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Parana » Informe Digital
Fecha: 21/10/2025 10:48
Cuatro exfuncionarios de la empresa estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa), creada por el kirchnerismo, fueron condenados por fraude tras un juicio abreviado en el que admitieron su responsabilidad y aceptaron penas de entre dos años y dos años y medio de prisión en suspenso. Uno de los condenados intentó luego impugnar el acuerdo ante la Cámara de Casación, pero su recurso fue rechazado. La maniobra consistió en que uno de los funcionarios contrató a la empresa de su esposa para controlar refinerías de combustible. El fallo fue dictado por el juez federal Néstor Costabel, integrante del Tribunal Oral Federal N° 2, que homologó el juicio abreviado contra Claudio Miguel Fernández, Juan Carlos Teso, Alejandra Marcela Tagle y Rodrigo Maximiliano Palacios por defraudación por administración fraudulenta. En el mismo pronunciamiento se declaró la prescripción de la acción penal y se sobreseyó a Raúl Alberto Argañaraz, Ernesto Gabriel Mazzola y Juan Fernando Giovachini, quienes estaban acusados de violación de los deberes de funcionarios públicos, un delito con una escala penal menor. El acuerdo para el juicio abreviado se alcanzó entre las defensas y la fiscalía a cargo de Diego Luciani. Los acusados contrataron a P&D Control Group S.R.L. para la inspección de plantas refinadoras, pero se comprobó que la firma había sido constituida por Paula Gabriela Merlo, esposa de Claudio Miguel Fernández. El concurso privado de precios COMB. 03/2010 culminó con la adjudicación, considerada arbitraria, a P&D Control Group S.R.L. por $1.080.000 del año 2010, monto que excedió las condiciones de contratación y eludió el proceso competitivo. El principal imputado en la causa fue el extitular de ENARSA, Exequiel Espinosa, quien falleció el 30 de septiembre del año pasado por una afección pulmonar en una clínica de Córdoba donde estaba internado. Espinoza era en aquel momento un hombre de confianza de Julio De Vido, el entonces poderoso ministro de Planificación de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La acusación se centró en maniobras irregulares durante el proceso de contratación efectuado por Enarsa en 2010. La Fiscalía sostuvo que varios funcionarios se interesaron directamente en la adjudicación del servicio de inspección de plantas refinadoras a P&D Control Group S.R.L., y acreditó que Claudio Miguel Fernández intervino en la contratación de una empresa constituida por su esposa, Paula Gabriela Merlo. En su sentencia, el juez Costabel condenó a Fernández a dos años y seis meses de prisión en suspenso y al resto de los condenados —Tagle, Teso y Palacios— a dos años de prisión en suspenso, al considerarlos coautores de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El tribunal concluyó que actuaron de manera coordinada desde el interior de ENARSA para concretar la contratación irregular. Si bien se tuvieron en cuenta como agravantes la calidad de funcionarios públicos y el nivel educativo de los acusados, se aplicó la ejecución condicional de las penas por carecer de antecedentes penales condenatorios. Durante el plazo de la condena, se les impuso la obligación de fijar residencia y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Aunque Rodrigo Maximiliano Palacios había aceptado y ratificado el acuerdo de juicio abreviado, luego desconoció sus términos y buscó recurrir la sentencia en Casación; ese recurso fue finalmente denegado por el juez Costabel. (Fuente: La Nación)
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