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  • El gobierno busca aggiornar la Ley de gestión ambiental de actividades económicas

    Parana » AIM Digital

    Fecha: 20/10/2025 17:14

    Ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Gestión Ambiental de Actividades Económicas, “que tiene por objeto establecer un nuevo marco normativo, claro y unificado, en consonancia con las necesidades de los tiempos que corren y que promueva la simplificación y desburocratización de los trámites que se deben realizar ante la autoridad ambiental provincial”, confirmó AIM. El texto tomará estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara Baja. La iniciativa “representa un paso importante hacia la modernización de la gestión ambiental provincial, asegurando que el desarrollo económico se realice de manera sostenible y con la participación activa de la comunidad”, se argumentó en los fundamentos del proyecto. El proyecto del Ejecutivo, “pone en el centro de la gestión ambiental de las actividades económicas y productivas la noción de ‘democracia ambiental’, entendida como el derecho de los ciudadanos a involucrarse en la toma de decisiones que afecten a su entorno, sobre todo cuando se trata de proyectos de alto impacto”, se explicó. Además, propone una actualización de la normativa, conforme a los actuales paradigmas de tutela ambiental y de derechos humanos: “De este modo, se plantea la derogación de la Ley N° 6260 de Prevención y Control de la Contaminación por parte de las Industrias, sancionada en 1978. Además, se toma como base y se mejoran las previsiones contempladas en el Decreto N° 4977/09 GOB, a través del cual se aprobó la reglamentación de la Evaluación de Impacto Ambiental, buscando así dar un salto de calidad normativa”. Por otro lado, se destaca la creación del Certificado Único Ambiental (CUA) que facilitará el proceso administrativo, reemplazando múltiples certificados existentes, buscando mejorar la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios, promoviendo la innovación y el uso responsable de los recursos, a la par de que se sostiene un compromiso institucional con la participación pública. También, “responde a una necesidad de sintonizar el desarrollo económico con los principios de la sostenibilidad y la equidad intergeneracional, lo cual ha sido una demanda tanto a nivel nacional como internacional”.

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