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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 22/10/2025 04:39
El informe del INECIP recopila y analiza datos de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales y federal para medir su capacidad de respuesta frente a los casos penales registrados durante 2023 (EFE/Juan Ignacio Roncoroni) El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó la actualización de su “Ranking de eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales (MPF)”, un estudio que analiza el desempeño de los organismos acusadores de todo el país y mide la proporción de causas penales que reciben una respuesta “con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad”. Según los datos oficiales recabados en el informe, ningún MPF superó el 20% de eficacia, mientras que en más del 80% de los casos ingresados no se registró una “respuesta de calidad”, tal como una condena, una suspensión de juicio a prueba o un acuerdo reparatorio, lo que para el organismo dio cuenta de que toda fiscalía “soluciona unos pocos casos y descarta a la mayoría”. El informe, que acumula datos correspondientes al 2023 en base a información oficial de los MPF provinciales y federal -y subsidiariamente de los Poderes Judiciales-, define la tasa básica de eficacia político-criminal como la relación entre el total de casos penales ingresados y las denominadas “salidas con incidencia político-criminal”. De acuerdo al instituto, esas salidas son aquellas que “imponen a una persona imputada algún tipo de responsabilidad (...) y consecuencia por su participación en el conflicto primario”, de modo que los sectores victimizados reciban “alguna compensación, en sentido amplio, por los daños sufridos”. El índice en cuestión se calcula, según el estudio, “dividiendo las salidas con incidencia político-criminal por la cantidad total de casos penales ingresados al Ministerio Público Fiscal durante el año”. Esas “salidas” comprenden tres categorías: condenas, suspensiones de juicio a prueba y acuerdos reparatorios, “entendiendo que en todos los casos se trata de respuestas capaces -aunque sea mínimamente- de incidir sobre el control de la criminalidad”. En su edición 2023, el ranking publicado este martes ubicó a los Ministerios Públicos de Chaco (16,66%), Jujuy (14,26%) y Neuquén (13,08%) entre los de mayor eficacia. Les siguieron Río Negro (12,09%) y Mendoza (11,96%). En el otro extremo, los MPF de San Luis (1,32%), Catamarca (1,83%) y La Rioja (1,94%) exhibieron los valores más bajos del listado. El Ministerio Público Fiscal de la Nación, en tanto, registró una tasa de 2,79%, mientras que Buenos Aires, la provincia con mayor volumen de expedientes, alcanzó un índice de 3,54%. Ningún distrito superó el 20% de respuesta efectiva o “de calidad”. Según el Ranking de eficacia político-criminal 2023, ninguna jurisdicción superó el 20% de eficacia en la resolución de causas penales. Chaco, Jujuy y Neuquén encabezan el listado, mientras que San Luis, Catamarca y La Rioja se ubican entre las de menor desempeño (Gentileza: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales - INECIP) “De todas las formas posibles de evaluar el desempeño de un Ministerio Público, decidimos comenzar por aquella más elemental, que mide una función muy básica de una fiscalía: gestionar los conflictos penales que recibe y darles algún tipo de respuesta positiva. En otras palabras, garantizar algún tipo de tutela para los intereses victimizados, para evitar que aquellos conflictos se resuelvan de formas aún más violentas“, explicó el documento de la entidad que comenzó sus actividades en 1989. El estudio precisa que la tasa de eficacia exhibe “algo que cualquier operador judicial sabía, pero cuya cuantificación no deja de ser poderosa: en todos los Ministerios Públicos, sin excepción, la enorme mayoría de los casos penales que ingresan quedan sin una respuesta de calidad“, ya que ”la mayoría de los casos penales no recibe ningún tipo de respuesta, ni siquiera una suspensión de juicio a prueba o una reparación, formal o informal, judicial o extrajudicial, en instancias estatales o no estatales“. “En otras palabras -señala el texto de la fundación-: una gran proporción de los casos que ingresan a las fiscalías y que son identificados como casos penales son formal o informalmente descartados, desechados, dejados sin respuesta, generalmente a través de archivos u otro tipo de salidas que no implican una respuesta sustancial al conflicto”. Y remata: “en los hechos, los casos sólo concluyen con una respuesta de calidad en una minoría de casos”. El ranking incluyó además un apartado sobre “opacidad” y transparencia institucional, donde se identificaron tres jurisdicciones sin acceso a datos públicos básicos: Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. Según el informe, esos Ministerios Públicos “no publican información, ni respondieron las solicitudes remitidas, ni siquiera en relación a los cuatro datos más elementales que permitirían medir la eficacia básica: ingresos, condenas, suspensiones de juicio a prueba y acuerdos reparatorios”. “La ausencia absoluta de datos sólo puede responder a un desinterés por evaluar su propio desempeño o, aún peor, a una eventual decisión política de ocultar deliberadamente esta información”, denunció el INECIP. “Esta falta de transparencia activa (no publicar) y pasiva (no responder pedidos de acceso a la información) es una grave violación al derecho a la información pública reconocido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”, afirmó al catalogar la situación como un “apagón informativo”. El Ranking de eficacia político-criminal que evalúa la actuación de los Ministerios Públicos Fiscales en todo el país en función de su capacidad para ofrecer respuestas judiciales efectivas (Gentileza: INECIP) Por otra parte, el documento puntualizó ciertos avances metodológicos en algunas jurisdicciones. En el caso del Ministerio Público Fiscal del Chaco, cuya sede implementó -durante 2023- un cambio “significativo en la forma de contabilizar las causas penales ingresadas, con el objetivo de mejorar la calidad y precisión de la información estadística”. Ese ajuste -informó la Oficina de Política Criminal chaqueña- consistió en contabilizar “como causas penales únicamente aquellas que, tras el análisis jurídico, son asignadas a los equipos fiscales por configurar, o presumirse que configuran, un delito”. El cambio redujo el número de causas reportadas “de aproximadamente 60 mil en 2022 a unas 25 mil en 2023” y permitió reflejar “con mayor fidelidad la realidad del trabajo fiscal”. El INECIP también mencionó las revisiones efectuadas por los MPF de Mendoza, Catamarca y Neuquén, que comenzaron a excluir del cómputo las denuncias que “no constituyen delitos” o “carecen de actuaciones que generen un interés mínimo de investigación”. No obstante, advirtió que, aun con esas mejoras, “resulta aún más preocupante que ningún MP logre superar el 20% de respuesta efectiva”. Según reiteró el informe, “más del 80% de los casos efectivamente penales están quedando sin ningún tipo de respuesta, una situación que, más allá de la cuestión estadística, es socialmente alarmante”. El estudio forma parte del proyecto de investigación “La eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales en Argentina”, dirigido por Alberto Binder, con coordinación de Julián Alfie y participación de Sofía Serrizuela. Este proyecto incluye diversos relevamientos realizados en 2019, 2021 y 2022, y desde 2022 desarrolla, como una de sus microinvestigaciones, el Ranking de eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales, actualizado ahora con información correspondiente a 2023. En ese marco, al realizar el análisis final, el instituto señaló: “A tres años de su inicio, el balance de esta micro-investigación es ambiguo. Por un lado, se ha logrado instalar en la discusión pública el rol político-criminal de los Ministerios Públicos y la necesidad de evaluar su desempeño. (...) Sin embargo, esos esfuerzos son todavía excepcionales”. Luego agregó: “La mayoría de los Ministerios Públicos sigue sin publicar, y a veces sin siquiera producir, datos básicos sobre su desempeño. De hecho, la mayoría de ellos no publica ningún tipo de dato. Tampoco cuentan con ningún tipo de planificación de su política de persecución penal, ni siquiera generales”. Y concluyó: “Es necesario que los MPF incorporen esta preocupación y asuman con seriedad el deber que tienen en el marco de un sistema democrático que les asigna funciones fundamentales, en un momento en donde el efectivo cumplimiento de la prohibición de autotutela puede correr riesgo ante la ineficacia de las fiscalías. Se trata, en última instancia, de contribuir a la pacificación y a la consolidación de las democracias en nuestro país”.
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