reiterados episodios de violencia ocurridos en el ámbito carcelario. En cuanto a Ricardo Cortez Acosta, fue condenado por homicidio cometido cuando era menor de edad y actualmente cumple una pena de 6 años y 6 meses. Su historial incluye antecedentes por robos agravados y participación en motines. Mendoza deberá pagar una multa millonaria por el crimen de un preso Un fallo judicial obligó al Estado de Mendoza a pagar ochenta millones de pesos como indemnización a la familia de un interno asesinado en el complejo penitenciario de Almafuerte. La sentencia, dictada por la jueza Fabiana Martinelli, atribuyó a las autoridades la falta de garantías mínimas de seguridad para el detenido, lo que derivó en el crimen. El fallo señaló que el Servicio Penitenciario incumplió con los derechos de los reclusos (crédito Imagen Ilustrativa Infobae) El hecho ocurrió el 15 de abril de 2022, cuando un recluso, tras consumir drogas dentro del penal junto a la víctima, lo golpeó y estranguló. La investigación determinó que ambos internos habían accedido a estupefacientes en el interior de la prisión antes del ataque. Según la resolución de la magistrada, la víctima perdió la vida mientras estaba bajo la custodia del Servicio Penitenciario, organismo que fue señalado por graves omisiones en la prevención de la agresión. “El uso de estupefacientes en contextos de encierro es habitual, y si el agresor ya presentaba una adicción previa, esa condición debió ser detectada al momento de su ingreso”, recriminó. De acuerdo con la información proporcionada por Jornada Online, Martinelli sostuvo que “esto lo convertía en un interno de riesgo, y esas señales fueron ignoradas por el personal médico y asistencial de la cárcel”. En este sentido, subrayó la falta de intervención adecuada por parte de las autoridades penitenciarias ante indicadores de vulnerabilidad y riesgo. La indemnización de ochenta millones de pesos será distribuida entre los familiares del recluso. Mientas que la madre recibirá cincuenta millones, sus dos hermanos percibirán quince millones cada uno. No obstante, el pago de esta compensación no será inmediato, ya que el Gobierno provincial aún tiene la posibilidad de apelar la decisión ante la Cámara Civil. Por último, la jueza también destacó que la seguridad estatal implica una doble función: no solo proteger a la sociedad frente al delito, sino también garantizar los derechos de los internos, recordando que el objetivo último del sistema penal es la reinserción social.
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